Los vecinos de El Mirador de Torrejón están en pie de guerra contra la constructora de sus viviendas. Un total de 38 familias denuncian que, después de terminar sus contratos de alquiler con opción a compra, la constructora quiere aplicar una ley obsoleta del año 2005, que multiplica el precio inicial de la vivienda. Un coste final inasumible para muchos vecinos. Por su parte, la constructora les considera okupas, porque no pagan alquiler desde hace dos años y aseguran que están aplicando la ley. 

Esta situación comenzó en el año 2015, cuando varias familias comenzaron a vivir en estas viviendas de protección oficial con opción a compra. Cuando se terminó el contrato de alquiler en octubre de 2022, desde la constructora Avintia y la promotora Consertum, les dijeron que tenían que comprar las casas o marcharse. Al ver los precios que pedían, muchas familias no los podían asumir y no tenían otra casa a la que ir. 

Una vecina afectada explica en conversación telefónica a Madrid Total que comenzó a vivir El Mirador de Torrejón en 2015: "Al ser pisos de protección oficial tenían un alquiler muy asequible. Todos los que llegamos a la urbanización vimos que era una buena oportunidad, sobre todo para las familias con hijos. Fue algo comentamos entre los vecinos".

"Las cosas raras empezaron a los cinco años, cuando algunas familias dijeron a la constructora que querían comprar las viviendas, porque estaban muy contentos. Les dijeron que no era posible, que debían esperar a que pasaran los siete años de contrato para poder tener opción a comprar", explica esta vecina. 

El contrato de alquiler terminó en 2022, como estaba estipulado en el contrato. Fue en ese momento cuando la constructora quiso aplicar "condiciones de una ley que está derogada": "Quieren regirse por un decreto del año 2005 que está obsoleto para poder multiplicar el precio de la vivienda, aplicando un índice corrector del 2 % sobre el precio de tasación de la Comunidad de Madrid. La legislación vigente es un Decreto del año 2009, por la que ha de regirse la tasa de ese índice corrector en un 1.3 % sobre el precio de dicha tasación".

Un 0,7 % que incrementa el precio de las viviendas en torno a "80.000 euros en pisos de 2 dormitorios, y a 120.000 euros en pisos de 4 dormitorios", tal y como explica esta vecina. Para los inquilinos se trata de una clara intención de "aplicar un Decreto anulado para poder lucrarse a costa de las familias inmersas en este proceso". 

En un escrito, los vecinos dicen sentirse estafados, pero no solo por la aplicación del Decreto obsoleto de 2005: "Observamos que, además de hacernos pagar la Comunidad y el IBI correspondiente de cada vivienda, nos estaban aplicando el IVA a dichos impuestos, concretamente de un 21%, incrementando notoriamente la cuantía del alquiler. Esto está anulado por sentencia del tribunal constitucional, creando la correspondiente jurisprudencia". 

Además, en dicho documento los vecinos se quejan de que les tratan como "okupas" y, desde Avintia-Consertum quieren "acelerar" el proceso de lanzamiento para poder vender las viviendas "antes de que se celebre el correspondiente juicio".

Para concluir, los vecinos de El Mirador de Torrejón añaden que siempre han actuado "de buena fe": "Siempre hemos querido pagar nuestros correspondientes alquileres, incluso se pidió una cuenta consigna en el juzgado para depositarlo ahí, negándonos en todo momento este hecho". 

"Sentencias favorables"

Desde el departamento de comunicación de Consertum, indican que llevan más de "de dos años sin disponer de las viviendas" sin tener "ningún planteamiento de acuerdo" por parte de los abogados de los inquilinos. Al parecer, sólo "una vez interpuestas las demandas se ha podido mantener una reunión muy recientemente". 

Desde Consertum indican que tan solo están "aplicando la ley" y que todas las sentencias les han sido "favorables". Además, estas fuentes apuntan a que se ha alegado "la vulnerabilidad de los desahuciados solo cuando se ha señalado la fecha de los lanzamientos por los juzgados, pero las administraciones y juzgados no están aceptando estas solicitudes".

"Las tres demandas colectivas presentadas por la abogada en relación con el precio máximo de venta han sido directamente archivadas, se han inadmitido en todos los juzgados. La última ha sido el pasado mes de marzo de 2024. Desconocemos si hay otra en marcha, en las bases informáticas de los juzgados no consta ninguna, la realidad es que solo constan estas 3 archivadas", esgrimen desde Consertum.

Concluyen explicando que "de las 114 viviendas ya se han escriturado más de 70": "Otras personas no han ejecutado la opción de compra, abandonado las viviendas, conscientes del modelo jurídico de este proyecto de alquiler con opción a compra que implica, el cual pasados 7 años, requiere tomar la decisión de compra con unas condiciones de compra ventajosas".