El pasado diciembre, la Guardia Civil puso en marcha una macrooperación contra las casas ilegales en Mejorada del Campo. Los agentes detectaron 67 viviendas construidas en la zona protegida de El Balcón. La cifra puede sorprender, pero solo es una pequeña muestra de una realidad que se lleva cocinando mucho tiempo y que ha sobrepasado por completo al Ayuntamiento.

Las viviendas ilegales son algo habitual en muchos municipios de Madrid, pero Mejorada del Campo es la joya de la corona en este aspecto. El urbanismo ilegal ha llegado a tal punto que se han creado tres urbanizaciones fuera de ordenamiento: El Balcón, El Tallar y Villaflores. "Hablamos de un desarrollo urbanístico irregular de más de 40 años", explica un portavoz del Ayuntamiento de Mejorada. El resultado: "Más de 1.000 viviendas ilegales" que ocupan cerca del 12% del municipio.

"Son construcciones grandes, unifamiliares con parcelas de muchos metros. En un espacio donde en el municipio a lo mejor vivirían seis, siete u ocho personas, allí pueden vivir dos o tres". Una primera versión de este reportaje afirmaba que la superficie ocupada por viviendas ilegales era el 25%, cifra facilitada por el citado portavoz. Posteriormente, el Ayuntamiento ha corregido esta cifra al 12%.  

"Es un problema que arranca de los años 80", cuenta la citada fuente. Entonces, ¿por qué llega ahora esta macrooperación de la Benemérita? "La Guardia Civil ha trabajado en esa zona desde el año 2002. Te lo constato, porque yo ya estaba en esos tiempos", explica Francisco Javier Díaz Martín, brigada de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil y uno de los máximos responsables del último operativo.

"Valoramos hacer una operación más compleja porque lo que habíamos hecho antes, desde el punto de vista Guardia Civil, no había remediado ese crecimiento que hemos observado", narra el brigada. La Guardia Civil venía haciendo 10 o 15 operaciones al año contra el urbanismo ilegal de Mejorada, pero el problema se sigue extendiendo.

"Buscábamos la disuasión, en la medida que la ley nos lo pueda permitir. No podemos ir con megáfono diciendo: 'Soy la Guardia Civil, aquí no se puede construir'. Entonces buscamos descubrir, poner de manifiesto ante un juez que están cometiendo delitos, pero de una forma muy práctica".

Por eso, en la llamada 'Operación Cimientos' participaron del orden de 70 agentes en dos fases. "Al final hicimos 67 inspecciones donde descubrimos que había 67 delitos. Incluso descubrimos una plantación de marihuana".

Un alcalde y un concejal condenados

"Esas construcciones se vienen produciendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, nos consta que incluso la Fiscalía, Urbanismo e incluso el Ayuntamiento han realizado actuaciones al objeto de evitar que se vayan produciendo nuevas construcciones", prosigue el brigada Díaz.

Pese a los esfuerzos de las autoridades policiales y judiciales, la construcción no se ha detenido. "La Guardia Civil de Mejorada del Campo considera que parte de ese crecimiento es por la llegada de vecinos nuevos procedentes de otras zonas, donde podemos decir que pueden ser marginales o zonas de mayor presencia de delincuencia como, por ejemplo, la Cañada Real Madrid".

Tras 40 años de construcciones ilegales, ¿ha habido una negligencia por parte del Ayuntamiento? "Bueno, sí. Por parte de gobiernos municipales y autonómicos. Bueno, que no se ha podido solucionar o no se ha podido paralizar. No quiero decir esa palabra pero entiendo tu razonamiento. Es más, un alcalde y un concejal de urbanismo fueron condenados por prevaricación omisiva por una sentencia de derribo de 12 viviendas, hace ya más de 12 años. No se ejecutó esa sentencia y fueron condenados a tres años de cárcel", explica el portavoz del Ayuntamiento.

Los vecinos que construyen estas casas se saben impunes y por eso, hay incluso vecinos que han optado por pasar a mejor vida construyendo un chalé fuera de ordenación. "Ha habido gente del municipio que ha vendido su piso, ha comprado allí una parcela y ha hecho una construcción que le ha costado, de manera irregular, menos de lo que valía su piso". Un chalé con jardín a menor precio que un piso. ¿Quién se puede resistir?

¿Qué va a pasar?

La solución no es sencilla. Estos delitos urbanísticos prescriben pasados los cinco años y las casas se quedan en un limbo legal. "Se queda en una situación que se llama fuera de ordenación", explica el brigada Díaz.

"Es cierto que cuando hay una construcción que ha pasado más de cuatro años, se la considera fuera de ordenación. El Código Penal establece que una vez que ha prescrito el delito, que debe decidirlo la autoridad judicial, no se puede trabajar sobre la comisión del delito, pero sí es cierto que cualquier modificación de esa construcción inicial conlleva a que se vuelva a cometer el delito".

Por parte del Ayuntamiento, "el Gobierno municipal está implicado en buscar una solución y en regularizar, en la medida de lo posible, todo lo que sea posible. Desde que está este gobierno municipal, que ya son ocho años, ha habido muchas reuniones con la Comunidad de Madrid y ha solicitado una ley especial", asegura el portavoz.

El jefe del operativo del último operativo de la Guardia Civil, en cambio, ve complicado que se lleguen a "regularizar" estas viviendas. "Yo creo que están en una situación alegal, pero no diría que lleguen a regularizarse como legales. Date cuenta que forma parte de un complejo urbanístico donde la urbanización de por sí no es legal. Entonces no creo que se produjera la regularización de una casa dentro de una organización que no es legal".