La propietaria N. está considerada en la plataforma Airbnb como una "superanfitrión". En estos momentos, tiene colgada en la plataforma un único anuncio, el de su piso en un edificio de la calle Relatores, en pleno centro de Madrid. La vivienda en alquiler cuenta con una valoración casi inmejorable, rozando una media de cinco estrellas tras más de 225 evaluaciones de los usuarios. 

En la descripción, la anfitriona avisa de que se trata de un cuarto piso sin ascensor, "cerca de todas las opciones de ocio y turismo" y con una "preciosa terraza ajardinada". La propietaria del alojamiento, sin embargo, atraviesa desde 2023 una serie de contratiempos administrativos.

La Agencia de Actividades, el organismo autónomo de Cibeles responsable de tramitar los procedimientos de licencia y las declaraciones responsables, dictó el pasado abril el "cese inmediato" de la actividad de vivienda de uso turístico "al carecer la misma de la perceptiva licencia". El caso está ahora en los tribunales. Así se recoge en la documentación del expediente a la que ha accedido Madrid Total y que sigue los pasos del caso. 

A día de hoy, tampoco consta en el sistema municipal de Consulta de licencias y expedientes urbanísticos (CONEX) ninguna licencia otorgada al 4B de Relatores 8, el inmueble que N. oferta en el famoso portal de alquileres turísticos. Sí que aparecen, sin embargo, la licencia de funcionamiento que se le ha concedido recientemente a la titular del Bajo A del mismo edificio.

Fuentes cercanas a esta última propietaria explican que, en los últimos años, el Bajo A se ha gastado una "importante cantidad de dinero" para adecuar la vivienda a las "exigencias de la Agencia de Actividades". Por ejemplo, siguiendo la normativa vigente, la dueña del bajo hizo obras para abrir un acceso independiente para que los turistas no tengan que entrar al edificio por la misma puerta que los residentes. De hecho, sostienen que N. les ha hecho "competencia desleal" y que la situación ha desatado una "tensión vecinal" en el bloque. 

Este diario intentó contactar con N. en las últimas horas de la tarde de este viernes para conocer su versión actual de los hechos. Se la envío varios mensajes a través de las redes sociales y también en Airbnb, donde sí leyó la petición. A cierre de esta edición, la dueña no ha respondido a la solicitud. 

El acceso independiente de la 'ley Carmena'

La calle Relatores se encuentra en el barrio de Embajadores, en el distrito Centro, y conecta la calle Atocha con la Plaza de Tirso de Molina. En apenas unos minutos a pie, cualquiera de sus inquilinos puede plantarse en la Puerta del Sol o en la Plaza Mayor. Además del 4B y del bajo A, la construcción alberga otras 14 viviendas repartidas en sus cinco plantas. 

La propia Agencia de Actividades ya señaló en octubre de 2022 que la "actividad de la vivienda de uso turístico" del piso de N. "no es legalizable". Cabe recordar que en la capital siguen en pie las obligaciones urbanísticas sobre las viviendas de uso turístico (VUT) aprobadas por el Gobierno de Manuela Carmena en 2019. De esta forma, siguen sin ser legales aquellos pisos destinados al alquiler turístico que no tengan un acceso directo e independiente a la calle. 

El Consistorio de Martínez-Almeida prepara una nueva normativa para el sector. Todo ello porque consideran que el plan de hospedaje de 2019 es un "fracaso" que ha trasladado a la "ilegalidad a la gran mayoría" de las viviendas de uso turístico, sin "darle un encaje normativo". De hecho, calcula que en torno a los 13.000 que hay en la capital, sólo unas 750 tienen licencia.

El caso de Relatores 8 ha llegado a oídos del Grupo Municipal Más Madrid. Para Álvaro Fernández Heredia, concejal y portavoz de su grupo en la comisión de Urbanismo, la situación de este piso es "solo un ejemplo de que las VUT operan sin control" en la ciudad.

El edil carga directamente contra la capacidad inspeccionadora y sancionadora del Ayuntamiento. Según Heredia, sólo se confirmó en 2022 que operaban en la ilegalidad 1.200 pisos turísticos, de los cuales se inspeccionó 286, se ordenó el cierre de 150 y se ejecutó la clausura de 12. Es decir, sólo se acabó cerrando "el 1%". 

"No cumplir la norma no solo sale gratis, es que es un gran negocio, porque esas viviendas siguen operando y turistificando nuestros barrios en la total impunidad, al tiempo que son una competencia desleal para los que sí cumplen las normas", lamenta.

Visitas policiales, orden de cese, multa...

Durante los primeros meses del año pasado, el piso de la 'superanfitriona' recibió al menos dos visitas distintas de la Policía Municipal. Los agentes acudieron al inmueble, precisamente, para atender a las alertas de que la vivienda estaba funcionando supuestamente sin licencia y para pedir explicaciones a los responsables. 

El pasado 21 de abril, la Agencia de Actividades ordenó la "clausura y cese inmediato" del negocio. N. alegó a través de su representante legal y pidió la suspensión de la orden. Pero no hubo manera: el organismo municipal desestimó esta intentona, que se presentó un día fuera de plazo. La administración local también impuso a la propietaria una multa coercitiva. 

La mujer respondió de nuevo hace unos meses para defenderse. Esta vez, con una denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid en los tribunales de lo contencioso-administrativo, donde la defensa ha solicitado cautelares. El recurso ha sido admitido y el proceso, por tanto, se sigue alargando, sin que se haya ejecutado por ahora la orden de cese y clausura ordenada por la Agencia de Actividades.

Fuentes del TSJM detallan a este periódico que el Juzgado acaba de remitir al Consistorio la demanda para que la contesten y, lo más probable, es que no haya más novedades judiciales en las próximas semanas. 

['Marco', el rey de Airbnb en Madrid: 'controla' 260 pisos y es más que una persona]

La vivienda de Relatores sí que figura en el Registro de Empresas Turísticas de la Comunidad de Madrid y cuenta también con una declaración responsable emitida por la región. Pero la documentación del expediente consultada por este diario, la Agencia insiste en que "no se ha localizado ningún título habilitante que ampare el ejercicio de la actividad de alojamiento turístico". 

En su recurso judicial, la defensa de la dueña asegura que "no ha existido incumplimiento, base y fundamento fáctico necesario para que puedan adoptarse medidas de ejecución forzosa". El abogado también argumenta que en el expediente municipal sobre el caso no queda lo suficientemente acreditado que se llegara a ejercer la actividad. 

Este viernes, el anuncio de N. en Airbnb sí que estaba en activo y ofrecía la posibilidad de reservar un estacionamiento de 3 noches como mínimo.