Exteriores del aeropuerto de Luton en Londres. Jaggaer/EP
Aena, afectada por los laudos de las renovables: Reino Unido embarga su participación en el aeropuerto de Luton
La compañía asegura que la decisión no le ha sido notificada oficialmente y anuncia que defenderá sus intereses como "jurídicamente proceda".
4 agosto, 2024 10:11Las consecuencias de las condenas a España por los recortes a las primas de las renovables tienen un nuevo afectado: Aena. La compañía española ha informado de que, en el marco de un laudo favorable a Nextera, la justicia de Reino Unido ha adoptado medidas cautelares sobre la participación que el gestor aeroportuario español tiene en las sociedades del aeropuerto londinense de Luton.
En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Aena, que está controlada al 51% por una empresa pública Enaire, explica que no ha recibido comunicación oficial de la imposición de estas medidas, sino que ha sido informada de ellas por los representantes del Reino de España en este proceso.
"Aena, que no es parte en ese proceso judicial de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, no ha sido notificada de la adopción de las medidas cautelares", incide el gestor aeroportuario en el hecho relevante remitido al regulador español en la noche del sábado.
No obstante, Aena subraya que, tan pronto como le sea notificada la decisión, llevará a cabo las "comprobaciones pertinentes" para determinar el alcance y las consecuencias de esas medidas "y, en todo caso, defenderá los intereses de Aena, sus filiales y sus accionistas del modo que jurídicamente proceda".
El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, condenó en septiembre de 2019 a España a pagar 290,6 millones a NextEra Energy Global Holdings y NextEra Energy Spain por los recortes del Gobierno de nuestro país a las primas renovables.
Según explica Aena en su hecho relevante, en el proceso judicial que se está celebrando en Reino Unido para el reconocimiento y ejecución de dicho laudo, los abogados de los demandantes informaron a los representantes de España de que el juez había decidido adoptar medidas cautelares que afectaban a la compañía.
En concreto, apunta que se ha acordado una medida provisional (interim charging orders) sobre el "beneficial interest" que los abogados de los demandantes atribuyen al Reino de España sobre el 26,01% en las acciones de la sociedad London Luton Airport Holdings III Limited y sus filiales.
Un aerogenerador eólico marino.
Además, añade que también se han adoptado medidas similares en relación con los terrenos en los que una de las filiales aparece como titular registral y que incluyen varias propiedades que forman el Aeropuerto de Londres Luton.
El gestor aeroportuario incide en el comunicado remitido a la CNMV de que dicha decisión de la justicia de Reino Unido se dictó el pasado 11 de julio "sin audiencia del Reino de España y sin participación de Aena".
Golpe a las renovables
El embargo dictado por la justicia británica al derecho de usufructo de Aena sobre el aeropuerto de Luton supone un nuevo golpe a España por los impagos a las renovables, según explican fuentes del sector renovable a EL ESPAÑOL-Invertia.
A lo largo de los últimos años, España ha acumulado una deuda de 1.560 millones con las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables. A esta cifra hay que sumarle 310 millones adicionales en concepto de condenas en costas o intereses de demora.
Ante los impagos reiterados del Reino de España, los tribunales británicos han autorizado esta medida compensatoria en relación con el laudo que obliga a España a indemnizar a la compañía estadounidense NextEra. Sin embargo. Aena no es la primera empresa o institución que se ve impactada por decisiones judiciales relacionadas con los laudos de las renovables.
Recientemente, la justicia belga embargó más de 80 millones de euros a Enaire debido a los impagos de las renovables. Con anterioridad, los tribunales británicos han embargado edificios y cuentas de banco de distintos entes públicos del Reino de España.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
En concreto, la sede londinense de Instituto Cervantes, las oficinas de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, el derecho de cobro de la indemnización del Prestige (900 millones de euros) y cuatro cuentas bancarias.
La Corte Suprema de Australia también ha dado la razón a los acreedores, permitiendo futuros embargos. Por su parte, la justicia estadounidense está analizando la misma situación y se pronunciará en breve. A todo ello hay que sumarle la sombra del default técnico que afecta, al menos, a cuatro títulos de deuda.
Salida negociada
Ante este escenario, las fuentes remarcan que los afectados piden al gobierno español que "ponga fin a esta embarazosa situación" y reclaman a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una salida negociada a esta controversia.
Las empresas que están sufriendo estos impagos recuerdan que la titular del ministerio tiene encima de la mesa una propuesta de resolución que permitiría poner fin a los litigios e incluso reinvertir parte de las indemnizaciones en la economía española. Los acreedores recalcan que, en caso de mantenerse la situación de impago, los embargos seguirán yendo a más.
