Parques de energía eólica y solar.
Los inversores del laudo Antin presionan a Reino Unido para evitar que España eluda su deuda por las renovables
Solicitan a la Corte de Apelaciones que imponga al Reino de España un pago provisional de 120 millones para seguir con sus recursos.
26 enero, 2024 02:00Los inversores del laudo Antin presionan a la justicia de Reino Unido para que España pague su deuda por el recorte de las primas renovables. Los abogados de Centerbridge —que compraron en 2017 al fondo francés Antin su laudo arbitral millonario contra el país— han solicitado al Tribunal de Apelación británico que ordene al Reino de España el pago por adelantado de los 120 millones euros que debe para poder continuar con sus apelaciones.
El Tribunal Superior de Londres desestimó en mayo de 2023 los argumentos de España apoyados en su "inmunidad soberana" en la jurisdicción inglesa y en que una reciente jurisprudencia de la Unión Europea revocaba sus obligaciones adquiridas bajo el convenio internacional de arbitraje del CIADI de 1966 y el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) de 1994.
El dictamen, que fue recurrido por España ante el Tribunal de Apelaciones, validaba la orden de registro firmada el 29 de junio de 2021 por Sara Cockerill del llamado laudo Antin, emitido en 2018 por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), institución dependiente del Banco Mundial.
El Tribunal Superior británico concedió el verano pasado a los inversores del laudo una orden provisional de embargo del Instituto Español en Londres por el impago del laudo. El Gobierno español disponía de un periodo de dos meses para pedir la anulación de esta orden cautelar.
Ahora, los abogados de Centerbridge han solicitado a la Corte de Apelaciones que obligue al país a realizar un pago provisional al tribunal antes de poder continuar con sus recursos. Aseguran que España no tiene intención de pagar, aún cuando haya agotado todas sus opciones en la vía legal.
Laudos renovables
Tras el anuncio de incentivos por parte de España para los inversores en energías renovables en 2007, el grupo Antin llevó a cabo una inversión millonaria para la construcción de dos parques fotovoltaicos en Granada. Sin embargo, el Gobierno español eliminó retroactivamente dichos incentivos entre 2012 y 2014.
El grupo Antín vendió en 2017 el laudo contra España a Centerbridge y se desvinculó por completo del caso. En 2019, el Gobierno promulgó un decreto ley que otrogaba a los parques afectados por el recorte de primas una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta el 31 de diciembre de 2031, pero no convenció a los inversores de este laudo.
Según una última edición del estudio anual que elabora la consultora del profesor Nikos Lavranos, España está, junto con Venezuela, la primera en el ránking por número de laudos pendientes de pagar.
El informe indica que la suma total de los laudos aún no abonados por parte de España se ha casi duplicado, ascendiendo a un mínimo de 1.200 millones de euros (sin incluir tasas de interés, honorarios legales y costos de arbitraje que España también está obligada a sufragar).
Adicionalmente, España ha incurrido en tipos de interés y honorarios legales por un total de 250 millones de euros, más unos 70 millones de euros en concepto de honorarios legales propios.
La semana pasada el tribunal de arbitraje encargado de resolver la disputa entre la compañía energética alemana E.ON y España emitió su dictamen. En el fallo se establecía que el país debe indemnizar al inversor con una cantidad que podría superar los 290 millones de euros.
