El jueves terminó el plazo para la presentación de enmiendas parciales a la proposición de ley que establece el nuevo impuesto a la banca y a las eléctricas, un periodo que los grupos parlamentarios Socialista y Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común han aprovechado para presentar 15 enmiendas al texto que ellos mismos elaboraron el pasado verano, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

En las mismas se ha incluido la creación del impuesto "de solidaridad" para las grandes fortunas, con el que se pretende equilibrar el impuesto de Patrimonio e igualarlo en todas las comunidades autónomas al alza, con el foco puesto en Madrid y Andalucía, las únicas regiones en las que el tributo está desgravado al 100%.

Bancos extranjeros

También se han incorporado dos sugerencias del BCE respecto al impuesto a la banca. En su dictamen, el supervisor bancario de la zona euro apuntaba que "la aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la Unión Bancaria".

El BCE se refería así al hecho de que, en su diseño inicial, este gravamen iba a imponerse solo a las entidades que en el ejercicio 2019 hubieran facturado al menos 800 millones de euros en intereses y comisiones. Un requisito que dejaba fuera a los bancos pequeños y las filiales españolas de las entidades extranjeras, que no llegaban a ese umbral. Sí lo hacían todos los bancos grandes y medianos del país.

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Esta premisa, por tanto, dejaba fuera del ámbito de aplicación a entidades como ING, algo que desde los grandes bancos se ha criticado durante los últimos meses. En numerosas ocasiones varios banqueros han lamentado públicamente que de esta forma se iba a distorsionar la competencia.

Los socios de gobierno han recogido el guante y han incluido en las enmiendas que todas las entidades que tienen que pagar este impuesto estén bajo la supervisión directa del BCE, (el tributo entra en vigor a partir del 1 de enero de 2023).

Pero no solo, también "las sucursales establecidas territorio español de entidades de crédito extranjeras sujetas a supervisión directa por el BCE en la citada fecha, cualquiera que sea la suma de sus ingresos por intereses y comisiones". Una frase con la que se incluiría a entidades como ING.

De esta forma, habrá un "doble criterio" a la hora de determinar qué bancos deben pagar el impuesto, de forma que "se evita alterar la competencia en el mercado entre grandes entidades", como apuntan los socios de gobierno en sus enmiendas a la proposición de ley.

Actualmente, los bancos españoles que están bajo la supervisión directa del BCE son Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja, Bankinter, Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Banco de Crédito Social Cooperativo, Cetelem (del grupo francés BNP Paribas), Targobank y Caceis Bank (ambos de Crédit Mutuel) y las filiales españolas de Mediolanum y Deutsche Bank.

Fines de la recaudación

El Gobierno prevé recaudar con este impuesto temporal unos 3.000 millones de euros en dos años y en estas enmiendas se clarifican los fines específicos que tendrán estos fondos, recogiendo de nuevo el guante del dictamen del BCE. El supervisor recomendaba que existiera "una clara separación" entre estos ingresos extraordinarios y los propios de los Presupuestos Generales del Estado "para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario general".

Así lo fijan PSOE y Unidas Podemos en las enmiendas, que se refieren tanto al impuesto a la banca como al de las energéticas. 

"La prestación se ingresará en el Tesoro Público y sus ingresos estarán afectos a unos determinados fines, en línea con lo aconsejado por el dictamen del Banco Central Europeo de 2 de noviembre de 2022 sobre la imposición de gravámenes temporales a determinadas entidades de crédito", apuntan los socios de gobierno.

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Concretamente, incluyen cinco fines. Para empezar, medidas de apoyo financiero a los clientes finales de energía, especialmente a los hogares vulnerables, para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía, y medidas de apoyo financiero para contribuir a la reducción del consumo de energía. También a la disminución de los costes de su compra por parte de los clientes finales para determinados volúmenes de consumo y al fomento de las inversiones de los clientes en energías renovables.

Además, se destinarán a medidas de apoyo financiero para ayudar a las empresas de sectores de gran consumo de energía; a medidas de apoyo financiero para desarrollar la autonomía energética y a la financiación de medidas para reducir los efectos perjudiciales de la crisis energética.

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En resumidas cuentas, lo obtenido por este impuesto "se destinará a financiar medidas para hacer frente al incremento coyuntural de los gastos derivados de las políticas dirigidas a mitigar el impacto en los precios producido por la invasión de Ucrania por Rusia".

Dos sugerencias del BCE que los socios de Gobierno aceptan a pesar de que diferentes miembros del Ejecutivo quisieron quitar hierro al dictamen la pasada semana tras conocerse el mismo, recalcando que era una opinión no vinculante.

Críticas

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de hecho, dejó entrever que detrás del duro dictamen estaba la mano de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, si bien, como informó EL ESPAÑOL-Invertia, los 25 miembros del Consejo de Gobierno del BCE aprobaron unánimemente el dictamen.

Eso sí, la gran parte de las sugerencias y preocupaciones del BCE han sido ignoradas en las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos. El supervisor advertía en su dictamen sobre los efectos negativos que el tributo, tal cual está diseñado, podría tener sobre el sector bancario, como daños en la rentabilidad, la competencia, la solvencia y la concesión de crédito, al tiempo que alertaba sobre los riesgos de no trasladar el coste del impuesto a los clientes. 

En otro orden de cosas, en las enmiendas se incluye que la participación del País Vasco y Navarra en esta ley "se establecerá, respectivamente, en la Comisión Mixta del Concierto Económico y en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico".