La idea es anular estas bonificaciones y, hasta cierto punto, castigar indirectamente a estas regiones.

¿Cómo? El esquema del impuesto sobre las grandes fortunas es el mismo que el del Impuesto sobre el Patrimonio. Y lo que se pague por el segundo se podrá deducir de la cuota a abonar del primero. 

En la práctica, esto significa que las autonomías que tengan Patrimonio sin bonificar o con bonificaciones parciales, se quedarán con la recaudación que obtengan a través de esta figura tributaria. Es decir, como venía ocurriendo hasta ahora. 

En cambio, con la aplicación de la nueva 'tasa a los ricos', los contribuyentes de Madrid y Andalucía tendrán que abonar una cantidad similar a la que hubiesen tenido que pagar con el Impuesto de Patrimonio aplicado al 100%. Pero toda la recaudación que se obtenga con el novedoso tributo será para el Estado. 

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De esta manera, las fortunas residentes en ambas regiones tendrán pagar por su patrimonio una cifra parecida a la que tendrían que abonar en el resto de España. Así, Hacienda anula a guerra fiscal entre autonomías (al menos en el caso del impuesto de Patrimonio) y se queda para sus arcas con la recaudación obtenida en Madrid y Andalucía.

Cabe recordar, además, que el nuevo tributo no será "susceptible de cesión a las comunidades autónomas". Esto impedirá desgravaciones regionales como las que se han hecho con Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. 

Más allá de los recursos judiciales que puedan presentar las regiones afectadas, la alternativa que a corto plazo le quedaría a Madrid y Andalucía (y otras regiones con bonificaciones inferiores) para evitar que estos fondos se los quede el Gobierno sería resucitar el impuesto de Patrimonio. 

Es decir, que, hasta cierto punto, el nuevo tributo sería una suerte de coacción para que los gobiernos autonómicos afectados apliquen Patrimonio y acepten la "armonización" de este impuesto, que es uno de los objetivos que persigue el Ministerio de Hacienda. 

Sin doble imposición

Así lo indica la propia enmienda que recoge el impuesto de solidaridad. También incluye la configuración del tributo, que "evita la doble imposición al permitir que la cuota abonada por el Impuesto sobre el Patrimonio sea totalmente deducible". 

Esta fórmula es lo que, según fuentes del ámbito tributario, permitiría a esta figura fiscal superar los recursos ante el Constitucional que, con toda seguridad, se van a plantear. 

Esta legislación, que tiene que superar los trámites parlamentarios correspondientes, toca en realidad un impuesto que es estatal, pese a que se ha cedido a las comunidades autónomas. Tampoco se toca la legislación correspondiente a la financiación autonómica. 

Como ya contó este periódico, el nuevo impuesto incluye una futura cláusula que obliga a una futura evaluación para decidir su mantenimiento o supresión. 

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Gravará la riqueza neta superior a los 3 millones de euros. La tasa se quiere aprobar antes de que acabe el año, de manera que tenga efecto en 2022 y 2023 y genere recaudación 'extra' en 2023 y 2024 de 1.500 millones anuales. 

Constará de tres tramos: un tipo del 1,7% para los patrimonios entre 3 y 5,3 millones de euros, del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 millones y 10,6 millones y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.

Por otro lado, pese a que la titularidad de las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión del impuesto corresponde al Estado, en el caso de País Vasco y Navarra estas cuestiones se concertarán en la Comisión Mixta con ambas comunidades.

Desde el Ministerio de Hacienda recuerdan que los euros que se recauden con el impuesto se destinarán a financiar políticas de apoyo a los más vulnerables en un importe equivalente a la recaudación anual derivada de este impuesto.