El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y las dieciocho asociaciones territoriales que la forman también han lanzado un comunicado ante la polémica que está generando en el mundo empresarial los acuerdos del PSOE con Sumar, ERC, Junts y PNV. En él expresan su "honda preocupación" por una eventual ruptura de los "amplios consensos que se forjaron en torno a la Constitución de 1978". 

La organización, que aglutina a empresas tan potentes como Mercadona, Inditex o Ferrovial, por citar tres, precisa que "la investidura del nuevo Gobierno de la nación goza del beneficio de su legitimidad democrática de origen".

Sin embargo, considera que debería inquietar "la contundente respuesta que esos acuerdos de investidura han suscitado en instituciones y asociaciones tan centrales en nuestro sistema de administración de justicia como el Consejo General del Poder Judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces por la Democracia, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Asociación Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, entre otras".

"Las consideraciones allí vertidas en torno al impacto de esos pactos sobre nuestro Estado de Derecho deberían ser objeto de reflexión por parte de todos", considera. 

El IEF recuerda que "la estabilidad institucional y el estado social y democrático de derecho que nuestra Constitución nos brinda nos han dado las mayores cotas de libertad y prosperidad de las que España ha gozado en su historia".

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"Las empresas familiares españolas, que representamos el 60% del PIB y el 70% del empleo privado de nuestro país, queremos hacer un llamamiento a las fuerzas políticas democráticas para que impere la responsabilidad, la moderación y el firme respeto a los pilares fundamentales, que han posibilitado que España sea la sociedad libre, dinámica y moderna de la que hoy disfruta", añade. 

Esta declaración de IEF, con todo, parece tibia. Por ejemplo, igual que en el caso de la CEOE, no hay ninguna condena explícita o directa a la amnistía a los relacionados con el 1-O.

Con todo, en el caso de la patronal, la condena se entiende expresada por el menoscado que los acuerdos del PSOE suponen para la separación de poderes. Y Antonio Garamendi, su presidente, ha rechazado la amnistía en varias ocasiones recientes.