El Ministerio de Hacienda y el propio Pedro Sánchez anunciaron el año pasado que iban a introducir bonificaciones en el gravamen temporal a las empresas energéticas, unas deducciones que se aplicarían en las cantidades que el sector tendría que tributar por su facturación en este 2024.

Dichas rebajas fiscales se aplicarían por las inversiones estratégicas que hagan las empresas energéticas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, saluda a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Rober Solsona / Europa Press

De esta manera, se trata de una deducción especialmente pensada para incentivar la electrificación en áreas industriales.

Sin embargo, la aplicación de esta bonificación corre peligro. Fuentes del Gobierno admiten que están teniendo problemas para que los grupos parlamentarios apoyen esta norma, que se tiene que tramitar por la vía legislativa. 

Como siempre que se trata de fiscalidad, la negociación parlamentaria está siendo compleja, ardua y dura.

Según explican desde el Ejecutivo, se están encontrando con que los aliados habituales en el Congreso quieren imponer sus propias condiciones para el gravamen. Incluso cambios adicionales.

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También existen posiciones parlamentarias totalmente contrarias a la deducción y que se oponen a que se introduzcan rebajas fiscales en el gravamen a las empresas energéticas. Cabe recordar que esta posición, de una manera más o menos vehemente, es la que ha defendido Sumar en varias ocasiones. Aunque en el Consejo de Ministros no la ha conseguido imponer.

También es la que mantiene Podemos. Y no sería la primera vez que los morados de Ione Belarra bloquean una iniciativa legislativa del Gobierno. Ya ocurrió hace unos meses con la reforma del subsidio de desempleo, que sigue pendiente. 

Pese a estas incertidumbres, el Ministerio de Hacienda está obligado a llevar la deducción al Congreso y a afrontar las correspondientes votaciones. Así lo entienden en el propio departamento, puesto que el Gobierno se compromete a desarrollar y aprobar la bonificación en el último real decreto-ley para prorrogar o alterar las medidas contenidas en el escudo social. 

A lo largo del año, el Gobierno tiene por objetivo aprobar al menos tres medidas fiscales más. Por un lado, está el incremento de las rentas exentas de IRPF (por la subida del salario mínimo interprofesional), que se iba a tramitar mediante los Presupuestos y que está pendiente. 

Impuestos permanentes

Por otro lado, el Gobierno se ha comprometido a hacer "estructurales" y "permanentes" tanto el citado gravamen temporal a las energéticas y como el de la banca. Es decir, convertirlos oficialmente en impuestos.

Aunque, para ello, desde el Ejecutivo ya han admitido que será necesario lograr consensos parlamentarios. Por ello, fuentes de Hacienda anticipan que la tramitación de estos cambios no será en el corto plazo.