¿Cuál es la situación de esta reforma? En estos momentos, la negociación no se ha cerrado todavía. Lo que no se van a repetir, o eso parece, son las broncas ministeriales que, en buena medida, provocaron el retraso de la reforma del subsidio en 2023.

El Gobierno da por zanjada la negociación interna y los departamentos darán visto bueno al texto que el Ministerio de Trabajo termine de cerrar con los sindicatos. 

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, en el Senado. Gustavo Valiente / Europa Press

Así lo indican fuentes del Ejecutivo, que aseguran que los enfrentamientos que protagonizaron los departamentos de Trabajo y Economía durante los últimos meses del año pasado no se repetirán. 

El choque entre los departamentos que dirigían por entonces Yolanda Díaz y Nadia Calviño fue intenso y protagonizó las polémicas políticas de la segunda mitad de 2023. Mientras que Trabajo quería aumentar el subsidio y elevar su duración, Economía aspiraba a mejorar su capacidad para incentivar el retorno a al empleo de los perceptores. 

Yolanda Díaz y Nadia Calviño, vicepresidenta primera y segunda del Gobierno, en el Senado. A. Pérez Meca / Europa Press

Tras innumerables tensiones (una nota constante en la relación entre Díaz y Calviño hasta la marcha de la segunda al Banco Europeo de Inversiones), finalmente se llegó a un acuerdo interno, que fue el que se plasmó en el correspondiente real decreto-ley. Sin embargo, la norma no fue convalidada en el Congreso de los Diputados por el rechazo de Podemos, liderados por la exministra Ione Belarra. 

Según ha podido saber este periódico, el grueso de la reforma se mantendrá. De esta manera, el subsidio por desempleo subiría al 95% del Iprem (ahora está en el 80%), 570 euros, durante los primeros seis meses de percepción. En el semestre siguiente, bajará al 90%, esto es, 540 euros mensuales.

[El Gobierno aprueba la reforma del subsidio del paro: subirá hasta 570 euros al mes, menos de lo que pedía Trabajo]

Después, y hasta su extinción, se volvería al 80% del Iprem, 480 euros al mes, con un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, las circunstancias familiares y la duración de la prestación agotada anteriormente del beneficiario.

El subsidio se calcula de acuerdo a cómo está a día de hoy el Iprem, por lo que si este se modifica, también lo harán la cuantía de los subsidios.

Por otro lado, el subsidio se podría compatibilizar con el salario en un periodo de hasta seis meses, con modificaciones en las cantidades a percibir.

Por otro lado, se ampliaría la cantidad de población que abarcaría. Se incorporaría a los menores de 45 años sin cargas familiares, que Trabajo estima en unas 150.000 personas, así como a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura, en torno a 250.000, y a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.

Aspectos cerrados

Estos aspectos ya están cerrados entre los ministerios y se mantendrán en la futura reforma. Pero también se incorporarán novedades tras la negociación con los sindicatos, que todavía no se ha completado. 

Para la reforma que no se culminó por el rechazo del Congreso, el Ejecutivo no negoció con los agentes sociales y no incluyó sus aportaciones. Ahora será diferente, puesto que se quiere contar con el aval del Diálogo Social para lograr apoyos parlamentarios suficientes. 

Además, desde el Gobierno asumen que la reforma no era todo lo completa que debería haber sido. Admiten que algunas aportaciones de los sindicatos (como ampliar la población cubierta por la prestación con más colectivos y optimizar las fórmulas para que cuando sea necesario los beneficiarios pasen de recibir el ingreso mínimo vital) suponen mejoras relevantes respecto al texto original. 

Con todo, queda una clave por desvelar: ¿Dará el Congreso luz verde a la norma, algo cada vez más difícil dados los complejos apoyos del Ejecutivo del PSOE y Sumar? La razón por la que Podemos la rechazó en enero fue por la reducción de la sobrecotización a la Seguridad Social que reciben, mediante este subsidio, los mayores de 52 años. Todavía no se ha concretado qué va a pasar con este aspecto. 

En cualquier caso, la cuenta atrás está en marcha. 10.000 millones de euros en fondos europeos están pendientes de que el Ejecutivo saque adelante la reforma.