"El modelo de la Agencia Tributaria es inmejorable. El fraude fiscal se ha vuelto más complejo, se ha globalizado, y la AEAT se ha adaptado a esto. Con su fraccionamiento, se perdería información", ha denunciado este lunes Teresa Benito, vicepresidenta de la IHE. Si Sánchez concede a ERC y Junts el cupo catalán, se romperían dos líneas rojas: el sistema de información y la caja únicos.

Precisamente, los inspectores de Hacienda señalan que los regímenes forales de País Vasco y Navarra ya suponen un "agujero negro" en materia de información para la lucha contra el fraude. Una deficiencia que, al menos, no es crucial porque no superan el 7% del PIB. Sin embargo, Cataluña supone el 20% del PIB, por lo que su salida de la Agencia Tributaria tendría una repercusión "muchísimo mayor".

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Y, como ha insistido este mismo lunes el propio Pere Aragonès, lo que persiguen es "un modelo singular como País Vasco y Navarra, ni más ni menos".

Los sistemas de información y caja únicos "son imprescindibles", aseguran los inspectores, para garantizar "objetivos esenciales como la calidad del servicio prestado a los contribuyentes, el control de las declaraciones y evitar costes innecesarios a los contribuyentes que perjudican la competitividad empresarial".

"La independencia fiscal de Cataluña supondría la desaparición de la AEAT en este territorio, con la consecuencia de su fraccionamiento y el inicio de un camino de transformación irreversible que tendría graves consecuencias en la aplicación de los tributos y en la lucha contra el fraude fiscal", alerta la IHE en un informe.

El sistema de información y las bases de datos son la "piedra angular" del sistema fiscal, arguyen desde la IHE, es decir, "lo que permite luchar contra el fraude" con unos "resultados espectaculares".

La generosa Generalitat Tomás Serrano.

La medida propuesta por el independentismo catalán va en dirección opuesta a la que siguen los sistemas de control fiscal, cada vez más interrelacionados a nivel mundial, ya que los fraudes son cada vez más complejos y traspasan fronteras.

"Es preciso que una misma Administración tributaria efectúe el control de todos los tributos que giran en torno a las actividades económicas", indican los inspectores. Lo contrario "dificultaría enormemente la eficacia en la lucha contra el fraude", en especial en los de carácter organizado, como las tramas del IVA.

La lucha contra el fraude organizado se vería perjudicada, ya que este "se extiende por los más diversos territorios, utilizando frecuentemente sociedades domiciliadas en distintas comunidades autónomas". Por eso mismo, fragmentar la información disponible "equivale a no poder combatir en un plazo adecuado los fraudes más graves".

Además, la Generalitat propone, en aras de lograr esa cesión del 100% de los tributos, que todos los funcionarios de la Agencia Tributaria en Cataluña pasen a formar parte del organismo catalán en materia recaudatoria. Es decir, el traspaso total de la plantilla de una administración a otra, así como de los medios materiales. Unos 5.000 funcionarios pasarían de ser trabajadores del Estado a serlo de la Generalitat, pese a que la mayoría son de otras comunidades autónomas.

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Cataluña es, en muchos casos, un destino provisional para los trabajadores de la Agencia Tributaria. Un lugar donde los funcionarios están algunos años para luego regresar a sus regiones de origen. E incluso aunque no tengan la intención de volver, señalan desde la IHE, les queda la posibilidad. Sin embargo, si son transferidos a la agencia catalana, esa posibilidad desaparece.

"El traspaso total de funcionarios es algo inédito", denuncia José María Peláez, vocal y portavoz de la asociación de inspectores. Aunque reconoce que es algo que se produjo en el pasado, asegura que no se hizo de una forma tan "tajante", como propone el Ejecutivo catalán, ya que era voluntario.

Por su parte, la desaparición de la caja única iría en contra del control de las retenciones y los pagos fraccionados. Supondría, indican los inspectores, una mayor dificultad para la devolución de cantidades por parte de las arcas públicas a las empresas y ciudadanos. Las devoluciones tras la declaración de la Renta se producen ahora en cuestión de días y la IHE considera que el fraccionamiento de la AEAT lo ralentizaría.

Asimismo, se añade un problema para el control de las empresas multinacionales, que realizan su actividad en todo el territorio nacional y fuera de las fronteras. Sin embargo, por la naturaleza de la propia administración tributaria catalana, señala la IHE en su informe, esa actividad supranacional queda fuera de su conocimiento, de manera que tendría que requerir la colaboración de la AEAT "para realizar prácticamente cualquier inspección".

Políticas sociales

"La Agencia Tributaria desaparecería como órgano vertebrador de las políticas sociales del Estado", apunta Teresa Benito. Destaca que medidas como "las deducciones en el IRPF, las ayudas a madres trabajadoras o familias numerosas, las bonificaciones al gasóleo o la gestión del ingreso mínimo" están gestionadas por la AEAT. "Es la que tiene toda la información y unos medios espectaculares", defiende Benito en este sentido.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ejemplifica en su informe el caso del bono de 200 euros para personas con bajos ingresos y patrimonio. Se trató de un pago único por dicha cantidad para trabajadores y desempleados que residían en hogares con una renta inferior a 14.000 euros que se gestionó a través de la Agencia Tributaria por ser esta la que dispone de los datos de renta y patrimonio.

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"Resulta evidente que, en el caso de un fraccionamiento de la AEAT y de sus bases de datos, no se dispondría de la información necesaria para poder efectuar el pago a los ciudadanos de Cataluña", señalan los inspectores.

Además, aunque sea de manera indirecta, el sistema común de financiación garantiza un reparto de los ingresos en función de las necesidades de cada comunidad autónomos. Es, decir, sirve para garantizar una prestación de servicios públicos mínima homogénea en el conjunto del territorio. La salida de Cataluña los pone en riesgo.

Un paso atrás

La vicepresidenta de la IHE señala que, a día de hoy, puede levantar un teléfono y, en menos de un día, tener información tributaria de, por ejemplo, Polonia. Eso agiliza y amplifica las posibilidades de la inspección fiscal. Sin embargo, lamenta, no ocurre lo mismo con las haciendas forales de País Vasco y Navarra. Aquí el flujo de información es más lento y teme que pueda ocurrir lo mismo si Cataluña se sale del régimen común.

"Está claro que los ciudadanos saldrían perjudicados si se fraccionaran los servicios actuales", sentencian los inspectores en su informe. Sin esa integración, señalan, "sería imposible excluir de la obligación de declarar a nadie, ofrecer borradores de declaración a los ciudadanos o facilitar datos fiscales completos. Se ha avanzado mucho y volveríamos atrás".

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Para Ana de la Herrán, presidenta de la IHE, "el modelo que conocemos desaparecería, se produciría un cambio radical hacia un modelo que rompe los principios de justicia y solidaridad". Y va más allá: en tanto que Cataluña toma esa decisión por ser una autonomía rica, "¿por qué los contribuyentes con más renta no van a decidir que no quieren contribuir?".

Además, los inspectores avanzan que otras comunidades ricas, como Madrid o Baleares, podrían seguir el mismo camino que Cataluña.

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"Si ese futuro de ciencia ficción se produjera, desaparecería la Administración General del Estado", apunta De la Herrán. Sería así, explica, porque las regiones ricas se quedarían todo el dinero recaudado, las pobres no podrían pedir más recursos y, por tanto, "el Estado se vería sin fondos para cumplir sus funciones".

Así, las CCAA sólo aportarían para gastos comunes "como en una comunidad de vecinos". "Supone, en la práctica, la desaparición del Estado", ha sentenciado la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

Por todo esto, los inspectores de Hacienda han reclamado que la Agencia Tributaria "no se convierta en moneda de cambio en unas negociaciones políticas cuyo objetivo principal es lograr la independencia fiscal de Cataluña".