Así lo indican fuentes cercanas a los cambios fiscales que se están manejando para esta legislatura. En el caso de las energéticas, indican que la introducción de incentivos en el impuesto tiene una meta concreta: acelerar la transición energética. 

En este sentido, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública y vicepresidenta cuarta, informó este martes de que su departamento trabaja en que la tasa a las energéticas premie "la inversión en la electrificación de la red". 

Las fuentes consultadas precisan que, en el caso de la banca, el Gobierno no contempla que sea necesario impulsar ninguna actividad o rama del sector financiero a través de su fiscalidad. 

De ahí que el Ejecutivo descarte aplicar bonificaciones y rebajas para el impuesto a la banca, un tributo temporal que se va a modificar de manera que se mantenga de manera permanente.

María Jesús Montero atiende a los periodistas tras el Consejo de Ministros. Alberto Ortega / Europa Press

Hay que recordar que este impuesto fue diseñado para gravar los resultados de algunos bancos correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023, pagadero en los años 2023 y 2024, respectivamente. Es decir, según su diseño inicial el último pago del mismo se realizaría el año que viene.

Este tributo grava con un 4,8% los ingresos por intereses y comisiones que registren las entidades que en 2019 superaron los 800 millones de euros en ingresos por estas dos partidas. Una condición que deja fuera a las filiales de bancos extranjeros, incluidas las de gran tamaño, como es el caso de ING. Otros bancos más pequeños también están excluidos de la obligación de pago del impuesto.

El acuerdo entre el PSOE y Sumar recoge que tanto este tributo como el de las empresas energéticas se hagan permanentes, con las convenientes modificaciones, claro. Para ello, se ha abierto la puertea a incentivos en el segundo, pero no en el primero. 

Las entidades financieras están en pie de guerra contra el impuesto. Lo han estado desde el principio, pero sus críticas se han recrudecido desde que se ha hecho estructural. 

[La banca hace frente común contra el impuesto que PSOE y Sumar ampliarán: advierte de menos crédito a largo plazo]

Los banqueros han reiterado su opinión de que este gravamen es "injusto" y "discriminatorio", así como sus advertencias sobre que su imposición puede afectar a las inversiones en España y a la concesión de crédito a largo plazo.

Incluso han puesto sobre la mesa la posibilidad de dejar España. Ana Botín, presidenta del Banco Santander, afirmó durante la Conferencia Internacional de la entidad que "hay que pagar impuestos, pero si se paga demasiado la gente se marcha". "A veces da la sensación de que queremos redistribuir, pero si no crecemos va a haber muy poco que redistribuir", defendió.

De hecho, los primeros espadas del sector bancario creen que el hecho de que el impuesto grave los ingresos y no los beneficios puede ser especialmente perjudicial para el crédito en momentos en los que las entidades no tengan unos márgenes tan boyantes como en la actualidad. Es decir, en épocas de tipos de interés bajos o negativos, como la que se acaba de dejar atrás.

Onur Genç, consejero delegado de BBVA, afirmó hace unas semanas que "el impacto es más a largo plazo, no es un trimestre o seis meses", apuntó, para añadir después que "si tienes menos capital en el banco, darás menos crédito".

También Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, se pronunció en contra del gravamen durante su presentación de resultados. En su opinión, penalizar en términos de fiscalidad a la banca y a la gran empresa supone "pegarse un tiro en el pie".