El mayor peso se lo llevó el real decreto-ley ómnibus que se aprobó a finales de junio. En él se concentran las medidas para paliar el efecto económico de la guerra en Ucrania y la subida de precios, que se han prorrogado hasta finales de año. Las iniciativas contenidas en el texto legal tienen un coste del entorno de 3.800 millones de euros. 

Se trata de la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos básicos, de la bonificación del transporte público urbano (la de Cercanías y otros trenes de Renfe ya se había establecido para la totalidad de 2012) y de la bonificación del combustible para los transportistas (10 céntimos por litro de carburante hasta finales de septiembre y de 5 céntimos entre octubre y diciembre). 

A estas medidas hay sumar las ayudas a la industria electrointensiva, la congelación del coste máximo de la bombona de butano y la extensión a la suspensión de desahucios para hogares vulnerables. 

Sin embargo, el decreto también incluyó nuevas medidas, muchas de ellas con marchado carácter electoralista. La que mayor impacto económico tiene es la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la compra de nueva vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo, que llega a los 2.500 millones de euros. 

Deducciones

A esto se suma la deducción del 15% del IRPF por la compra de un vehículo eléctrico nuevo o por instalar un punto de recarta, así como otras medidas que el Gobierno asegura que se quedaron en el tintero por el adelanto electoral. 

Entre ellas, destaca el derecho al olvido oncológico para facilitar el acceso a productos financieros y la aprobación de tres nuevos permisos laborales, aunque el más destacado de todos ellos, el parental de ocho semanas, no tiene reconocida remuneración obligatoria. 

El Gobierno de Sánchez, en las últimas semanas, también ha aprobado más de 1.000 millones de euros para la construcción o renovación de importantes infraestructuras viarias. 

Entre ellas, destacan los 497 millones destinados a la reforma de la estación de Atocha, en Madrid. Por otro lado, también hay 400 millones para llevar el AVE a la localidad murciana de Lorca y 144 millones para soterrar el Cercanías en Barcelona. 

[El Gobierno aprueba una oferta de empleo público para 2023 de 39.574 plazas a 12 días de las elecciones generales]

Otra de las más importantes medidas anunciadas en las últimas semanas ha sido la oferta de empleo público (OEP) de la Administración General de Estado, aprobada en el segundo Consejo de Ministros de julio.

Se trata de unas 39.574 plazas convocadas, de las que 8.625 suponen creación neta de empleo. Fuentes relacionadas con este proceso consideran que el coste de generarlas será de, como mínimo, 140 millones de euros.

Isabel Rodríguez, ministra portavoz. Eduardo Parra / Europa Press

A estas medidas hay que sumar otras aprobadas esta misma semana que no cuentan aún con cálculo de impacto económico. Por un lado, está la deducción del kilometraje en el IRPF para los contribuyentes que usen vehículo para su actividad diaria. Esta exención se ha elevado un 37%. 

Por otro lado, también se han incrementado todas las ayudas para dependientes. Las que son para cuidados familiares suben un 17,4%. Mientras las que son para servicios de dependencia o de atención personal se elevan un 4,5%. 

Desde el Gobierno justifican que, en ambas medidas, hace mucho tiempo que se está trabajando y que no tienen que ver con las elecciones. Sin embargo, está claro que se han aprobado a solo unos días de que se celebren los comicios del 23 de julio. 

Cabe recordar que, además, desde la convocatoria electoral también se ha aprobado la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye 6.250 millones adicionales en rebajas fiscales 'verdes' y vivienda. Aunque, en este caso, están pendientes de aprobación por parte de la Comisión Europea.