La detención y posterior puesta en libertad de Carles Puigdemont en Italia ha puesto patas arriba el tablero político. No sólo supone un terremoto que amenaza con tumbar la mesa de diálogo establecida entre La Moncloa y el Palau de la Generalitat; también puede dar al traste con las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 con ERC y Junts Per Catalunya (JxCat). 

ERC ya avanzaba esta semana que para comenzar a dialogar con el Gobierno era necesario “un clima político favorable”, y no parece que con Puigdemont en manos de la justicia se den las circunstancias apropiadas. Máxime después de que Moncloa dijera de madrugada que el expresidente de la Generalitat debe “someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano”. 

Hablamos de un socio indispensable para sacar adelante los PGE, ya que JxCat no es necesario. De hecho, para evitar quedarse fuera como el año pasado, desde Junts intentan forzar a los republicanos para negociar en bloque. Y para ello ya ha puesto sus primeras líneas rojas: “Hay que exigir avances en reclamaciones políticas como la amnistía y la autodeterminación”, decía la vicepresidenta de la Generalitat y portavoz, Elsa Artadi.  

Exigencias

Posiciones de máximos que, según alfuentes fuentes consultadas, podrían radicalizarse todavía más en las próximas semanas. El objetivo sería maximizar las posiciones para forzar al Psoe y a Podemos a hacer las mayores concesiones posibles para evitar una prórroga de las cuentas de 2021. 

Parece, por tanto, que el partido independentista no va en la senda de Moncloa que, tal y como informa EL ESPAÑOL, no ve problemas en mantener las relaciones como estaban después de que Puigdemont haya sido puesto en libertad a la espera de que preste declaración el próximo 4 de octubre. 

El alejamiento de ERC pone en riesgo unos Presupuestos Generales del Estado que son vitales para la economía española. El próximo curso será clave para la recuperación económica, y llegar a él con unas Presupuestos prorrogados enviaría un mensaje muy negativo a los mercados, pero también a la Unión Europea en un contexto económico complejo y en el que todavía no está claro cuál será el ritmo de recuperación que tendrá nuestro país. 

La mayor parte de los analistas económicos estiman que tras la revisión del PIB llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta semana, el crecimiento anual del 6,5% previsto por el Gobierno no se va a cumplir. Es por ello por lo que consideran esencial que el equipo de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, revise los cuadros macroeconómicos de cara al año que viene, ya que habrá un crecimiento más moderado de la economía española del que se esperaba. 

Además, en esas cuentas se deben recoger la llegada de nuevos fondos europeos, el aumento del gasto en pensiones (fruto de la actualización en base al IPC), así como el incremento del salario de los funcionarios que será cercano al 2%, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, y las posibles revisiones impositivas que sean necesarias para ajustar los ingresos a los gastos. Cierto que Calviño descarta grandes incrementos, pero siempre se introducen algunos cambios menores. 

La próxima semana

La intención del Gobierno es presentarlos en el Consejo de Ministros de la próxima semana o de la siguiente y comenzar la negociación con los partidos políticos. De momento requiere del respaldo de ERC y el voto de sus diputados es clave, pero la situación es compleja. Así que no es de extrañar que el PSOE opte por mirar a Ciudadanos o, incluso, al Partido Popular apelando al “sentido de Estado”. 

¿Qué dicen en Bruselas? La Comisión Europea reconoce que la aprobación de los presupuestos de 2022 no es una precondición para que España siga recibiendo los fondos Next Generation. En total, España espera recibir el año que viene 18.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido. Eso sí, siempre que cumpla las reformas prometidas a Bruselas.

Y ahí es donde llega el auténtico problema. Entre estas se encuentra la reforma laboral, que debería estar acordada antes de fin de año según el calendario pactado. Un objetivo que está en riesgo tras la ruptura del Gobierno de Sánchez con la patronal y lo alejadas que están las posiciones que defienden los equipos de Yolanda Díaz y Antonio Garamendi.

En el caso de no poder cumplir esta condición, el mecanismo acordado entre los países que recibirán los fondos Next Generation y la Comisión Europea establece que se debería abrir una negociación. En ella, se vería si los objetivos y los fondos previstos se aplazan a más adelante en su conjunto o si, por el contrario, se establece una cantidad de transferencias acorde con las reformas realizadas y se pospone parte de los fondos hasta que la reforma pendiente se acuerde. 

Partida en los presupuestos

Dentro de las pocas buenas noticias que tiene el Gobierno en este sentido destaca que con una hipotética prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para 2022, contaría con capacidad para gestionar los fondos previstos para el próximo año. En concreto la partida de los actuales presupuestos asciende a 26.634 millones de euros.

Esta partida permitiría al Gobierno distribuir los 18.000 millones previstos para 2022 sin problemas ya que, de ellos, 24.198 corresponde a los Next Generation y 2.436 al React-EU, según el diseño de Moncloa. Un balón de oxígeno en un contexto tan complejo tanto de los apoyos parlamentarios como del diálogo social. 

Según la legislación europea, España y el resto de países de la eurozona están obligados a enviar a Bruselas el borrador de presupuestos antes del 15 de octubre. En caso de no tenerlo, el Gobierno de Sánchez deberá remitir ya entonces la prórroga presupuestaria. El Ejecutivo comunitario elaborará un dictamen sobre si se ajusta o no a las reglas de la UE.

Como ya ocurriera el año pasado, lo más probable es que nuestro país se beneficie de un aprobado general. El Pacto de Estabilidad seguirá suspendido en 2022, por lo que la Comisión no va a fijar ningún objetivo de reducción del déficit cifrado al estar las reglas fiscales suspendidas.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ya ha avisado varias veces a Sánchez de que, tras la barra libre de ayudas por la Covid, debe empezar a hacer una política fiscal “prudente” por el elevado nivel de deuda de España. Un viraje complicado si no hay nuevos presupuestos.

El juego está en marcha. El arresto de Puigdemont ha hecho saltar todo por los aires y ahora comienza una nueva partida. ¿Quién ganará? La respuesta llegará en semanas.