Pese a su detención en Cerdeña en virtud de la orden de busca y captura internacional cursada por el juez del Supremo Pablo Llarena, la entrega a España de Carles Puigdemont se enfrenta todavía a una carrera de obstáculos. El más inminente es que el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE), podría restituirle en los próximos días su inmunidad como eurodiputado, que le retiró el pasado 30 de julio.
No se trata de una mera hipótesis. En el auto del 30 de julio, el propio TJUE recomendaba al expresidente catalán, prófugo de la justicia española desde 2017, que pidiera medidas cautelares en caso de ser detenido para recuperar la protección parlamentaria.
"En la hipótesis de que, una vez dictado este auto, el daño alegado pudiera plantearse con una probabilidad suficiente, en particular en el caso de una detención de los demandantes por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o la activación de un procedimiento para su entrega a las autoridades españolas, les quedaría la posiblidad de presentar una nueva solicitud de medidas cautelares", señala el auto, firmado por el vicepresidente del Tribunal General, Savvas Papasavvas.
Esta demanda se tramitaría mediante un procedimiento de máxima urgencia y el TJUE podría aceptarla incluso antes de escuchar a la otra parte. Es decir, se trataría de restituir temporalmente la inmunidad a Puigdemont a la espera de un fallo sobre el fondo del asunto, lo que en todo caso obligaría a las autoridades italianas a ponerlo en libertad.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ya ha anunciado que tiene previsto recurrir a esta vía. "En la misma resolución el vicepresidente del Tribunal General indicó que, de ser necesario, se solicitase una nueva medida cautelarísima", ha escrito Boye en su cuenta de Twitter.
El principal argumento que esgrimió el TJUE para denegar en julio las medidas cautelares solicitadas por Puigdemont con el fin de recuperar la inmunidad es que el expresidente catalán no había demostrado que corriera el riesgo de una "detención inminente". De hecho, las autoridades españolas aseguraron al Tribunal General que la euroorden contra él no se reactivaría hasta que hubiera un fallo sobre las cuestiones prejudiciales presentadas por Llarena sobre la actuación de Bélgica en este caso. Una sentencia que todavía no tiene fecha fijada.
"Las autoridades españolas han indicado expresamente que esta solicitud (la cuestión prejudicial de Llarena al TJUE) supuso la suspensión de las órdenes de detención nacionales dirigidas contra los demandantes (Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí) e implicó la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución de una euroorden que pudiera incoarse. También hicieron hincapié en que ningún tribunal de la UE podría ejecutar las órdenes de detención europeas en cuestión hasta que el Tribunal se haya pronunciado", explica el auto del TJUE de julio.
"En estas circunstancias, procede concluir que, mientras el Tribunal de Justicia no se haya pronunciado (sobre la cuestión de Llarena), no hay motivo para considerar que las autoridades judiciales belgas o las autoridades de otro Estado miembro vayan a ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los demandantes y a entregarles a las autoridades españolas", concluye el TJUE.
El abogado de Puigdemont alega que, al forzar la detención de Puigdemont en Cerdeña, las autoridades españolas han incumplido el compromiso asumido con el TJUE y la práctica habitual de esperar a la respuesta a una cuestión prejudicial antes de seguir adelante con un procedimiento.
Puigdemont, Ponsatí y Comín huyeron a Bélgica en octubre de 2017, tras la fallida declaración de independencia de Cataluña en el Parlament y la aplicación del artículo 155. Desde allí se presentaron a las elecciones europeas de mayo de 2019 y en enero de 2020 fueron reconocidos como eurodiputados gracias a la polémica sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre Oriol Junqueras.
El juez Llarena pidió de inmediato el suplicatorio a la Eurocámara, pero la solicitud estuvo paralizada durante meses debido al impacto de la Covid-19. El pleno de la Eurocámara aprobó definitivamente levantar su inmunidad el pasado 9 de marzo pese a la campaña de presión de los separatistas catalanes. Puigdemont recurrió la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE, que es el que tiene ahora la última palabra.