Este miércoles, Pere Aragonès se desayunó, camino a Valencia, con la información de EL ESPAÑOL en la que Moncloa le advertía de que la llegada de los fondos europeos tendrá mucho peso en el desarrollo de la llamada Mesa de diálogo, negociación y pacto. El líder independentista sólo quiere "hablar del conflicto político". Pero a Pedro Sánchez le conviene centrarse en la recuperación, avisando de que "ha pasado una pandemia, 10 años de procés son demasiados, vienen los fondos europeos y Cataluña se está quedando fuera de juego".
El estupor del president fue tal que tardó segundos en salir al paso. Junto a Ximo Puig, en su comparecencia ante los medios, criticó al Gobierno de España por usar las ayudas europeas como una palanca para facilitar el difícil diálogo. "No me entraría en la cabeza que se quieran utilizar los fondos europeos como moneda de cambio", afirmó.
Aragonès se mostraba firme para enviar una advertencia de vuelta: sin sus 13 diputados en Madrid, que votan junto a los cinco de Bildu en "temas estatales", no hay Presupuestos para el año 2022. Y sin los Presupuestos, no hay fondos europeos que valgan. El motivo es que la Comisión Europea cuenta con que habrá unas cuentas públicas nuevas en 2022 como muestra de que siguen adelante los compromisos de España con la 'hoja de ruta' pactada con Bruselas para la recuperación económica. En opinión del president republicano, si Moncloa aplica más el palo se le puede caer la zanahoria.
Pero es que unas horas más tarde, mientras animaba la Diada del sábado reuniéndose con el pancatalanismo valenciano en la sede de la Fundación Fuster de Sueca (Valencia), supo que el Ministerio de Transportes suspende la inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación de El Prat por la división que ha mostrado el Govern... que no se pone de acuerdo sobre su conveniencia: "El Gobierno no va a imponer la ampliación del aeropuerto porque la Generalitat no lo hace posible y, por tanto, no se va a introducir en el DORA II", afirmó la ministra de Fomento, Raquel Sánchez, en Barcelona.
Debilidad parlamentaria
Una cosa es que al nuevo Sánchez, tras los indultos y su revolución gubernamental, le convenga enfriar el asunto catalán -"son muy dueños de medir sus tiempos, pero que no busquen excusas en nosotros", apunta una fuente del Govern- y otra que vaya a poner en juego las cuentas públicas del año que viene. Las necesita tanto o más que las anteriores. Veamos por qué:
La próxima semana, los Presupuestos de 2022 estarán más cerca de comenzar su andadura parlamentaria con la votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Congreso, previsiblemente el lunes.
La pandemia ha alterado el contenido de este trámite. Y por segundo año consecutivo, en lugar de someter al examen parlamentario los objetivos con los que se ha elaborado el techo de gasto, el Ejecutivo pedirá el apoyo para la exención al cumplimiento de las reglas fiscales que Bruselas ha permitido a todos los países.
Sin embargo, aunque la Covid-19 ha alterado este trámite, hay algo que no ha cambiado desde 2019: la debilidad parlamentaria del presidente. Entonces, la negativa de ERC y PDeCAT a aprobar los Presupuestos abocó al primer Gobierno de Pedro Sánchez a convocar elecciones. De nuevo, el Ejecutivo depende de los 13 independentistas de ERC -más los cinco de Bildu, cuyo acuerdo de legislatura suma posiciones en temas "estatales"- para sacar adelante las cuentas públicas.
Hacen falta más apoyos, pero estos partidos son imprescindibles para que el Gobierno sea capaz de conformar una mayoría: Ciudadanos ya se ha autodescartado. Así, se tendrían que prorrogar las cuentas de 2021 y surgiría un problema: sin acuerdo parlamentario a los PGE que incorporan 26.355 millones de euros de fondos europeos, la Comisión Europea podría cortar las ayudas a España por no estar en condiciones de cumplir con los hitos prometidos.
Diferentes expertos consultados recuerdan que esas transferencias están sujetas al cumplimiento de unas condiciones y entienden que no lograr aprobar los Presupuestos exhibiría una debilidad parlamentaria atroz ante la Comisión Europea, que va desembolsando las ayudas "hito a hito".
Reformas impopulares
Todo esto en un contexto en el que Bruselas está a la espera de que el Parlamento apruebe las reformas que España se ha comprometido a acometer antes de final de año, en su Plan de Recuperación. Entre ellas, se encuentran la reforma laboral y la de las pensiones.
La segunda parte de esta última es impopular porque como ya ha avanzado el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, la sostenibilidad del sistema pasa por trabajar más años y por subir las cuotas a los autónomos.
Mientras, la contrarreforma que plantea la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, contentaría a los grupos de la izquierda secesionista. Pero tampoco es la que pide Bruselas, que vigilará que España no ponga la marcha atrás para retroceder en flexibilidad.
En este difícil contexto negociador, el Gobierno no puede permitirse perder esta votación a las puertas del otoño reformista. De ahí el juego de palo y zanahoria que está aplicando Moncloa con sus "socios de legislatura".
A esto se suma que entre los compromisos de España figura una reforma fiscal que se presentará el próximo año, para entrar en vigor en 2023, y la no aprobación de los Presupuestos demostraría la incapacidad de nuestro país para sacar adelante esas subidas de impuestos.
Fondos europeos
Es una situación muy distinta a la que se vive en Francia, Italia o Portugal, otros países que van a recibir ayudas europeas y cuentan con Gobiernos que están demostrando ser capaces de cumplir con sus compromisos.
El año 2022 es clave para el desarrollo de los fondos Next Generation EU, ya que en este ejercicio se ejecutarán el 36% de las inversiones a fondo perdido que España va a recibir en esta legislatura, frente al 30% de este año y el 27% de 2023.
La pasada semana, el presidente, Pedro Sánchez, avanzó a los empresarios y agentes sociales en la Casa de América que su intención es llevar al Congreso los Presupuestos a finales de septiembre o principios de octubre.
La Constitución establece como fecha límite para presentar las cuentas públicas el 30 de septiembre, aunque en España ya se convirtió en tradición que los gobiernos no cumplan con ese deber. En el último ejercicio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hubo de forzar a los grupos a no presentar enmiendas -y rechazar las de la oposición- en el Senado para llegar antes de las uvas.
Fuentes parlamentarias señalan que, aunque la exención de las reglas fiscales se vote la próxima semana, es muy posible que el Gobierno no llegue a tiempo para iniciar la tramitación de los Presupuestos antes de que arranque octubre.
Gasto récord
El techo de gasto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado julio establece las aportaciones de los fondos europeos y un límite de gasto récord de 196.142 millones de euros. Además, incorpora trasferencias de recursos a la Seguridad Social por importe de 18.396 millones de euros y a las comunidades autónomas y Ayuntamientos.
Sin embargo, pese a ese volumen de recursos, cuando se aprobó el límite de gasto no financiero, el Ministerio de Hacienda también se comprometió a una importante reducción del déficit público. En concreto, prometió que bajará más de la mitad en dos años, para situarse en el 5% en 2022. En 2021, está previsto que pase del 11% del año pasado -el primero de la pandemia- al 8,4%.
Pese al aumento de recursos que se producirá por el rebote económico, controlar el déficit es controlar el gasto. Otro hándicap para que el Gobierno logre apoyos entre sus socios de investidura.