Caos en los ERTE por la DANA: las peticiones masivas y las exigencias del Gobierno saturan a la Inspección de Trabajo

Luis Tobajas, portavoz del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en Valencia, explica en una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia que las solicitudes de ERTE por fuerza mayor han saturado el sistema. "El primer día recibimos alrededor de 50 ERTE, y esto sigue así día a día", señala. También reciben solicitudes de ERE por extinción, es decir, empresas que, directamente, han dejado de existir.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, hasta el jueves había 2.285 trabajadores beneficiados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor. En total, 164 empresas han solicitado esta prestación.

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Pero el problema no es sólo la cantidad, sino que la Inspección debe emitir un informe para verificar la causa de fuerza mayor en cada caso, lo que está ralentizando la gestión.

Esta obligación contrasta con la gestión durante la pandemia, cuando los ERTE por fuerza mayor se autorizaban sin necesidad de inspección. "En los ERTE por la DANA, el informe de inspección sí es preceptivo", indica Tobajas, lo cual genera un cuello de botella.

Aunque desde el Gobierno se anuncia que se han puesto todas las facilidades para que las ayudas lleguen lo antes posible, en este caso los responsables sobre el terreno no lo ven del mismo modo.

"No acabamos de entender por qué es preceptivo el informe de la Inspección ante dicho aluvión y siendo una situación causa de fuerza mayor tan clara", se lamenta este inspector de Trabajo en la provincia de Valencia.

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"Estamos absolutamente saturados", afirma, explicando que la carga de trabajo termina por afectar a otras áreas de la Inspección. El portavoz de los inspectores señala que, aunque tratan de rotar para repartir el trabajo, ese "aluvión" de ERTE hace que, a la postre, tengan que "desatender otras órdenes de servicio, otras denuncias" que tienen pendiente.

Entre otras, las relativas a empleadores que obligan a sus empleados afectados por la DANA a presentarse en sus puestos de trabajo, incumpliendo las medidas laborales dictadas por el Gobierno. "Todos los trabajadores damnificados tienen derecho a quedarse, a no ir a trabajar y a que se les retribuya como si fuera un día normal, es decir, un permiso retribuido", recuerda Tobajas.

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El derecho a no acudir al trabajo aplica a aquellos damnificados cuya movilidad puede afectar las labores de rescate o que deben atender a familiares. En estos casos, el empleador está obligado a permitir que el trabajador se quede en casa con permiso retribuido, lo que no siempre se está respetando, de acuerdo con los inspectores de Trabajo.

Las empresas que incumplan esta normativa pueden enfrentar sanciones que oscilan entre los 751 y los 7.000 euros, pero en caso de que el incumplimiento implique una afectación a la dignidad del trabajador, la multa puede llegar a 200.000 euros. "Si hubiese algún tipo de presión adicional que, por ejemplo, pudiera suponer un daño a la intimidad o a la dignidad de ese trabajador, ya estaríamos ante una infracción muy grave", advierte Tobajas.

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También apunta que otra situación que se da es la de empresas que intentan obligar a sus empleados a realizar tareas de limpieza. "En principio no se le puede exigir al trabajador que vaya a limpiar", explica Toabajas. Es la compañía la que tendrá que contratar un servicio de limpieza. La única excepción sería que la limpieza del centro de trabajo se considere una "hora extra por fuerza mayor", si bien "en todo caso siempre tiene que ser voluntario por parte del trabajador".

El portavoz del sindicato de inspectores subraya que están recibiendo instrucciones para actuar con urgencia ante cada denuncia de incumplimiento de derechos laborales. "Tenemos una instrucción por parte de jefatura para encauzar de forma urgente cualquier tipo de situación análoga", explica. Esto implica emitir requerimientos a las empresas infractoras para recordarles su obligación de respetar estos derechos.

Sin embargo, el gran número de peticiones de ERTE por fuerza mayor, las cuales tienen que ser inspeccionadas una a una, sumado a las denuncias por incumplimiento de la prohibición de acudir al puesto de trabajo, han generado un "problema de saturación" ya en los primeros días de despliegue del escudo social.