Imagen de Paiporta (Valencia) tras la DANA.

Imagen de Paiporta (Valencia) tras la DANA. Nacho Doce

Macroeconomía

La exención del IBI por la DANA genera un 'agujero' de 300 M€ en los municipios afectados a la espera del dinero del Gobierno

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La exoneración del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los ciudadanos de los municipios afectados por la reciente DANA dejará sin ingresar más de 300 millones de euros en las arcas locales. Esta decisión fiscal, aunque supone un alivio para los contribuyentes, plantea un reto financiero serio para los ayuntamientos, que ven comprometidas sus finanzas si el Gobierno no compensa estas pérdidas con rapidez.

Según los datos consultados por EL ESPAÑOL-Invertia, la previsión de ingresos de los municipios afectados —77 de los 78, en tanto que en Valencia sólo aplica a los barrios del sur— por la recaudación del IBI es de casi 306 millones de euros para el ejercicio 2024.

El Impuesto Sobre Bienes Inmuebles supone entre el 25% y el 30% de los ingresos municipales, de manera que la exención fiscal aprobada por el Ejecutivo supone una merma inmediata de los recursos municipales. Más teniendo en cuenta que el pago de este tributo se lleva a cabo en los meses de octubre y noviembre. Es decir, que los consistorios contaban con ingresarlo ya mismo.

"El Gobierno debe actuar con agilidad para compensar esta pérdida", señalan desde la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL). Sin una intervención rápida, estos municipios, muchos de ellos pequeños y dependientes de los impuestos locales, verán seriamente afectada su capacidad para prestar servicios públicos.

La exención de tributos, aunque efectiva en momentos de crisis para brindar un alivio inmediato, implica una pérdida de recursos. En el caso del IBI, como el principal ingreso tributario de los ayuntamientos y una recaudación que supera los 13.000 millones de euros anuales a nivel nacional, la pérdida es todavía más notoria.

Según los Inspectores de la Hacienda Local, la falta de estos ingresos "va a originar un grave agujero presupuestario" si el Estado no transfiere fondos de forma urgente para cubrir esta brecha.

Desde el Ministerio de Hacienda indican a este periódico que primero deberán analizar y cuantificar los importes para, después, realizar las compensaciones a los consistorios afectados. El plazo todavía no está claro, aunque aseguran que llevará más bien algunas semanas.

También está la cuestión de aquellos contribuyentes que ya han abonado el pago del IBI. En este caso, tienen derecho a solicitar la devolución, pero todavía no se han despejado las dudas al respecto. Resultado complicado que ayuntamientos cuyas oficinas también pueden haber quedado destrozadas, y con todos los esfuerzos puestos en la respuesta inmediata a la catástrofe, puedan gestionar las mismas.

Preguntada al respecto, Rosa Prieto, directora del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, aseguró este miércoles que todavía "se está terminando de cerrar" cómo se abonarán los reintegros.

Mariscal EFE

En cualquier caso, los Inspectores de la Hacienda Local reclaman rapidez en las transferencias del Gobierno. La experiencia previa en situaciones similares, como la erupción del volcán de La Palma, ha dejado en evidencia, dicen, la falta de celeridad en las compensaciones a los ayuntamientos. En aquel caso, muchos municipios afectados por la catástrofe tardaron meses en recibir los fondos necesarios.

"Nuestra postura es que cualquier tipo de medida que alivie la carga de los ciudadanos es bienvenida, pero necesariamente debe ir acompañada de una agilidad en las transferencias que hasta ahora no se ha visto", señalan. Especialmente porque las tesorerías de las entidades locales esperaban recibir ya esos ingresos para cerrar el ejercicio anual.

A. Pérez Meca / Europa Press

Como se ha señalado, la recaudación del IBI representa de media del 25% al 30% de los ingresos tributarios municipales, siendo el recurso más estable y de mayor volumen en la mayoría de las localidades. En municipios pequeños, como muchos de los afectados, este porcentaje puede ser aún mayor, debido a la menor diversificación de fuentes de ingresos.

Sin este impuesto, las administraciones locales corren el riesgo de no poder hacer frente a los pagos de nóminas, proveedores y otros compromisos básicos de su presupuesto anual. Esto se traduce en una vulnerabilidad financiera importante, que puede obligar a los ayuntamientos a solicitar créditos o a reducir servicios si el Estado no interviene con la rapidez necesaria.