Las tareas para reformar el Estatuto de los Trabajadores y convertirlo en el Estatuto del Trabajo del Siglo XXI comenzarán en las próximas semanas, cuando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convoque a la comisión de expertos. El objetivo es adaptarlo a la realidad laboral de este siglo y seguir corrigiendo los problemas del mercado laboral, como la parcialidad indeseada, para lo que forzará a las empresas a ofrecer empleos a jornada completa.
La tasa de parcialidad, resultado de dividir el número de ocupados a tiempo parcial y el número total de ocupados, se situó en el 12,6% en el tercer trimestre de 2023, según el último dato conocido de la Encuesta de Población Activa (EPA). En España, 2.677.200 personas tenían un contrato parcial entre julio y septiembre, y de esa cifra, el 47,6% se había contentado con esta relación laboral porque no encontraba un empleo a jornada completa.
Yolanda Díaz quiere aprovechar la reforma del Estatuto de los Trabajadores para reducir la parcialidad indeseada y garantizar que las personas puedan acceder a contratos a tiempo completo. Entre los muchos debates que vienen por delante, la ministra de Trabajo ya ha puesto el foco en el artículo 12 de la ley, donde viene recogida la contratación a tiempo parcial y la realización de horas complementarias.
Durante su comparecencia este lunes en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, la vicepresidenta segunda expuso que la tasa de parcialidad se redujo un punto porcentual, hasta ese 12,6% en la última EPA, el nivel más bajo desde 2010, si bien todavía "queda muchísimo por hacer".
"Hay muchísimos aspectos de la reforma del Estatuto de los Trabajadores que son importantes. Uno de los preceptos clave es el artículo 12, que tiene que ver con el tiempo parcial", avanzó en su exposición.
En comparación con los datos europeos, España presenta uno de los pocos resultados en material laboral que resultan, a priori, favorables. En 2022, la tasa de parcialidad de los Veintisiete estaba en el 17%, mientras que la de España se situaba cuatro puntos porcentuales por debajo, en el 13%.
Sin embargo, para Díaz no existe complacencia ante este porcentaje. Para la ministra de Trabajo, el problema no es tanto la tasa de parcialidad española como la parcialidad no deseada.
Vista general durante la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad y Migraciones del Congreso de los Diputados.
"Podría conformarme y presumir de tener la tasa en un nivel en el margen europeo. No es verdad y es que la singularidad que tiene nuestro país es que el trabajo parcial no es voluntario", agregó.
En España, 1.283.000 personas trabajaban a tiempo parcial en el tercer trimestre por obligación, al no haber podido encontrar un empleo a jornada completa. Esa cantidad equivale al 47,6% respecto al total de personas contratadas a tiempo parcial.
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Las cifras de parcialidad, tanto total como indeseada, se han reducido respecto a los datos prepandemia. En el tercer trimestre de 2019, 2.789.200 ocupados trabajaban de forma parcial y, de ellos, el 52,48% lo hacía así porque no había encontrado un trabajo a tiempo completo. El porcentaje de personas con un contrato parcial por obligación se contrajo 4,88 puntos porcentuales entre 2019 y 2023.
La ministra de Trabajo también apuntó en su intervención que las mujeres son las más afectadas por la contratación a tiempo parcial. El 72,9% de los asalariados a tiempo parcial en el tercer trimestre de 2023 eran mujeres, el equivalente a 1.951.900 trabajadoras. De esa cantidad, 912.500 no habían encontrado una oferta a jornada completa.
Modificación del despido
Además de la modernización del Estatuto de los Trabajadores, el acuerdo del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar también incluye la modificación del despido. De hecho, este aspecto aparece recogido como parte de los "contenidos imprescindibles" de la reforma del Estatuto.
El Ejecutivo está a la espera de conocer la resolución a la denuncia presentada por UGT contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el precio del despido. El sindicato espera que el Comité se pronuncie a lo largo de este semestre, aunque los planes de Díaz para modificar el despido son más urgentes.
"No vamos a esperar a que el Comité o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelvan", señaló durante su comparecencia en la comisión del Congreso.
La ministra de Trabajo defendió, también, que la reforma laboral no tocó el despido "porque no había acuerdo en el seno del Gobierno", en la coalición formada entonces por PSOE y Unidas Podemos. "Ahora sí, y vamos a hacer la acomodación a la legislación europea", prometió Díaz.
Trabajo avanzará en esta legislatura en que el despido sea reparativo y disuasorio, para que España deje de ser "una anomalía" en la fijación establecida "de un número de días con carácter indemnizatorio". Asimismo, Díaz advirtió a las empresas que "no hay que despedir", puesto que la reforma laboral dio "muchas alternativas al despido".