La demanda por el precio del despido, presentada por UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, "está vista para sentencia". El sindicato espera conocer la decisión final "antes de que cierre el año" y confía en que ocurra en diciembre, como han indicado desde la organización sindical a EL ESPAÑOL-Invertia.
Si se cumplen esos plazos, la resolución llegará incluso antes de lo que esperaban en UGT. El sindicato presentó la denuncia por el precio del despido en marzo de 2022 y contaba con conocer el pronunciamiento del Comité en marzo de 2024.
"Ya hemos hecho las alegaciones, queda la decisión sobre el fondo. Esperamos que ocurra antes de que acabe el año, no tendría sentido que se alargue más. Lo esperábamos para marzo de 2024, pero dejamos todo cerrado a finales de junio y tomó velocidad de crucero", comentó a este periódico el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján.
Confianza en la resolución
La denuncia de UGT por el precio del despido no es la primera que estudia el Comité Europeo de Derechos Sociales. Antes del caso de España, también analizó los de Francia e Italia.
El Comité Europeo de Derechos Sociales dio la razón a los sindicatos franceses y dictaminó que la limitación de las indemnizaciones concedidas a los trabajadores en caso de despido injustificado constituían una "violación" del artículo 24 de la Carta Social Europea.
Sin embargo, UGT se fija más en el caso italiano, "con sistema muy similar al español", como precisa Luján. "El Tribunal Constitucional italiano incorporó la tesis del Comité Europeo de Derechos Sociales", añade el vicesecretario general de Política Sindical de UGT.
Con estos precedentes, en el sindicato liderado por Pepe Álvarez están convencidos de que el Comité les dará la razón y admiten que "sería una decepción" si ocurriera lo contrario.
Disuasorio y resarcitorio
UGT denunció a España por incumplir el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ambos relativos al despido.
La denuncia llegó después de la aprobación de la reforma laboral, que dejó el despido fuera de las negociaciones para lograr el acuerdo con la CEOE y el Gobierno. Pese a ceder en ese punto, los sindicatos, tanto UGT como CCOO, insistieron en que ese fleco no podía quedar suelto y debería tratarse en futuras conversaciones.
De forma paralela, UGT llevó el despido a Estrasburgo, al entender que en España no era disuasorio pero, sobre todo, no era resarcitorio. Más allá de la indemnización de los 33 días por año trabajado, efecto disuasorio, el sindicato echa en falta el efecto resarcitorio.
Luján precisa que la compensación debe atender a la gravedad y a los daños a la persona trabajadora. "No tiene que ver con colectivos determinados, tiene que ver con la persona en concreto", advierte el portavoz de UGT, para adelantarse a las críticas.
El secretario general y el vicesecretario general de Política de UGT, Pepe Álvarez (d), y el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján (i).
Algunas voces, sobre todo empresariales, cuestionan la parte resarcitoria y alegan que frenará la contratación de determinados colectivos, como las mujeres. Luján rechaza esos planteamientos y sostiene que ese sesgo no existirá, y que serán los jueces quienes evalúen los daños causados al trabajador.
Si el Comité Europeo de Derechos Sociales falla a favor del sindicato, su resolución sería ley. Esto haría que fuera directamente aplicable en la legislación española. No obstante, Luján cree que "lo más inteligente" sería llevarlo al diálogo social.
Oposición del Gobierno
Las alegaciones presentadas por el Gobierno ante el Comité Europeo de Derechos Sociales sorprendieron en el sindicato, por las dos versiones del discurso del Ejecutivo.
El Gobierno alegó que el sistema español de protección al trabajador despedido de manera ilícita cumple con lo dispuesto en el Artículo 24, ya que le provee "de una indemnización adecuada" y, además, articula "un mecanismo de reparación que resulta apropiado" para compensar por los daños causados y disuadir al empresario de acudir a la vía del despido.
El Ejecutivo también sacó pecho de la reforma laboral y recalcó que la estabilidad en el empleo y la reducción de la temporalidad daban mecanismos de flexibilidad interna para evitar los despidos.
UGT tampoco ocultó su estupor ante la posición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ahora en funciones, que en sus declaraciones siempre se había mostrado partidaria de revisar el coste del despido, al contrario de lo presentado a Estrasburgo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz.
Además, el Gobierno respondió en sus alegaciones que un despido resarcitorio "afectaría a las decisiones de contratación de las empresas, que tratarían de minimizar el riesgo de afrontar una indemnización mayor, optando por contratar preferentemente a colectivos que no tuvieran asociados esos mayores costes".
Las posiciones de la CEOE fueron similares a las del Gobierno. La patronal presentó sus alegaciones a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y coincidieron en que la legislación española ya es lo suficientemente disuasoria ante el despido injustificado.
Los empresarios también instaron al Comité Europeo de Derechos Sociales a desestimar 'in integrum' la demanda de UGT.