El Gobierno ha terminado el año casi empezando la legislatura, entre tareas pendientes del mandato anterior, interrumpido por el anticipo de las elecciones, y compromisos todavía por cumplir con Bruselas. Eso implica urgencias, negociaciones y reales decretos leyes para cerrar 2023. El 2024 tampoco se presenta calmado, al menos para el Ministerio de Trabajo y Economía Social, donde la lista de deberes abarca desde la reducción de la jornada laboral, pasando por la modificación del despido, hasta la renovación del Estatuto de los Trabajadores, que se extenderá más allá del próximo ejercicio.
Por el momento, en la cartera de Yolanda Díaz no hay prisas. Aprobada ya la reforma de los subsidios por desempleo, la prioridad es fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2024. Después, ya habrá tiempo de abordar los puntos recogidos en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.
Uno de los "aspectos capitales", como lo definió el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey en una rueda de prensa, será la reducción de jornada. El compromiso del Ejecutivo es que el máximo de horas semanales pase de las 40 que recoge el Estatuto de los Trabajadores a 38,5 horas a la semana en 2024 y a 37,5 horas en 2025.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Rey, en una imagen de archivo.
"Una vez convocado el diálogo social, procederemos a establecer un proyecto, una disposición legal que nos permita hacer frente a ese compromiso central. No se trata de que entre inmediatamente en vigor", adelantó Pérez Rey.
Hasta ahí, todas las pistas que ha desvelado el Gobierno sobre la rebaja de las horas semanales: se hará con diálogo social y aún no hay fecha para su aplicación.
Tiempo de vida
La agenda de 2024 tampoco se ha estrenado todavía, al menos para citar a los sindicatos y a la patronal para abordar esta cuestión, como informan diversas fuentes negociadoras a EL ESPAÑOL-Invertia. Sin embargo, confían en que se trate pronto.
"Va a ser uno de los primeros temas de 2024 en diálogo social. Creemos que va a ser la siguiente materia", comenta a este periódico la secretaria de Acción Sindical de UGT, Patricia Ruiz.
La negociación no se presenta fácil. Díaz quiere que esta sea la legislatura "del tiempo de vida" y eso implica dedicarle menos horas al trabajo. La vicepresidenta segunda es firme defensora de que más presencialidad y más carga horaria no es sinónimo de más ni mejor productividad y propone sentarse a estudiar la rebaja de la jornada "con inteligencia".
Los empresarios también ponen el foco en la productividad, aunque desde una perspectiva distinta a la de la ministra de Trabajo. La patronal avisa de que este indicador lleva años en declive y advierten de que trabajar menos horas con el mismo sueldo no ayudará a remontar.
(I-D) El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
Pese a sus reticencias de partida, CEOE y Cepyme no se oponen como tal a la reducción de la jornada laboral. No obstante, son más partidarios de que se haga sector a sector, en las mesas de negociación de sus convenios colectivos, donde ya se están pactando horarios por debajo de esas 38,5 horas semanales, que en una mesa de diálogo social nacional.
Los sindicatos coinciden en que el paso de las 40 horas a las 38,5 horas semanales no puede hacerse por igual en todos los sectores. "No hay una sola fórmula, no va de jornada de cuatro días sí o no", dijo el secretario general de CCOO, Unai Sordo, cuando se conoció el acuerdo de Gobierno. El líder sindical remitió al diálogo social y a la negociación colectiva para encarar la reducción de jornada durante los próximos años.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (c), firma con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo (i) y de UGT, Pepe Álvarez (d), en una imagen de archivo.
Las conversaciones entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos no serán fáciles. "Hay mucha tela que cortar", apunta la secretaria de Acción Sindical de UGT a EL ESPAÑOL-Invertia. El paso que quiere dar el Gobierno no es tan sencillo como restar una hora y media semanal al máximo de la jornada de trabajo, sino ver cómo se distribuye.
"Queremos hablar de la jornada anual, porque la distribución es muy irregular según el sector y la empresa. Queremos hablar de la jornada anual y de cómo se va a aplicar, de los convenios que ya están en marcha...", añade Ruiz, sin perder de vista que el objetivo de UGT es llegar al máximo de 35 horas semanales a lo largo de la legislatura.
Estatuto de los Trabajadores
Díaz eligió un día de especial simbolismo para el trabajo, el 1 de mayo, para anunciar la "gran reforma del derecho laboral". Era 2022 y la vicepresidenta segunda ya pensaba en modernizar el "viejo estatuto del siglo XX" que tenía "tintes autoritarios".
En abril de 2023, la ministra de Trabajo pronosticaba que antes de que acabara la legislatura iniciaría el camino hacia el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. La convocatoria anticipada de las elecciones truncó sus planes y tuvo que postergarlos hasta este nuevo mandato.
"Culminaremos un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que articule una red básica de derechos para todos aquellos que prestan actividades profesionales, desde los autónomos hasta los cooperativistas, y un desarrollo del trabajo por cuenta ajena que incorpore expresamente la transición digital, incluido el gobierno de los algoritmos, y la transición verde, a través de fórmulas de negociación colectiva que garanticen la sostenibilidad", recoge el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.
El futuro Estatuto también recogerá, según lo pactado entre ambas formaciones, garantías frente al despido, refuerzo de la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral, más garantías para los trabajadores en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues o más información económica a disposición de los negociadores de los convenios colectivos de ámbito supraempresarial.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la marcha por el Día Internacional de los Trabajadores, a 1 de mayo de 2023.
El actual Estatuto de los Trabajadores data de 1980 y en estos más de 40 años "se ha ido reformando a golpe de parche", como explica a EL ESPAÑOL-Invertia la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala), Ana Gómez.
La profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Pontificia de Comillas, María José López Álvarez, precisa que en 2015 se hizo "un texto refundido, pero simplemente fue recolocar artículos" y respondía más a "cuestiones estéticas" para ordenar el Estatuto.
"No estaría de más hacer una actualización, hacer una reflexión de todas las reformas, y dar respuesta a cuestiones que se necesitan, además de algunos aspectos que nunca se han modificado y que necesitan una actualización", apunta a este periódico.
A la hora de diseccionar el Estatuto de los Trabajadores actual, López se fija en el Título II, relativo a la representación de los trabajadores en la empresa, que "no se ha tocado nunca".
"Es obsoleto, ya no responde a la actualidad. Hay que darle una vuelta, revisar o regular, no es que haya que dejar nada fuera, pero hay que pensar si la representación de los trabajadores sigue siendo válida para las empresas que tenemos ahora mismo", plantea.
Gómez observa una situación similar y recalca que el Estatuto de 1980 deja fuera muchas "realidades sociales y jurídicas" actuales, como los derechos de privacidad, la protección de datos, la inteligencia artificial, el trabajo en plataformas o las nuevas formas de trabajo.
Ambas expertas coinciden en que es beneficioso revisar el texto y proporcionar seguridad jurídica a las nuevas realidades del mundo del trabajo, pero piden que se haga bien. El temor es que el futuro Estatuto de los Trabajadores se apruebe por Real Decreto-ley.
"Una actualización del Estatuto es una reforma de suficiente calado como para no hacerla por Real Decreto-ley. Se requiere consenso con los grupos políticos y los agentes sociales, ofrecer el texto sobre el que se va a trabajar, hablarlo, negociarlo", avisa López.
Para la profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, la actualización del Estatuto exige diálogo y cree que "no debería hacerse si no cuenta con un consenso amplio". "No es la Constitución, pero es la norma que regula las relaciones laborales", subraya.
La presidenta de Asnala también recela de la utilización del Real Decreto-ley para renovar la norma. "Nos tememos, y ojalá que no sea así, que se haga por Real Decreto-ley. Este tipo de textos deberían pasar por el diálogo social y Consejo Económico y Social (CES), que atemperan, estudian muy bien y van a dar seguridad jurídica", propone.
También advierte de que una reforma de este calado, si se hace a través del diálogo social, requerirá de un proceso largo, que podrá prolongarse "una legislatura entera".