Los funcionarios comenzarán enero sin variaciones en su nómina. Los empleados públicos tienen pendiente en este 2023 una subida adicional del 0,5%, vinculada a la evolución del PIB nominal. Si este supera el 2,1% previsto para el cierre de este año, se les aplicará ese incremento salarial del 0,5%, equivalente a unos 180 euros anuales de media. Sin embargo, el dato no se conocerá hasta el 26 de marzo de 2024.
Tampoco recibirán, de manera inmediata, el aumento fijo del 2% para 2024, pactado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, CCOO y UGT en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. El texto también recoge otra alza opcional del 0,5% vinculado al IPC el próximo ejercicio.
El último Consejo de Ministros de este año dejó fuera del decreto ómnibus estas cuestiones. No obstante, fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública confirman a EL ESPAÑOL-Invertia que "se cumplirá con el acuerdo" y, una vez que se apruebe, "tendrá efecto retroactivo".
0,5% adicional
Pese a la espera para confirmar el dato del PIB de 2023, no existen dudas sobre la aplicación del 0,5% de incremento salarial. El Acuerdo entre Función Pública y los sindicatos, firmado en 2022, recoge un crecimiento del PIB del 2,1% para este año.
En su última actualización del cuadro macroeconómico, en octubre, el Gobierno pronosticaba "una previsión prudente de crecimiento económico del 2,4%" para 2023. Ese porcentaje da por descontado que los funcionarios conseguirán su mejora salarial pendiente.
Una hoja de la prueba de las oposiciones para diferentes cuerpos de la Administración General del Estado (AGE).
Sólo falta "esperar al dato definitivo", como apuntan desde el Ministerio de María Jesús Montero. La confirmación oficial llegará el 26 de marzo, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique la estadística de Contabilidad Nacional correspondiente al cuarto trimestre del 2023, o lo que es lo mismo, el PIB.
La espera del Gobierno para aprobar las subidas salariales no ha sido bien recibida en CCOO. El sindicato esperaba que las mejoras retributivas quedaran incluidas en el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros del miércoles, el último del año.
"Está suficientemente justificada la urgente necesidad de un Real Decreto-ley que contemple los incrementos retributivos, como ya ocurrió en el 2018 con este mismo Gobierno", reclamó CCOO en un comunicado.
En UGT no preocupa tanto la demora. La secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, señala que "hay que esperar a que salga el dato" del PIB de 2023 y el aumento "se hará efectivo".
Funcionarios de la Agencia Tributaria.
"El cumplimiento del pacto retributivo no ha tenido un sólo problema desde que se firmó y entendemos que este tampoco lo va a tener", asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia.
Los empleados públicos han tenido este 2023 una subida salarial fija del 2,5% y una adicional del 0,5% correspondiente a la inflación, cuando se confirmó que la suma del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de 2022 y dato del IPC adelantado de septiembre de 2023 superaba el 6% firmado en el Acuerdo. La mejora retributiva comenzó a aplicarse en noviembre, con efecto retroactivo desde enero, y tuve un coste total de 791 millones de euros.
2% en 2024
Aunque era sólo una posibilidad, los sindicatos confiaban en que el Gobierno decretara la subida salarial de 2024 en el último Consejo de Ministros del año, de manera que los empleados públicos pudieran empezar 2024 con incrementos retributivos.
El precedente de 2018 no es necesariamente aplicable a la actualidad. En aquella ocasión, se estaban prorrogando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda con el popular Mariano Rajoy, que pervivieron hasta 2021, cuando el país estrenó unos nuevos PGE.
Esta vez, los PGE de 2023 se han prorrogado de forma coyuntural, ya que la convocatoria de elecciones y la formación de Gobierno han impedido dejar listos unos presupuestos para el próximo ejercicio. La diferencia ahora, respecto a 2018, es que el Consejo de Ministros ya ha aprobado el techo de gasto y la senda de estabilidad y el Ejecutivo confía en tener los PGE en el primer trimestre del año.
Los sindicatos entienden lo que esto implica. "Si no se recogen las cantidades que hay que abonar en un Real Decreto-ley, habría que esperar, efectivamente, a que se aprobaran los PGE y luego abonar las cantidades con carácter retroactivo", precisa el coordinador del Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, a EL ESPAÑOL-Invertia. Araque, desde UGT, insiste en que "no está en peligro ni el 2% de 2024 ni el 0,5% de 2023".
Acuerdo Marco
El Acuerdo firmado entre Función Pública, CCOO y UGT en 2022 pactaba una subida salarial fija del 8% entre 2022 y 2024, que podía alcanzar el 9,5% en el mismo periodo, en función de las variables contempladas en las cláusulas de revisión.
Además de las cuestiones retributivas, los sindicatos consiguieron del Gobierno la promesa de recuperar las 35 horas semanales de jornada laboral. También la clasificación profesional o la implantación del grupo B en la clasificación de cuerpos y escalas, entre otras cuestiones.
A punto de empezar 2024, y con ese año como límite del Acuerdo, Araque admite que "quedan cuestiones pendientes". "Se tienen que cerrar en 2024, no hay motivo para no hacerlo", recalca.
En enero, los sindicatos y el Gobierno seguirán abordando estas cuestiones. "Hay compromiso de terminar de negociarlos y de ponerlos en marcha en el primer cuatrimestre de 2024", afirma Muñoz, de CCOO.