El principio de acuerdo alcanzado este viernes entre Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, y los sindicatos para aprobar el Estatuto del Becario no ha gustado ni a los rectores ni a las fundaciones Universidad-Empresa, que consideran que supone una "amenaza" al modelo de prácticas vigente y podría provocar que más de un millón de estudiantes universitarios y de formación profesional (FP) no acaben su formación.

El viernes por la tarde se conoció que el Gobierno había alcanzado un principio de acuerdo con UTG y CCOO para aprobar el Estatuto del Becario antes de las elecciones generales del 23-J, al que no se ha sumado la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) después de más de un año de negociaciones entre las partes.

En un comunicado, la red de Fundaciones Universidad Empresa (Redfue), una organización a la que están adherida 43 Universidades españolas y más de 15.000 empresas, ha mostrado su oposición "frontal" a la legislación que quiere aprobar el Ministerio de Trabajo "sin el apoyo de la comunidad educativa ni de los empresarios".

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La organización advierte de que si el texto acordado entre el Ejecutivo y las formaciones sindicales se aprueba en Consejo de Ministros y entra en vigor "más de 1.150.000 estudiantes universitarios y de formación profesional (650.000 de la Universidad y 500.000 de FP) se podrían quedar sin poder realizar prácticas y no podrán finalizar sus estudios".

Además, añade que 83 Universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrán cumplir con su plan de estudios y recuerda que el 65% de las prácticas afectadas por el Estatuto del becario se realiza en las Administraciones Públicas y no en las empresas.

Sin consenso

"La Red de Fundaciones Universidad Empresa considera que es un error legislar 'in extremis', sin consenso, y sin haber escuchado a la comunidad educativa, a la que no se ha permitido formar parte del diseño de una normativa académica de carácter puramente formativo", denuncia Redfue.

A este respecto, apunta que otros actores relevantes de la comunidad educativa como el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Educación, la Conferencia de Rectores, la Conferencia de Consejos Sociales y el Consejo de Estudiantes también han mostrado su rechazo al texto y lamentan que ni siquiera se haya podido debatir.

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Asimismo, avisa de que será "una legislación inaplicable", como lo es ya la relativa a la cotización de los becarios a la Seguridad Social, que ha visto cómo las universidades y los ministerios de Universidades y Educación están pidiendo una moratoria por la imposibilidad de ponerla en marcha.

"Desde los propios Ministerios ya se han puesto en contacto con las universidades para comunicarles que, si ellas no se hacen cargo del pago a la Seguridad Social y de la gestión de la misma, no acogerán estudiantes en prácticas. Es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Exteriores", subraya. 

(I-D) El secretario general de CCOO, Unai Sordo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Por su parte, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) considera que el último borrador del Estatuto del Becario constituye "una amenaza para el modelo de prácticas vigente en el sistema universitario español" y pone "en serio peligro" la continuidad de las plazas que necesita el sistema.

Por ejemplo, se muestran en contra de medidas como la compensación obligatoria de gastos y la inclusión de los estudiantes en prácticas en la Seguridad Social sin, al menos, dejar tiempo a las universidades para su aplicación. Y también advierte de los perjuicios que todo ello va a producir al estudiantado.

Regulación

Por otro lado, Redfue apunta que en España la regulación de las prácticas externas de los estudiantes de formación profesional y universitarios ha sido abordada en diferentes ocasiones, por diferentes normas y con diferentes denominaciones. Pero incide en que siempre ha sido diseñada desde el ámbito de la formación, "nunca desde el ámbito laboral".

En este sentido, defiende que las prácticas que se realizan en empresas, instituciones, en los propios centros formativos o en entidades públicas y privadas, en el ámbito nacional o internacional, contribuyen a la formación integral del estudiantado y son una actividad exclusivamente académica de carácter formativo.

CRUE también "discrepa abiertamente" de la forma en que se ha negociado porque supone en las prácticas un contenido jurídico-laboral del que carecen. "Las prácticas de estudiantes universitarios son un asunto estrictamente académico y no entendemos por qué razón sindicatos y patronal tienen que pactar su régimen jurídico", incide.

A este respecto, los rectores aclaran que en ningún momento se cuestiona su capacidad y la del Ministerio de Trabajo para fijar la frontera entre lo que son prácticas académicas y lo que no lo son por configurar un verdadero y propio contrato de trabajo.

"Pero, una vez establecida esa frontera, nada tienen ya que disponer sindicatos y patronal respecto del régimen jurídico de las prácticas académicas. Eso es un asunto exclusivamente académico cuya competencia reguladora recae en el Ministerio de Universidades y en las propias universidades", afirman.

Por otro lado, Redfue resalta que con la nueva normativa que pretende aprobar el ministerio de Trabajo "no se resuelve el problema de la escasez de oferta de prácticas formativas", ya que el sistema educativo no cuenta con un número suficiente de prácticas externas formativas y de calidad para dar respuesta a la demanda que realizan las universidades y la FP.

"De hecho, hay dificultades para encontrar prácticas externas formativas y de calidad y, por ello, es imprescindible incrementar el número de entidades colaboradoras (Administraciones Públicas, empresas y entidades del tercer sector) que estén dispuestas a ofertar prácticas externas donde su colaboración es crítica", agrega.