Escrivá ha armado un mecanismo semiautomático para corregir incrementos en el gasto no proyectados a través de las pensiones. Si esto sucede, y no se logran consensos en el Pacto de Toledo ni en el Diálogo Social para aprobar medidas, habrá una subida progresiva y proporcional de las cotizaciones sociales. 

"La norma incorpora un mecanismo de verificación del cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad, a partir de las proyecciones de los informes trianuales de Envejecimiento de la Comisión Europea", indicó el ministro en la presentación que mostró a los diputados durante su intervención ante el Pacto de Toledo.  

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"En caso de que la proyección del gasto registre una desviación significativa", se encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un análisis de medidas a aplicar. 

Sin embargo, estas medidas correctoras se han de pactar con sindicatos, patronal y los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo. Si esto no ocurriera, vendría la subida de cotizaciones. 

"En ausencia de acuerdo en torno a esas medidas, el sistema responde con más recursos". Concretamente, con una "subida progresiva y proporcional de las cotizaciones sociales para corregir en el medio plazo la desviación identificada respecto del umbral de sostenibilidad". 

Estas subidas se sumarían a las que ya hay proyectadas dentro de la reforma de las pensiones: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (un recargo en la cotización que se elevará antes de que termine la década al 1,2%), el destope de las cotizaciones máximas y la cuota de solidaridad (por la que los salarios más elevados tendrán que cotizar lo que corresponda). 

José Luis Escrivá, en el Congreso de los Diputados, este miércoles. Ricardo Rubio / Europa Press

Pero podría haber cambios futuros. Pese a que el Gobierno aprueba este jueves el correspondiente real decreto ley con la reforma para que entre en vigor de forma inmediata, José Luis Escrivá explicó a los parlamentarios que está dispuesto a que se convalide y se tramite como proyecto de ley en el Congreso para introducir enmiendas. 

Con la aprobación del decreto ley, el Gobierno culminará la reforma de las pensiones, un conjunto de medidas cuya primera pata se aprobó en 2021 y que es la que ha incluido la revalorización de estas prestaciones con el IPC, medidas para mejorar los incentivos para demorar la jubilación y combinarla con un salario y cambios en la jubilación anticipada. 

También abordaron medidas que poco a poco se han desarrollado, como el fondo público de pensiones y los planes de pensiones de empleo. 

La segunda pata de la reforma, que es la que se está terminando de cerrar, es precisamente la que viene a amarrar la sostenibilidad del sistema de pensiones, una de las principales reclamaciones de Bruselas, sobre todo de cara a la jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia y con prestaciones más elevadas. 

El Gobierno quiere solventar este problema, básicamente, con un incremento progresivo de los ingresos por cotizaciones, que será principalmente abonado por las empresas.

Por un lado, va a destopar las bases de cotización máximas a partir de 2024 hasta 2050, de manera que suban al menos un 31%. Y ello sin contar el IPC.

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A esto hay que sumar lo que se ha venido a llamar la cuota de solidaridad. Se trata de una tasa que pagarán las empresas sobre "la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización", indican desde Seguridad Social. 

Se comenzará a abonar en 2025, y será del 1%. Irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045.

Queda el recargo de cotizaciones efectuado por el Mecanismo de Estabilidad Generacional (MEI), que es abonado en un 86% por las empresas. 

Para esta medida, que tiene como objetivo nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social de cara a las pensiones de los babyboomers, se prevé ampliar su aplicación hasta 2050 y pasar el sobrecargo en las cotizaciones de los 0,6 puntos porcentuales actuales a 1,2 puntos porcentuales en 2029, a un ritmo de una décima de subida por año. 

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Con estas medidas completamente desplegadas, el Gobierno espera obtener unos ingresos adicionales para la Seguridad Social correspondientes al 1,2% del PIB, que a día de hoy equivale a unos 15.000 millones de euros anuales. Sumado a la parte de la reforma de las pensiones ya aprobada (como la nueva jubilación anticipada y los incentivos para demorar el retiro), el Gobierno confía en amarrar la sostenibilidad de estas prestaciones. 

De hecho, gracias a estos ingresos, Escrivá no solo no plantea recortes, sino que propone mejoras. La ampliación del periodo de cómputo de las pensiones se queda para 2044, cuando será de 29 años, pero restando los 24 peores meses de cotización.

Seguridad Social argumenta que a los futuros pensionistas les beneficiará este periodo de cómputo, dado que tienen carreras profesionales irregulares. Hasta entonces habrá un sistema dual que combinará esta opción con el plazo actual de 25 años. Los cotizantes podrán elegir la opción que más les beneficie para su pensión.

No es la única mejora que incluyen las nuevas pensiones: habrá incrementos para las pensiones mínimas contributivas y no contributivas (con indicadores que se tendrán que cumplir en 2027). De hecho, los jubilados con la prestación más baja cobrarán 1.200 euros mensuales dentro de cuatro años, según los cálculos de CCOO.