Con un tono sosegado, fueron varias las voces empresariales que reclamaron al Gobierno otro clima institucional con menos "intervencionismo" y un sistema fiscal "más equitativo", además de una mayor colaboración pública para que el daño reputacional al sector privado no sea el golpe definitivo a la recuperación económica que está en riesgo por las consecuencias de la guerra en Ucrania.

El sentir general de los empresarios españoles lo resumió el anfitrión del evento y presidente de la Fundación CEDE, Isidro Fainé, cuando afirmó que "las empresas no somos el enemigo a batir. Somos parte de las posibles soluciones".

[Fainé: Las empresas no son el enemigo a batir, somos parte de las soluciones]

Foment del Treball, que preside Josep Sánchez Llibre, considera que el nuevo impuesto es "inmoral, populista y demagógico". La patronal catalana ha expresado su "preocupación ante las consecuencias que puede tener este tributo, expulsando los patrimonios individuales y perjudicando la creación de riqueza" y que "puede hacer muy mal a España sin obtener ningún beneficio".

Pero no fueron los únicos en referirse a este asunto. Desde la CEOE, Antonio Garamendi, aprovechó este foro celebrado en Baracaldo (Bilbao) para pedir que cese el "señalamiento" que padecen los empresarios.

El presidente de la patronal calificó de "gravísimo" el daño a la estabilidad económica que están haciendo los mensajes del Gobierno en un entorno de grandes incertidumbres económicas como el actual.

"No podemos ir a hablar a los fondos internacionales y a la vez atacar directamente a dos presidentes de compañías españolas. Una de las 10 mujeres más influyentes del mundo y un líder de la European Round Table", afirmó Garamendi, en referencia a Ana Botín e Ignacio Sánchez Galán.

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El presidente de la CEOE reivindicó el "efecto tractor" de las grandes empresas y criticó la inconsistencia de pedir a las empresas que crezcan para luego atacarlas cuando son grandes.

El presidente de la Fundación CEDE, Isidro Fainé, con el rey Felipe VI.

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, apoyó el mensaje de Garamendi y reivindicó el clima de entendimiento de la Constitución del 78 para salir de esta crisis. Además, recordó que el ánimo de los empresarios es vital para que la economía prospere.

Fainé, Bonet y Garamendi no fueron los únicos en expresar públicamente su preocupación por esta deriva. Desde el sector financiero, el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, advirtió que uno de los grandes retos de la banca pasa ahora por mejorar su imagen. "La sostenibilidad de un sector pasa porque la sociedad vea que eres necesario", afirmó.

Mucho más duro fue el presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, que criticó la estrategia del Gobierno de cargar sobre los hombros del sector la responsabilidad de deficiencias del sistema que no corresponden a la banca.

"No hay nada peor que la asignación pública y arbitraria de responsabilidades que no les corresponden a un sector", afirmó en referencia a polémicas como la de la España vaciada.

Valor para la sociedad

La repercusión que ha tenido el giro a la izquierda de Sánchez en la reputación de las empresas también salió a relucir en un debate sobre energía entre el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés.

"No se habla de las empresas en los términos que sería esperable. Somos compañías que generamos mucho para la sociedad", advirtió Reynés.

De este modo, a lo largo de la jornada -en la que también participaron otros ejecutivos como el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, o el presidente de BlackRock, Larry Fink,- se pudo comprobar cómo la preocupación de los líderes empresariales por el discurso 'antiempresa' del Ejecutivo es muy alta.

Una situación que contrasta con la de hace un año, cuando la misma Fundación (que forma parte de la Fundación del Patronato de la Fundación Bancaria la Caixa y de Criteria Caixa) reunió en Córdoba a altos directivos en una jornada en la que estuvo presente la vicepresidenta del Ejecutivo, Nadia Calviño. Era un momento en el que había debates abiertos, como el de la reforma laboral, pero las relaciones con el Gobierno no eran tan tensas.

Fiscalidad

Desde que Pedro Sánchez formalizó su cambio político y comenzó a confrontar con los empresarios, el distanciamiento entre el mundo de la empresa y el Ejecutivo ha ido creciendo. 

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Las palabras del presidente del Gobierno achacando a las empresas su caída en los sondeos y la pérdida de peso del PSOE en Andalucía fueron el preludio del impuesto a las eléctricas y a los bancos que anunció en el Congreso y de la ofensiva contra otras figuras tributarias, como el impuesto de Patrimonio.

De hecho, mientras se celebraban las jornadas de CEDE en Bilbao, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentaba su plan tributario para subir los impuestos a las grandes fortunas.

Sin embargo, pese a la preocupación que esta deriva fiscal ha desatado, los empresarios no están adoptando un discurso público agresivo frente al Ejecutivo. Al contrario, lo que reclaman es "colaboración".

En todo caso, Fainé aprovechó su intervención para reclamar "un sistema tributario que sea estimulante, eficiente y equitativo en toda España y no solo en algunas autonomías".

Más preocupación

En privado, los empresarios sí expresan su preocupación por esta deriva en la que "no se premia el mérito, ni el esfuerzo". Una estrategia gubernamental que califican de "populista". 

Si las subidas de impuestos duelen a las empresas, más dañino es para ellas el impacto en imagen del ataque de los poderes públicos. En ese sentido, fuentes empresariales ponen el ejemplo de Bruselas, donde la Comisión Europea también ha anunciado subidas fiscales, pero con unas formas muy diferentes.

Garamendi se refirió a las subidas de impuestos españolas al ser preguntado por los periodistas que acudieron al acto en Bilbao. En concreto, advirtió que si el Ejecutivo quiere negociar un pacto de rentas, tendrá que tener en cuenta el esfuerzo que está pidiendo a las empresas con más impuestos y el pago de más cotizaciones sociales.

Además, afirmó que es "poco serio" el modo en el que se está abordando en España el debate fiscal.

También se refirió al intervencionismo y al "tope de los precios", una medida que criticó con dureza.

En esta línea, fueron varios los ejecutivos del Ibex 35 que mostraron su preocupación por la incertidumbre regulatoria que hay abierta en muchos frentes de la economía.