Un año y medio después, en diciembre de 2019, ese compromiso se incorporó de forma parcial al pacto de coalición que dio origen al actual Gobierno. El PSOE y Unidas Podemos acordaron dar marcha atrás en los "puntos más lesivos" de la reforma de 2012.

Desde entonces, se ha derogado que los trabajadores puedan ser despedidos por absentismo causado por bajas de enfermedad, se han abierto mesas de diálogo social para abordar los puntos más controvertidos del marco legal que aprobó el PP y la CEOE ha venido denunciando algunos intentos de abordar una reforma laboral "por la puerta de atrás".

Entre otros, se ha puesto sobre la mesa si se debe devolver a los sindicatos el peso perdido en la negociación colectiva (con la prevalencia de los convenios sectoriales, frente a los de empresa) y el futuro de la subcontratación tan extendida en España. También se cuestiona hasta dónde se deben mantener los mecanismos que se introdujeron en 2012 para dar flexibilidad al mercado de trabajo.

Los sindicatos están convencidos de que esas propuestas derivarán en acuerdos importantes, mientras en el mundo de la empresa se confía en que si se aprueban cambios, sean mínimos.

La 'flexiseguridad'

La reforma laboral de 2012 se asentó en un concepto que su impulsora, Fátima Báñez, bautizó como 'flexiseguridad'. Su idea era dotar a las empresas de más flexibilidad sin que los trabajadores quedaran desprotegidos.

Sin embargo, la oposición de entonces y los sindicatos consideraron que el nuevo marco laboral desequilibraba demasiado la relación de fuerzas entre el empleado y el empleador.

Ocho años después, la pandemia ha mostrado la cara más positiva del significado de 'flexiseguro' con los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo).

Aunque este mecanismo ya existía, en 2012 se agilizó al suprimir la autorización administrativa que las empresas tenían que pedir hasta entonces. Es decir, se pasó de un control ex-ante a un control ex-post. Y gracias a esa facilidad, en 2020, los ERTE se convirtieron en el salvavidas del empleo (al menos ante las estadísticas) durante la Covid-19.

Debate político

Tres años después y con España inmersa de nuevo en otra crisis económica, hay miembros del PSOE que consideran que fue un error demonizar la reforma laboral de Rajoy porque también incorporó elementos positivos.

Lo curioso es que en círculos del PP también se reconoce que como en toda reforma, hay aspectos que se pueden mejorar siempre que no afecten al núcleo: la 'flexiseguridad'. 

La temporalidad sigue siendo un lastre para nuestro mercado de trabajo, entre otros problemas estructurales que van más allá, como la falta de productividad y de formación. Por ello, medidas como la reducción del número de contratos o mejorar las políticas activas de empleo, podrían contar con el visto bueno del principal partido de la oposición.

Sin embargo, en una realidad paralela, la batalla política por la 'contrarreforma' se ha convertido en un lastre para el mercado de trabajo por el temor que existe entre las empresas y los inversores a que España cambie las reglas del juego con una regulación más rígida.

Mientras se enquista el debate, la economía española sigue arrastrando graves problemas con un paro juvenil del 39,53% (última EPA), un desempleo femenino que supera en casi dos puntos al masculino y una tasa de paro superior a la media europea.

"Los anuncios permanentes de cambios normativos generan inseguridad en las empresas porque resulta difícil ejecutar planes estratégicos de recursos humanos a corto y medio plazo. La confianza es clave para generar empleo", explica a este periódico el profesor de Derecho del Trabajo y presidente de Sagardoy Abogados, Íñigo Sagardoy de Simón.

La directora del programa de RRHH de EAE Business School, Esther González, ilustra la situación así: "En España, cada vez que cambia el color del Gobierno se retoca el marco laboral. Se hace con falta de perspectiva y recosiendo un vestido con parches. La pregunta es ¿regular tanto es útil?".

A la vista de los datos, podría no serlo. España es campeona de Europa -junto con Grecia- en paro juvenil. Pero, además, tiene una tasa de paro en este momento del 15,98%, frente al 6,5% de Portugal. Es decir, casi tres veces superior a la de este país pequeño con el que los españoles compartimos la Península Ibérica y al que superamos en renta per cápita.

"Los datos son escandalosos. ¿Por qué Portugal está en la media europea [8,1%] en tasa de paro y nosotros no?", se pregunta la profesora de EAE.

"Si atendemos al paro juvenil, la situación es desgarradora porque una tasa de paro del 40% entre los menores de 25 años es tener hipotecado nuestro futuro", añade.

El desempleo es, junto con la educación, un problema estructural en España que ha centrado el último informe de la OCDE sobre nuestro país.

El organismo con sede en París acaba de aconsejar al Gobierno de Sánchez mantener los puntos clave de la reforma laboral de 2012 porque considera que la flexibilidad ayudará a que las empresas generen empleo y acelerará la recuperación.

Cuando el PP aprobó su reforma laboral -bajo la lupa de Bruselas y el BCE-, España estaba sumida en una grave crisis económica que desembocó en el rescate financiero de junio de 2012.

Con el país sumido también en una crisis social, se decidió "abaratar el despido para acercar el coste de nuestras indeminizaciones al de otras economías", ya que en España era muy superior en relación a las rentas, recuerda González.

En un primer momento, reducir el coste del despido hizo que el paro aumentase porque las empresas adaptaron sus plantillas para sobrevivir.

Medio millón de empleos

Sin embargo, después permitió crear puestos de trabajo a un ritmo muy superior al de épocas pasadas. Se llegaron a generar más de medio millón de empleos al año.

Antes de la reforma de Báñez, España necesitaba crecer al 2,5% para empezar a crear puestos de trabajo y, después, creciendo por encima del 1%, ya se registraba empleo neto. Hasta que llegó la pandemia y se desplomaron todos los indicadores.  

Sin embargo, la reforma no consiguió zanjar algunos de los problemas que arrastra el mercado laboral español, como la precariedad o el paro juvenil. Mientras que con la temporalidad, si bien mejoró algunos datos, tampoco logró resolver el problema de forma contundente. 

Estos resultados explican que, mientras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue hablando en el Congreso de "derogar la reforma laboral", la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, acota los cambios a puntos concretos y hasta suspira con gestos que no ocultan su preocupación.

Como recordó este jueves la vicepresidenta en una rueda de prensa en la que compartió micrófono con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, el objetivo del Gobierno es "un nuevo acuerdo que nos permita avanzar".

Y aclaró que esto pasa por simplificar los contratos de trabajo para reducir la temporalidad, hacer de los ERTE un mecanismo permanente para dar más estabilidad laboral, adecuar el marco de las subcontratas y abordar la negociación colectiva. "Son las cuatro cuestiones en las que vamos a trabajar con los agentes sociales", zanjó Calviño.

Su propuesta no es compartida por Gurría, que considera que, entre otros, no debe tocarse la negociación colectiva. Pero los sindicatos dan prácticamente por hecho que se cambiará.

"No solo es que seamos optimistas, sino que las negociaciones de la reforma laboral están muy avanzadas en materia de prevalencia aplicativa del convenio sectorial frente al convenio de empresa, la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la reforma de Artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, sobre todo en lo referente al convenio colectivo de referencia para las personas que trabajan en actividades subcontratadas", explica a este diario la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente.

En su opinión, "estas medidas encajan en las exigencias europeas relacionadas con la reforma de la negociación colectiva y de lucha contra la dualidad". En CCOO, dan por hecho que estas medidas, entre otras, estarán publicadas en el BOE antes de fin de año.

Éxito del diálogo social

Quizás uno de los mayores éxitos de este Gobierno en materia laboral haya sido el conseguir fotos de acuerdo con los agentes sociales para medidas clave. Incluso para la subida del SMI adoptada antes de la pandemia en contra del criterio de la CEOE. Desde marzo de 2020, esos contactos se intensificaron para abordar la crisis económica derivada del coronavirus.

"En esta pandemia, los sindicatos y las organizaciones empresariales han estado dando respuesta a las necesidades que han surgido, con un nivel de acuerdo muy amplio y demostrando que somos capaces, no solo de alcanzar pactos, sino también de generar normativa laboral. En esto, tiene mucho que ver la posición del Gobierno, que en contra de lo ocurrido con otros anteriores, ha apostado por el diálogo social para afrontar una situación de crisis", destaca Vicente desde CCOO.

Imagen de la firma del acuerdo de los ERTE entre el Gobierno y los agentes sociales en mayo de 2020. Europa Press

Pese a que en esas mesas de negociación se ha demostrado que hay muchos puntos de tensión, en los últimos tiempos se ha dado cierta imagen de unidad, algo que es bien valorado por los expertos.

"El diálogo social es el epicentro de nuestro sistema de relaciones laborales y, en este sentido, en esta época de incertidumbres y de crisis es más que bienvenido", asegura Sagardoy.

En esta legislatura, se han cerrado cinco acuerdos sociales en defensa del empleo que han contenido la sangría del paro y han ayudado a muchas empresas a sobrevivir. A esto se suman otros pactos para el teletrabajo o el registro salarial. Sin embargo, hay puntos en los que no ha sido posible consensuar una postura, como ocurrió con los planes de igualdad. También se ha sacado adelante la 'ley Rider' que provocó la salida de Glovo de la CEOE.

Subida del SMI

De igual modo que se lleva tres años viendo cómo dar marcha atrás con una reforma laboral que apoyan los empresarios (que son los que generan empleo) y los organismos internacionales, el Gobierno se ha dado más prisa en atender a las demandas de buena parte de su electorado en otro frente, el de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Sin embargo, como han advertido tanto la OCDE como el FMI, estas subidas artificiales de los salarios han acabado dañando a una parte de los trabajadores más vulnerables, al complicar aún más su contratación.

Tampoco solucionan el problema de la productividad que sigue dañando al mercado de trabajo español y que impide equiparar los salarios a otros países europeos con los que quiere medirse España en materia económica.

Fondos europeos

Para resolver muchos de estos asuntos, el Banco de España ha introducido el debate de si se deben aprovechar los fondos europeos para acabar con las rigideces de nuestro mercado laboral.

En concreto, propone financiar parte de los costes de transición de la llamada 'mochila austriaca', un mecanismo que introduciría más flexibilidad en el mercado laboral con garantías para empresas y trabajadores. Según sus cálculos, habría que destinar 8.000 millones de euros procedentes de NGEU para implantarlo sin grandes costes.

Esther González propone ir más allá con los fondos para financiar otras herramientas que podrían dotar de más flexibilidad a nuestro mercado laboral y beneficiar a los trabajadores por reducir sus costes vitales o mejorar su conciliación familiar. Es el caso concreto del teletrabajo.

"La flexibilidad no solo es buena para las empresas, también lo es para los trabajadores que se pueden marchar a otro empleo de forma más fácil si así lo quieren. Pero falta perspectiva", lamenta la profesora de EAE.

Sin embargo, la inversión que los expertos consideran más vital para impulsar la economía española es otra cuyos resultados se verían solo en el medio y largo plazo: la educación.

"España tiene una gran oportunidad para salir airosa de esta crisis y pensar en el futuro. No sólo se precisa de un nuevo marco laboral, sino de una serie de reformas de calado. La más significativa es la educativa para posicionarnos ante la revolución tecnológica inminente", afirma Sagardoy.

La visión de Bruselas

Mientras en España pensamos en cómo invertir los fondos, la Comisión Europea se centra en las reformas. En el caso del mercado laboral la postura es clara. No quieren que se derogue la reforma de 2012, aunque reclaman mejoras, como simplificar los contratos, mejorar las políticas activas de empleo y poner en marcha medidas para reducir la precariedad. Además, también reclaman a España que se mejore la formación del capital humano.

La Covid-19 ha permitido poder comparar dos crisis muy seguidas y, pese a la situación dramática que vive el empleo en España ahora mismo, el balance es menos dramático que el que dejó la crisis de 2008. En Bruselas, se interpreta que en buena medida es gracias a la reforma de Báñez, si bien hay otros elementos que han jugado a favor, como la respuesta fiscal y monetaria.

El coronavirus provocó una caída del 10,8% del PIB en 2020, frente al 7,4% que se desplomó entre 2008 y 2012. Pero en términos de empleo, el coste ha sido inferior, a pesar de que todavía hay cerca de 600.000 personas bajo ERTE.

Son elementos que demuestran que tras esta batalla política se esconde una realidad: en el fondo, al Gobierno no le interesa acabar con la 'flexiseguridad' de Báñez. Una reforma que han aplaudido en sus informes tanto la Comisión Europea como las agencias de calificación (S&P y Moody's) -que califican la deuda soberana para que compren los inversores-.

Menos aún en un momento como el actual, en el que es necesario que los parados vuelvan a trabajar. Por este motivo, fuentes del mundo de la empresa confían en que se aprobará la reducción de los contratos y se regularán mejor los ERTE. Mientras, esperan que con el resto -incluida la subcontratación- se haga mucho ruido, pero cambios menores.

Sin embargo, los sindicatos están convencidos de que Díaz cumplirá su promesa y les devolverá buena parte del poder perdido para "reequilibrar las fuerzas" en las relaciones laborales. 

En todo caso, patronales, sindicatos y expertos coinciden en una cosa: es urgente adoptar medidas que reduzcan la dualidad laboral (que es sinónimo de desigualdad) y que permitan luchar de verdad contra el desempleo juvenil.