La UCO vuelve por tercera vez a la Diputación de Badajoz para requerir información sobre el hermano de Sánchez

Ha sido la juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense, quien capitanea la causa judicial en la que está investigado el pariente del presidente del Gobierno, la que ha ordenado, de nuevo, a los agentes de la UCO que acudan al edificio. Lo ha hecho en el marco de una pieza secreta.

Así lo confirman a este periódico varias fuentes próximas a la investigación. Ya es la tercera vez que esta unidad de la Guardia Civil registra la Diputación en busca de información sobre las supuestas irregularidades que afectan a la contratación del hermano del presidente del Gobierno por parte de este organismo provincial, presidido por Miguel Ángel Gallardo, que también es secretario general del PSOE extremeño.

La juez Biedma investiga al hermano de Sánchez por los presuntos delitos de malversación, un delito continuado contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y prevaricación.

Fuentes de la Diputación trasladan a EL ESPAÑOL su "total predisposición a colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos" bajo la lupa de la magistrada y su "compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la legalidad".

David Azagra 

Desde 2017, David Sánchez, músico de profesión y conocido con el sobrenombre de David Azagra, está a sueldo de la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses, director de la orquesta municipal y jefe del proyecto Ópera Joven. Por ello recibe unos 55.000 euros anuales.

La denuncia del sindicato Manos Limpias que dio origen a esta causa judicial le acusaba de "cobrar sin ir a trabajar", pese a no tener autorizado el teletrabajo, y de no fichar.

Sin embargo, la documentación remitida a la juez por parte de la Diputación de Badajoz justificaba estos extremos en el hecho de que Azagra desempeña un "puesto de alta dirección", para el que no se concibe la modalidad de trabajo a distancia ni precisa de control horario.

En la primera ocasión en la que acudió a la sede de la Diputación de Badajoz, la UCO se llevó centenares de correos electrónicos almacenados en las cuentas profesionales de varias personas. Entre otras, de David Sánchez y de Miguel Ángel Gallardo. Posteriormente, tuvo que acudir una segunda vez al mismo edificio para requerir más e-mails, cuyo volcado había sido frustrado por un error informático.

A la derecha, David Sánchez, junto al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Diputación de Badajoz

Precisamente, este martes, la Audiencia Provincial de Badajoz estudiará la petición de varios de los afectados por esta orden judicial de dejar dichos correos electrónicos fuera del caso.

Asimismo, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el Ministerio de Hacienda acaba de desvelar a la juez qué tres inspectores de la Agencia Tributaria elaboraron un informe que exculpaba a David Sánchez del delito fiscal.

La instructora lo había recibido meses atrás, pero el documento no tenía ninguna firma, por lo que Biedma ordenó a Hacienda que le aclarase qué funcionarios lo habían realizado.

Delito fiscal

La denuncia de Manos Limpias también acusaba al hermano de Sánchez de residir en un palacete en la localidad lusa de Elvas, cercana a la frontera con Portugal, para "pagar menos impuestos". Hacienda, no obstante, en dicho informe, descartó que estos hechos supusieran un delito fiscal.

La Diputación de Badajoz, por su parte, convocó una comisión de investigación sobre la contratación de Azagra. Su informe final, aprobado gracias a la mayoría que ostenta el PSOE, con el PP en contra, confirmaba que David Sánchez tributa como no residente en España.

Por ello, al vivir en Portugal, no paga IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), pero sí tributa como no residente, según recogía este documento,  publicado por EL ESPAÑOL. Fue poco después cuando Hacienda, respondiendo a una solicitud de la juez, envió al Juzgado pacense el informe que descartaba el delito fiscal.

Pero al ser remitido sin firma alguna, Beatriz Biedma solicitó conocer la identidad de las personas que lo habían elaborado. Y recientemente ha obtenido respuesta por parte de Hacienda, que le ha desvelado qué tres inspectores lo elaboraron.