El TC no fallará sobre la amnistía antes del verano próximo y el recurso de Puigdemont irá a la cola

Los magistrados, que este miércoles admitieron a trámite la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala Penal del Tribunal Supremo, han debatido el orden en el que acometerán el examen de la amnistía, que ya ha dado lugar a 19 impugnaciones.

Tres de ellas son cuestiones de inconstitucionalidad, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Otra es el recurso de inconstitucionalidad presentado por los diputados del PP en el Congreso, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza.

Once son recursos de inconstitucionalidad de Gobiernos autonómicos controlados por el PP (Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja). A ellos se suman tres recursos de los Parlamentos autonómicos de Aragón, Cantabria y Murcia, también de mayoría 'popular'.

El último, por ahora, es el recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha que preside Emiliano García Page, el único socialista que ha llevado al TC la ley de amnistía sosteniendo su inconstitucionalidad.

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El tribunal resolverá en primer lugar la cuestión de inconstitucionalidad de la Sala Penal del Supremo. El plazo aproximado de tramitación será de seis meses y el TC espera dictar sentencia, "como pronto", antes del verano, pero las fuentes consultadas admiten que es un pronóstico optimista.

Lo es, desde luego, si se tienen en cuenta los tiempos medios de resolución de cuestiones de inconstitucionalidad.

Desde que Cándido Conde-Pumpido llegó a la presidencia en enero de 2023, el TC ha resuelto por sentencia 13 cuestiones de inconstitucionalidad y el tiempo medio de respuesta ha sido de 20 meses y medio. 

Si resolviese la cuestión presentada por el Tribunal Supremo antes del próximo agosto, el tribunal acortaría notablemente sus propios tiempos.

Los amparos, al final

"Que nadie piense que vamos a decidir rápido", afirman en el Tribunal Constitucional, cuyos miembros son conscientes de las dificultades del asunto y del coste que puede tener para la institución y para ellos mismos.

Y envían también un mensaje al expresidente catalán Carles Puigdemont, cuya esperanza de librarse del proceso penal que sigue abierto contra él en el Tribunal Supremo y de volver sin riesgos a España está en que el TC avale la ley de amnistía. "Que Puigdemont no crea que va a tener aquí una fórmula rápida para solucionar sus problemas, porque sus recursos van a quedar a la cola", aseguran las fuentes del Constitucional.

En el calendario de trabajo del TC, los recursos de amparo que los afectados interpondrán, previsiblemente, por la inaplicación de la amnistía (no solo Puigdemont, sino también otros responsables del 'procés' como Oriol Junqueras, Jordi Turull y diversos condenados) están en el último lugar.

Tras la resolución de la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, el TC abordará el recurso de los diputados del PP. Ahí estará la respuesta más completa sobre la amnistía, porque la Sala Penal del TS solo plantea dos aspectos concretos: la vulneración del derecho a la igualdad y del principio de seguridad jurídica.

El recurso del PP "plantea muchos más problemas, está muy bien trabajado", admiten en el TC. De hecho, algunos magistrados se han mostrado partidarios de iniciar el análisis de la ley de amnistía con este recurso en lugar de la cuestión de inconstitucionalidad del TS, de contenido más limitado. No obstante, la cuestión de la Sala Penal es anterior al recurso del PP y el orden cronológico -un parámetro objetivo- pesa mucho en el tribunal.

El recurso de los diputados del PP iba a ser admitido a trámite en el próximo pleno del tribunal, pero es posible que se retrase hasta octubre porque los recurrentes tienen que subsanar algunos defectos formales.

Las fuentes consultadas creen que el recurso de inconstitucionalidad del PP requerirá "un año o un año y medio" para su resolución desde que sea admitido a trámite. Ello sitúa el eventual fallo a finales de 2025 o principios del año siguiente.

Los cuatro magistrados del TC elegidos por el Senado -entre ellos el actual presidente, Conde-Pumpido- terminan su mandato en marzo de 2026. 

Después vendrá el turno de los recursos de inconstitucionalidad de los Gobiernos y Parlamentos autonómicos. El tribunal tendrá que analizar, en primer lugar, la legitimación de estas instituciones para impugnar una ley estatal de ámbito penal, lo que no está claro pese a la flexible jurisprudencia del TC sobre la legitimación de las comunidades autónomas.

Finalmente, se abordarán los recursos de amparo de los afectados por la amnistía. "No podemos resolver si la ley se debe aplicar o no al delito de malversación sin resolver antes si la norma es o no constitucional", explican desde el TC.

El programa de trabajo puede verse alterado por distintos factores. Por ejemplo, las recusaciones de magistrados. O la incidencia que puede tener el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que ya se han dirigido algunos órganos jurisdiccionales.