La número 2 de Griñán y otro beneficiado por la sentencia del TC de los ERE, también en la calle

Otros dos beneficiados por la anulación de la malversación del caso ERE por parte del Tribunal Constitucional saldrán de prisión de en las próximas horas. Se trata de la ex mano derecha del expresidente José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo, y del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo. 

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha ordenado "mandamiento de libertad" para ambos, por lo que previsiblemente Vallejo abandonará la cárcel de Sevilla I esta misma tarde. 

Martínez Aguayo ya no se encontraba en prisión al alcanzar el tercer grado hace unas semanas, sin embargo, sí tenía que pernoctar en el Centro de Inserción Social (CIS).

Respecto a los otros dos ex altos cargos que también han resultado beneficiados por la nueva sentencia, la Audiencia no han recibido los fallos del TC. Se trata del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y del exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román.

En cualquier caso, el futuro inmediato de Antonio Fernández no está claro, ya que es el excargo socialista que peor parado sale. Aunque también ha sido amparado por la corte de garantías en cuanto a la vulneración del principio de legalidad penal en los delitos de prevaricación y malversación, en cambio, no aprecia la vulneración de su presunción de inocencia.

El TC afirma que, en el caso de Fernández -que fue el exconsejero al que más pena se le impuso, siete años y 11 meses de prisión, además de 19 años y medio de inhabilitación absoluta- las sentencias condenatorias "valoran medios de prueba reveladores de que retuvo el control de la concesión de ayudas, lo que desmiente su alegación de que dichas decisiones las tomara en solitario el director general de Trabajo", el fallecido Javier Guerrero.

El Constitucional no salva la actuación de Fernández en lo relativo a su intervención en las modificaciones presupuestarias del programa 22 E de los años 2000-2001 -anteriores a las leyes de presupuestos que modificaron el sistema de concesión de las ayudas para eludir los controles- ni en la concesión de ayudas sociolaborales incluidas en el programa 3.1 L que se desviaron de su fin público.

Ordena, por ello, la retroacción del procedimiento para que la Audiencia de Sevilla vuelva a pronunciarse sobre si, respecto a esos dos extremos, la conducta de Fernández constituyó delitos de malversación y prevaricación. Además, Fernández tiene más cuentas pendientes con la justicia.

En el caso del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, que fue condenado a 6 años de cárcel, el TC aprecia la vulneración del derecho a la legalidad penal respecto a los delitos de prevaricación y malversación, así como del derecho a la presunción de inocencia.

Sin embargo, respecto al segundo incluye dos excepciones: no se aprecia violación de derechos fundamentales en lo relativo a su participación en las modificaciones presupuestarias realizadas en 2000 y 2001, por las que se incrementaron los créditos de la partida 22 E, dedicada a subvenciones. Esto es, antes del cambio a la partida 3.1 L, por tanto, podrían constituir un delito de malversación.

Tampoco en la modificación presupuestaria de 9 de diciembre de 2004, por la que se incrementaron los créditos correspondientes al programa del Servicio Andaluz de Empleo, que podría ser prevaricadora.

Por ello, también ha ordenado la retroacción del procedimiento para que la Audiencia Provincial de Sevilla dicte un nuevo pronunciamiento exclusivamente en lo relativo a esos dos extremos.