El juez rechaza entregar el 'caso Koldo' a la Fiscalía Europea y pide al Supremo que decida quién lo asume

Moreno da así respuesta a la petición del Ministerio Público europeo, que a finales de mayo solicitó asumir íntegramente este procedimiento, debido a que podría afectar a fondos de la UE y a que este organismo supranacional considera la supuesta trama corrupta investigada como un único entramado.

En el llamado caso Koldo, Moreno investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a través de los contratos públicos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión SL al inicio de la pandemia de la Covid-19.

La causa recibe el nombre de uno de los investigados, Koldo García Izaguirre, quien fue asesor de José Luis Ábalos mientras este desempeñó el cargo de ministro de Transportes. Lo hizo hasta mediados de 2021. Fue este departamento el que adjudicó los contratos más abultados a dicha compañía. Concretamente, la empresa pública Puertos del Estado entregó a Soluciones de Gestión 20 millones de euros. Adif, por su parte, otros 12,5 por el mismo cometido, el de suministrar mascarillas FFP2. 

Ahora, será el Tribunal Supremo, cúspide del organigrama judicial español, el que deba dirimir qué órgano es competente para investigar el caso. Es decir, tendrá que decidir si debe seguir investigándolo el juez Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, o cederlo a la Fiscalía Europea, como ésta reclama.

Detalle de la fachada del Tribunal Supremo. Europa Press

En un auto fechado este lunes, Moreno explica que los hechos que se investigan pueden constituir los delitos de cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales. Posteriormente, se sumó al listado un delito contra la Hacienda pública.

Para justificar su negativa a ceder la causa, compartida por Anticorrupción, el magistrado instructor subraya que estos ilícitos "no perjudican los intereses financieros de la UE y no se encuentran indisociablemente vinculados con los delitos competencia de la Fiscalía Europea; sin que los mismos sean instrumentales o accesorios de aquellos que sí perjudican a los intereses financieros de la Unión".

Canarias y Baleares

Soluciones de Gestión SL fue la encargada de suministrar mascarillas contra la Covid a los ministerios de Interior y Transportes (sobre todo, a este último, en el que era asesor Koldo García mientras Ábalos lo dirigía).

No obstante, también recibió este mismo encargo para los Gobiernos de Canarias y Baleares. En un inicio, la Fiscalía Europea se interesó tan sólo por estos dos contratos, los autonómicos, debido a que ambos, en un inicio, fueron cargados a los fondos de la UE.

Ahora bien, este organismo acabó reclamando al juez toda la investigación, en su totalidad, al considerar que la trama investigada constituye un entramado único.

En el citado auto, Ismael Moreno indica que él pretende quedarse con toda la investigación, incluido lo relativo a los contratos de Canarias y Baleares. Para justificar su decisión, subraya que la supuesta trama corrupta perjudicó más a los intereses nacionales que a los de la UE.

Asimismo, recalca que la Audiencia Nacional, fundada en 1977 y encargada de investigar grandes casos de corrupción o el delito de terrorismo, "se halla en mejores condiciones" y posee más medios y experiencia que la Fiscalía Europea, creada en 2020, hace sólo cuatro años.

Anticorrupción tampoco era partidaria de que el juez cediese la causa. A su vez, una de las acusaciones populares personadas en la misma, Liberum, se opuso a que la causa quedase en manos de la Fiscalía Europea. En un escrito, avanzado por EL ESPAÑOL, dicha asociación recalcaba que España, y no Europea, fue "la principal víctima" de la supuesta trama corrupta.

Financiación de los contratos

La adjudicación de Adif (Transportes) a la empresa Soluciones de Gestión SL tuvo un importe de 12,5 millones. Fue cofinanciado con fondos nacionales (10.868.867,47 euros) y de la UE (1.631.132,53 euros).

La adjudicación realizada por la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, ascendió a 3.479.355 euros. Fue íntegramente pagada con fondos nacionales.

Las adjudicaciones realizadas por el Servicio Canario de Salud (12.317.580,24 euros) totalmente financiadas con fondos procedentes de la UE.

Y la adjudicación realizada por el Servicio Balear de Salud, por 3.701.500 euros, corrió inicialmente a cargo de fondos europeos, pero el pasado 28 de febrero el Gobierno balear —que ya no está en manos del PSOE, sino del PP— procedió a su reembolso a la UE.

Tal y como resumía Anticorrupción en su escrito, el importe de los fondos de la Unión Europea empleados en la adquisición del material sanitario de la denominada trama Koldo ascendió a 13.948.712,77 euros, mientras que los fondos de procedencia estatal se elevaron a 38.049.722,47 euros.