La juez embarga a líderes de Coalición por Melilla y empresarios 9 M por la trama de compra de votos

Entre ellos, figura Mohamed Aberchán, líder del partido promarroquí Coalición por Melilla (CpM). Su nombre real es Mustafá Hamed Moh Mohamed, a quien la magistrada le embarga 2.055.461 euros, la mayor cantidad de todas.

Así lo dispone una reciente resolución, fechada a inicios de abril y a la que EL ESPAÑOL ha tenido acceso. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla investiga a Aberchán y a varios líderes políticos —que constituyeron la cúspide de CpM, partido que fue socio del PSOE— por una supuesta trama de amaño de 291 contratos públicos y compra de votos en la ciudad.

De hecho, la magistrada instructora sitúa a Aberchán como "líder" de la organización, dedicada a la "contratación fraudulenta" y la "compra de votos". Los consejeros que le rodearon en el Gobierno —detalla Perles— habrían autorizado estas adjudicaciones ilícitas, en el marco de un "concurso de voluntades" que tenía por objetivo el cobro de "mordidas" por parte de los dirigentes políticos y, así, sufragar después la compra de votos que les permitiera seguir en el poder.

"Los directores generales tramitaron los procedimientos a sabiendas de que carecían de competencias y/o el expediente no cumplía con los requisitos legales; si bien, no hay indicios de que percibieran cantidad alguna por esta actuación. Los empresarios adjudicatarios se concertaron con los demás invitados al expediente contractual y con los consejeros [del Gobierno melillense] para la obtención del contrato, beneficiándose ellos mismos y a la organización criminal, colaborando con la compra de votos directa o indirectamente", reza el auto.

En el caso de Aberchán, la juez relata que esos dos millones de euros que ordena bloquear suponen el 50% del importe de los 291 contratos adjudicados que ahora están bajo sospecha. La magistrada opta por este porcentaje al considerarle "el líder y director de la trama criminal que orquestó el fraude masivo en la contratación".

Por su parte, según detalla al auto, el exconsejero Rachid Bussian Mohamed, actual vicepresidente segundo de la Asamblea de Melilla, deberá responder con 933.054 euros, la mitad del valor de los 120 contratos (1.866.109,47 euros) a los que la juez le vincula.

A su vez, a Mohamed Ahmed Al-lal, antiguo consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, la juez le bloquea 593.575 euros (la mitad de 1.187.151,39 euros)

A Dunia Almansouri Umpierrez, exresponsable del departamento de Hacienda, Empleo y Comercio, la magistrada le embarga 2.000.782 euros, que es el 50% del valor de los contratos "adjudicados fraudulentamente y cuyo pago autorizó, a sabiendas de la falta de competencia de la consejería que le remitía el expediente contractual y/o del amaño para su concesión". Todas estas adjudicaciones, según el auto, alcanzaban, en total, los 4.001.565,18 euros.

Malversación

Sin embargo, el auto de la juez relata que existen adjudicaciones que sí se realizaron; otras, que no y un tercer grupo de "obras y servicios ejecutados de forma deficiente o incorrecta y que deberán ejecutarse nuevamente".

Narra la resolución que existen importes que "excedían con creces el que hubiera sido razonable para la obra o servicio prestado", lo que desembocó en un "detrimento para las arcas públicas derivado de la falta de concurrencia de competencia efectiva entre las empresas licitadoras, fundamentada en el concierto previo de las mismas, entre otros aspectos".

En conversación con EL ESPAÑOL, el abogado de uno de los investigados pone en duda que se haya cometido la malversación de caudales públicos que se investiga en esta causa.

No obstante, recalca que, de haberse producido, el valor total de los 291 contratos bajo la lupa de la juez apenas supera los seis millones de euros, pese a que la magistrada ha ordenado embargos por valor de nueve millones, debido a su forma de computar la posible responsabilidad civil de cada imputado. "Bastantes euros, a la hora de calcular los embargos, se duplican, al achacárseles a más de un investigado", advierte el letrado.

Además, insiste en que, dado que algunas adjudicaciones sí se han realizado, de forma total o parcial, la cantidad supuestamente malversada nunca sería tan alta y en ningún caso llegaría, siquiera, a dichos seis millones. 

Un atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional resume así el funcionamiento de la supuesta trama corrupta: "Se puede afirmar con rotundidad la existencia de una organización criminal que, desde las consejerías adscritas a Coalición por Melilla, en el anterior Gobierno de la ciudad, habrían adjudicado cientos de contratos menores (...) a personas de la propia organización criminal y afines a la trama, sirviendo los fondos obtenidos para financiar la compra de votos por correo, además de generar un notable enriquecimiento ilícito de los investigados".

Sobre Aberchán, la UDEF señala que era quien decidía "a quién contratar y a quién no", además de ejercer de "cúspide" de la trama.