El juez ordena a la Guardia Civil investigar las matrículas falsas que ETA usó en sus coches-bomba

En este atentado, cometido el 4 de agosto de 2002, fueron asesinadas dos personas; entre ellas, una niña de seis años. Se trataba de Cecilio Gallego Alaminos, de 57 años, y la menor Silvia Martínez Santiago, hija de un agente de la Benemérita. También provocó más de 50 heridos y cuantiosos daños materiales.

"Líbrese oficio a la Jefatura de Información de la Guardia Civil a fin de que elabore informe sobre el estudio de placas de matrículas utilizadas, procedencia de las mismas, blancas, troqueladas o de números pegados en la matrícula, utilizada en el coche-bomba con el que se cometió el atentado terrorista objeto de la presente causa", ordena el juez.

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia, personada en esta causa judicial como acusación popular, había solicitado a García-Castellón que se investigase una troqueladora que pudo ser usada en los preparativos de este ataque.

Y, "dado que dicha troqueladora no fue incautada hasta el 31 de mayo de 2005", el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ordena a la Guardia Civil que "incluya en dicho informe una relación y estudio de todas las placas de matrícula que fueron utilizadas por la organización terrorista ETA para cometer sus atentados".

También, las que fueron incautadas a miembros de la banda terrorista desde el 20 de noviembre de 1999 hasta el 31 de mayo de 2005.

Para investigar dicho aparato, Manuel García-Castellón también solicita a la Jefatura de Información de la Guardia Civil y a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que informen si "sobre la troqueladora se realizaron los pertinentes informes periciales lofoscópicos". Es decir, si los expertos de ambos cuerpos policiales, una vez las autoridades francesas entregaron a España el aparato, lo analizaron en busca de huellas dactilares.