Boye recurre el envío al TS de Tsunami Democràtic y acusa a García-Castellón de "fines ajenos" a la ley

La defensa de Alay, director de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont e investigado por su supuesta implicación en creación y financiación de Tsunami Democràtic, rechaza que el Tribunal Supremo sea competente para asumir este procedimiento y niega que existan tanto delitos de terrorismo como cualquier otro.

"Tan evidente es que no estamos ante unos hechos constitutivos de delito de terrorismo que solo cabría pensar en otras posibilidades, pero que nada tendrían que ver con el mundo del Derecho", señala el letrado, que ya acusó de 'lawfare" al juez instructor de Tsunami Democràtic en un recurso presentado el pasado día 7 contra la decisión de García-Castellón de investigar por terrorismo a Alay, Marta Rovira y Puigdemont.

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"Casualmente", destaca Boye, Vox se persona como acusación popular en el caso -"previo pago de una fianza de solo 200 euros"- y "casualmente" el procedimiento "coge un ritmo súbito e inusual para unas actuaciones que llevan más de cuatro años abiertas".

También "casualmente", "en base a las resoluciones que va dictando el juez", Vox intenta "la ilegalización de los dos partidos independentistas cuyos máximos líderes son los principales investigados en estas diligencias previas".

"Nadie, al menos nadie que siga confiando en que estamos en
un Estado democrático y de derecho, podrá afirmar nada
distinto a que estamos en el ámbito de las casualidades", ironiza.

El recurso sostiene que Puigdemont no tiene aforamiento ante el Tribunal Supremo por ser eurodiputado y Alay "no se puede ver arrastrado ante un órgano jurisdiccional que ni es el preestablecido por ley para los eurodiputados ni, mucho menos, para aquellos a los que se pretende investigar en conexión con estos".

También critica que el 6 de noviembre el juez considerara necesario practicar diligencias de investigación "en un procedimiento que va
'cristalizando'" y dos semanas después "sin haber 'cristalizado', envíe una exposición razonada y precipitada al Tribunal Supremo para que sea éste quien 'cristalice'".

"El concepto de 'cristalizar', aplicado al Derecho penal, no es más que una justificación retórica de las investigaciones prospectivas", sostiene Boye, para quien "estamos ante un procedimiento meramente especulativo, prospectivo basado fundamentalmente en noticias de prensa, cuando esta causa fue abierta el 29 de octubre de 2019".

"Es decir", añade, "que en cuatro años se han gastado ingentes recursos públicos para estar ahora donde se  estaba al comienzo".

"Funambulismo procesal"

El letrado afirma que causa "sonrojo" que, después de cuatro años de instrucción, se trate de buscar "especulativa y prospectivamente" una relación entre la muerte Jean Claude Scherzinger, el ciudadano francés fallecido de un fallo cardiaco durante la movilización de Tsunami Democràtic en el aeropuerto del Prat, y los incidentes ocurridos en ese lugar.

"Y de ahí, mediante un triple salto mortal, pretender vincular una cosa y otra con un delito de terrorismo y, en el colmo del funambulismo procesal, tratar de generar una responsabilidad penal hacia los investigados", agrega.

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Boye defiende que las acciones de Tsunami Democràtic no fueron más que "el ejercicio legítimo del derecho de manifestación" y protesta.

"Nunca" estaríamos ante un delito de terrorismo, considera. "Como mucho, estaríamos ante conductas individuales dentro del ámbito del orden público, que caen fuera de la competencia de la Audiencia Nacional".

La defensa de Alay engarza así con la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional, que ha recurrido tanto la imputación de delitos de terrorismo como la elevación de la causa al Tribunal Supremo.

La defensa sale incluso en apoyo del fiscal y sostiene que García-Castellón ha vulnerado los derechos de la acusación pública, "a la que se priva de un recurso efectivo", señala en alusión al hecho de que la remisión del procedimiento al alto tribunal neutralizaría el anterior recurso del fiscal contra la imputación de Puigdemont, Rovira y Alay por terrorismo.