Acepta más de dos años de cárcel por vender carne de caballo con "claros signos de melanoma"

El acusado de comerciar con carne de caballo no apta para el consumo humano ha aceptado una pena de 28 meses de cárcel. Este martes, durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, Javier Fernández Varela ha aceptado los hechos que le atribuía la Fiscalía.

En su escrito, el Ministerio Fiscal recogía, entre otros extremos, que el 7 de marzo de 2017 se sacrificaron cuatro equinos en el matadero de Toreno (León) "que presentaban claros signos de melanomas". Fernández Varela los vendió después a 1,50 euros cada kilogramo.

Toda esta operativa era posible gracias a la colaboración de varios veterinarios y responsables de mataderos.

"A pesar de ello, [los equinos enfermos] fueron despiezados en dichas instalaciones, teniendo que quitar la carne que presentaba signos evidentes de melanoma, dejando sólo un 20% de la carne donde no eran visibles los nódulos de melanoma de color negro para poder ser destinadas al consumo humano", indica el relato de la Fiscalía aceptado por los acusados.

"Para lograr que estos animales entraran en el circuito comercial destinado a los consumidores era indispensable y necesario el acuerdo entre, por un lado, los entradores de ganado [rol desempeñado por Varela] en los mataderos, y por otro, los responsables del matadero, así como el veterinario oficial", resume el Ministerio Público.

"La forma habitual de realizarlo era no introducir los datos de los equinos destinados al matadero en el SITRAN [Sistema Integral de Trazabilidad Animal] o introduciéndolos con declaraciones falsas, con el objeto de lograr la no constancia para las autoridades sanitarias de que el verdadero ejemplar no apto para el consumo humano había sido sacrificado", añade.

El resto de acusados —eran un total de 11— que se han sentado en el banquillo también han asumido los hechos y se han conformado con condenas de un mínimo de diez meses de cárcel. La mayor ha sido para Javier Fernández Varela por dos delitos contra la salud pública y otro de falsedad documental.

Sin embargo, la Fiscalía ha retirado la acusación para todos ellos por el delito de organización criminal.

Asimismo, Fernández Varela ha asumido una multa de cinco meses de duración con una cuota diaria de 10 euros por cada delito contra la salud pública (un total de 3.000 euros) más otros 1.500 euros de sanción por el delito de falsedad documental.

Además, tendrá prohibido dedicarse a cualquier negocio vinculado con la venta de ganado equino durante casi seis años.

Otro de los condenados es el holandés Johanes Maria Marius Cornelius Fasen, que adquirió, desde noviembre de 2016, equinos procedentes de los dos mataderos en los que se desarrolló esta actividad ilegal.

La Guardia Civil detiene a Cornelius. Guardia Civil

"Una vez sacrificados en dichos mataderos, destinaban los animales al consumo humano, sabiendo que los mismos no cumplían los controles administrativos y que no eran aptos para consumo humano".

Según la Fiscalía, Cornelius, junto con otra acusada, Patrice Grima, estableció "una línea de comercio conjunta con Matadero de Toreno SL, negociando, principalmente, con Javier Fernández Varela, y con Matadero Frigorífico Comarcal de Astorga (utilizando a Félix Íñigo Roldán), aceptando todo tipo de carne de caballo, independientemente de cómo se encontrara la misma, para posteriormente introducirla en el mercado para consumo humano". El holandés ha sido condenado a diez meses de prisión y una multa de 1.500 euros.

Tal y como relata la Fiscalía en su escrito, los acusados, "en el matadero de Astorga, contaban con la connivencia de un veterinario oficial, sin que haya podido determinarse cuál de ellos les ayudaba". En las instalaciones de Toreno disfrutaron de "la connivencia del veterinario oficial, Ángel Major de Benito".

Este último ha sido condenado por un delito contra la salud pública y otro de falsedad documental. Por el primero, a once meses de cárcel. Y, por el segundo, a año y medio de prisión (en total, dos años y cinco meses). Tampoco podrá dedicarse a su oficio de veterinario durante casi tres años.

En un inicio, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó penas de cárcel que superaban los nueve años de prisión. Las detenciones de los acusados se produjeron después de que la Guardia Civil registrase ambos mataderos y comprobase, tras tomar muestras de la carne, que contenía sustancias tóxicas o ciertas sustancias en niveles superiores a los permitidos.