El juez ordena investigar los 'VHS de ETA' por si la banda espió con cámaras a un magistrado al que mató

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado analizar varias cintas de vídeo, de tipo VHS, relacionadas con la banda terrorista ETA. Una de ellas fue incautada a un comando cuando sus miembros fueron detenidos. El magistrado quiere conocer si dicho vídeo incluye imágenes de las vigilancias realizadas contra el magistrado José Francisco de Querol Lombardero, al que ETA asesinó en el año 2000.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, con el que Pedraz da respuesta a una petición de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ). DyJ indicó en su escrito que la etarra Ana Belén Egües, tras ser detenida, reveló a sus jefes que ETA instaló videocámaras en tres vías de Madrid. Una de ellas es la calle Torrelaguna, donde vivía Querol Lombardero, magistrado de la Sala Militar del Tribunal Supremo, y cercana al lugar en el que fue asesinado con un coche-bomba.

Egües hizo esta revelación en la denominada kantada o autocrítica, en la que un etarra detenido comunicaba a sus jefes cómo se había producido su detención y les alertaba de ciertos peligros para evitar que más militantes fuesen arrestados.

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"Al principio, pusimos las videocámaras en la calle Sirio, en la calle Torrelaguna y alrededor de la calle Virgen del Puerto. Y además hacíamos la información en los bares, en las paradas de bus y a pie", reza aquella kantada.

Al desarticular el comando Buruahuste (también llamado comando Madrid), del que Ana Belén Egües formó parte, la Policía requisó una cinta de vídeo VHS con una inscripción manuscrita.

En tinta roja, un miembro de ETA había redactado: "1.29.37. Miembro del Tribunal Superior Militar". Por ello, Dignidad y Justicia solicitó a Pedraz que analizase esta cinta, "teniendo en cuenta que don Francisco de Querol Lombardero era magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo", la Sala Militar.

El magistrado, en su auto, encarga a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y a la Jefatura de Información de la Guardia Civil que le informen de "quién tiene en su poder" dicha cinta, si ha sido visionada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y si incluye imágenes de las vigilancias a Querol. Y ordena que se efectúen dichas diligencias "a la mayor brevedad".

Fachada de la Audiencia Nacional. Efe

Pedraz también encarga a la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional que le comunique si varias cintas de videovigilancia, también de tipo VHS y entregadas a los agentes por las entidades bancarias cercanas al lugar del atentado, "fueron visionadas y objeto del oportuno análisis".

Todo ello, con el objetivo de "identificar a alguno de los presuntos autores de los hechos objeto de instrucción". Si aún no han sido visualizadas, "procédase a su realización, a la mayor brevedad", exige el juez.

La causa

En septiembre de 2016, la Audiencia Nacional ordenó al juez José de la Mata la reapertura, por cuarta vez, del sumario sobre el atentado que acabó con la vida del juez Querol, tras una petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

El caso se archivó, por primera vez, en 2003 por falta de autores conocidos. Desde entonces, la causa se ha reabierto y cerrado varias veces, sin determinar a los culpables. En 2022, el juez Pedraz, que sustituyó a De la Mata en el Juzgado Central de Instrucción 5, admitió a trámite la querella de Dignidad y Justicia.

El atentado

Pasadas las nueve de la mañana del 30 de octubre del año 2000, la banda terrorista acababa con la vida del magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, el general tarraconense José Francisco de Querol y Lombardero (69 años), así como de sus acompañantes en el coche: el policía Jesús Escudero García (53) y el chófer Armando Medina Sánchez (57).

Los terroristas hicieron explotar, mediante un detonador con mando a distancia, un coche-bomba en la madrileña Avenida de Badajoz. El vehículo había sido robado y tenía en su interior cerca de 40 kilos de dinamita y grandes cantidades de metralla. El atentado también hirió de gravedad a Jesús Sánchez Martínez, conductor de un autobús municipal. Fallecería tiempo más tarde.

Poco antes de este ataque, en mayo de 1999, se produjo en Zúrich (Suiza) un encuentro entre representantes del Gobierno de España y miembros de ETA, pero no se logró llegar a ningún acuerdo.

Tras el fracaso de las negociaciones, el 28 de noviembre de 1999, la banda anunció en un comunicado el final del alto el fuego y la reanudación de sus actividades terroristas.

La primera víctima mortal de esta nueva etapa se produjo el 21 de enero de 2000 en Madrid. Al igual que en el atentado contra el juez Querol, también se produjo en la capital de España, mediante un coche-bomba y tuvo como víctima mortal a un alto militar, el teniente coronel del Ejército de Tierra Pedro Antonio Blanco.