La Policía señala a varios etarras por el asesinato del juez del Supremo Querol, aún sin resolver

Un informe de la Policía, enviado a la Audiencia Nacional, responsabiliza al comando Buruahuste de ETA del atentado que acabó con la vida del juez del Tribunal Supremo José Francisco Querol Lombardero.

En aquel ataque, que tuvo lugar en Madrid en el año 2000, también fueron asesinados el chófer del magistrado, el escolta y un conductor de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Más de 60 personas resultaron heridas y 400 viviendas sufrieron daños severos.

El documento, enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, señala que "la presunta autoría de este atentado es atribuible al comando Buruahuste de la organización terrorista ETA, único que actuaba en la capital de España en la fecha que se cometió el atentado, el 30 de octubre del 2000".

El informe policial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, subraya que cuatro etarras formaban parte de dicho grupo: Ana Belén Egües Gurruchaga (apodada Dolores), Gorka Palacios Alday (Andoni), Juan Rubenach Roiz (Txurdo) y Oier Goitia Abadía.

El comando fue desarticulado el 6 de noviembre de 2011, cuando fueron detenidos dos de sus miembros: Gurruchaga y Aitor García Aliaga.

La Policía Nacional señala en su informe que, tras su detención, Dolores envió a los jefes de ETA la denominada cantada, en la que narra los motivos que han provocado su arresto e informa de su situación a la cúpula etarra, a la que advierte para evitar nuevas detenciones.

En dicho documento, la terrorista manifestó que, tras cometer el atentado, ella, junto a Andoni y Txurdo, huyen a Francia, tal y como días antes les habían recomendado los dirigentes de la organización.

"En la última semana de octubre de 2000, en un enlace, Andoni, Txurdo y yo recibimos nota para subir [a Francia]; hacia mediados de noviembre subimos. Que fuimos de Salamanca a Santander en autobús, que hicimos noche allí en una pensión cerca del puerto y que fuimos a Pamplona en autobús. Que allí, delante de la puerta del polideportivo, teníamos una cita con alguien, sin contraseña, pero con una carpeta roja. Que nos ordenaron meternos en un coche blanco grande; que después de pasar unos 40 minutos en el coche nos pasaron de noche y por el monte la frontera, que hicimos noche en el monte y que al amanecer, Jon nos recogió en un coche rojo", indica la cantada de Dolores.

Además, tras ser interrogada por la Policía, "Ana Belén [Egües] reconoce su participación, y la de los otros miembros del comando (al hablar en plural: 'realizan la acción') en el atentado cometido con coche-bomba que acabó con la vida de cuatro personas, entre ellas, el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Querol Lombardero", reza el dosier policial.

"También reconoce que la organización [ETA], a través de un enlace, unos días antes de ejecutar el citado atentado, les ordena regresar a Francia, como así hicieron Ana Belén Egües, Gorka Palacios y Juan Luis Rubenach", añade.

Tanto en su cantada como en su declaración ante la policía, la terrorista admitió que, durante su estancia en Francia, fue visitada por varios jefes de ETA: Txapote, Jon y Ainhoa. El primer alias corresponde a Francisco Javier García Gaztelu; el segundo, a Juan Antonio Olarra Guridi y el tercero, posiblemente, a Ainhoa Múgica Goñi.

"Egües, en su declaración [ante la Policía] obvia el dato de que Juan Antonio Olarra Guridi (Jon) saca a Gorka Palacios (Andoni) de esta casa [en Francia] una semana antes que a ellos (Txurdo y Ana Belén)", señala el informe policial.

"Esta omisión no tiene otra finalidad que ocultar a la policía la ascendencia jerárquica que tenía Gorka Palacios sobre el resto del comando, asumiendo un nivel más alto de responsabilidad", concluye.

"La cantada [de Ana Belén Egües] corrobora plenamente su declaración prestada ante la Policía. En ambos documentos, el desplazamiento a Francia del comando ejecutor para el encuentro con dirigentes de la organización fue posterior a la comisión del acto terrorista, en el que fueron asesinados el magistrado José Francisco Querol, su escolta, su conductor y posteriormente un conductor de la EMT madrileña que moriría el 8 de noviembre siguiente, por la gravedad de las heridas", resume el dosier policial enviado a la Audiencia Nacional.

El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, investiga este atentado, que es uno de los 379 que aún siguen sin resolver. Ni sus autores materiales ni los intelectuales han sido condenados.

[La Audiencia Nacional investiga a la cúpula de ETA en el año 2000 por el atentado contra un juez]

La causa se inició tras la admisión de una querella de la entidad Dignidad y Justicia (DyJ). La organización de víctimas señaló a varios jefes de ETA como responsables de, supuestamente, escoger colegiadamente los objetivos a los que atacar y facilitarle la actividad criminal a los comandos ejecutores.

Un reciente informe de la Guardia Civil señala a la cúpula etarra por estos hechos.  Concretamente, la Benemérita apuntó a: Ignacio Miguel Gracia Arregui (alias Iñaki de Rentería), Asier Oyarzábal (Baltza), Vicente Goicoechea (Willy), María Soledad Iparraguirre (Anboto), Javier García Gaztelu (Txapote), Juan Antonio Olarra Guridi (Jokin), Ainhoa Múgica (Olga), Ramón Sagarzazu (Txango) y Miguel Albisu Iriarte (Mikel Antza).

La querella presentada por Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de DyJ, se dirigía contra todos ellos por ser miembros de la zuba (comité ejecutivo de la banda terrorista). Y, por tanto, como responsables de ordenar y planificar los ataques; una especie de autores intelectuales de los mismos, dado el "carácter jerárquico" de ETA.

El atentado con el que asesinó a Querol Lombadero fue asumido por ETA a través de un comunicado publicado íntegramente en euskera en el diario Gara, en su edición del 19 de noviembre del 2000.

La causa

En septiembre de 2016, la Audiencia Nacional ordenó al juez José de la Mata la reapertura, por cuarta vez, del sumario sobre el atentado que acabó con la vida del juez Querol, tras una petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

El caso se archivó, por primera vez, en 2003 por falta de autores conocidos, pero en 2006 se reabrió y unos meses más tarde se volvió a cerrar. Ocho años después, en 2014, se abrió de nuevo para investigar los restos del coche-bomba.

En 2015, a petición de la AVT, se volvió a abrir y se acordaron una serie de diligencias periciales. Se archivó otra vez, hasta su última reapertura, en 2016. En 2022, el juez Pedraz, que sustituyó a De la Mata en el Juzgado Central de Instrucción 5, admitió a trámite la querella de Dignidad y Justicia.

La asociación de víctimas, presidida por Daniel Portero, pretende impulsar una nueva estrategia jurídica para la persecución de crímenes impunes cometidos por la banda terrorista, tratando de llevar al banquillo a los jefes de la banda, a los que tacha de "presuntos autores detrás del autor" y que, a su juicio, serían posibles corresponsables de haber segado más de seis decenas de vidas entre 1990 y 2009.

El atentado

Pasadas las nueve de la mañana del 30 de octubre del año 2000, la banda terrorista acababa con la vida del magistrado de Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, el general tarraconense José Francisco de Querol y Lombardero (69 años), así como de sus acompañantes en el coche: el policía Jesús Escudero García (53) y el chófer Armando Medina Sánchez (57).

Los terroristas hicieron explotar, mediante un detonador con mando a distancia, un coche-bomba en la madrileña Avenida de Badajoz. El vehículo había sido robado y tenía en su interior cerca de 40 kilos de dinamita y grandes cantidades de metralla.

El atentado también hirió de gravedad a Jesús Sánchez Martínez, conductor de un autobús municipal, quien fallecería tiempo más tarde.

Poco antes del atentado, en mayo de 1999, se produjo en Zúrich (Suiza) un encuentro entre representantes del Gobierno de España y miembros de ETA, pero no se logró llegar a ningún acuerdo.

Tras el fracaso de las negociaciones, el 28 de noviembre de 1999, la banda anunció en un comunicado el final del alto el fuego y la reanudación de sus actividades terroristas.

La primera víctima mortal de esta nueva etapa se produjo el 21 de enero de 2000 en Madrid. Al igual que en el atentado contra el juez Querol, también se produjo en la capital de España, mediante un coche bomba y tuvo como víctima mortal a un alto militar, el teniente coronel del Ejército de Tierra Pedro Antonio Blanco García.