PSOE pide que el juez siga investigando las mordidas en la 'era Aznar': "La UDEF vio irregularidades"
El juez Santiago Pedraz archivó esta causa sin imputaciones. Un reciente informe de la IGAE no detectó irregularidades significativas.
5 enero, 2023 13:35El PSOE ha recurrido el cierre de la investigación judicial sobre las supuestas mordidas pagadas al PP por empresarios durante los gobiernos de José María Aznar.
Así consta en el recurso de apelación presentado por el Partido Socialista, que ejerce la acusación popular en esta causa, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En las 36 páginas del documento, dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la formación se apoya en varios informes policiales para solicitar la reapertura de la investigación que, el pasado 19 de diciembre, el juez Santiago Pedraz archivó.
"La UDEF [Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional] ha detectado irregularidades que califica de arbitrariedades", subraya el partido sobre uno de los informes policiales enviados al Juzgado Central de Instrucción número 5 y que, tras analizar varios contratos sospechosos, ponía en cuestión algunos extremos de las adjudicaciones públicas.
El PSOE también se apoya en las declaraciones judiciales del extesorero del PP Luis Bárcenas. De hecho, esta pieza, las llamadas comisiones finalistas de la era Aznar, es el último fleco de los denominados papeles de Bárcenas, en los que el antiguo responsable de las finanzas del Partido Popular habría anotado las entradas y salidas de dinero de la caja B de la formación.
[El juez Pedraz archiva sin imputaciones la causa sobre las donaciones al PP en la época de Aznar]
"Aun cuando no haya irregularidad formal en las adjudicaciones, estas actuaciones consistían, en ocasiones, en manejar los márgenes de discrecionalidad existente en las adjudicaciones de obra pública para decantar finalmente la balanza en la concesión de determinados contratos a favor de la empresa en que los responsables del PP se habían interesado en cada caso", incide el escrito de la defensa de las dos diputadas socialistas Carmen Ninet y Cristina Moreno.
"No necesariamente debe establecerse un vínculo simétrico entre donación y adjudicación, pues algunas donaciones tienen como pretensión crear un estado favorable entre el partido y el donante sobre futuras acciones favorecedoras de adjudicaciones", añade.
"En los papeles de Bárcenas, el extesorero anotó tres entradas en enero, julio y noviembre de 2000 por valor de 5, 2 y 5 millones de pesetas respectivamente. Bárcenas anotó al lado 'Alfonso Gª Pozuelo' y 'de Alfonso Gª Poz'. La UDEF concluyó que ambas entregas pertenecían a la misma partida y que su destino final fueron la campaña del PP en Galicia", señala la defensa de las dos socialistas. Alfonso García Pozuelo fue presidente de Constructora Hipánica, la principal beneficiada por los contratos públicos bajo sospecha.
"Los papeles de Bárcenas recogen una entrada de dinero a la caja B de Génova [calle madrileña en la que el PP tiene su principal sede] procedente de Alfonso García Pozuelo de 60.000 euros", señala el PSOE en su escrito. "Se consta que existen elementos indiciarios que suponen un principio de prueba que soportan proseguir la causa", concluye el escrito dirigido a la Sala de lo Penal, que deberá decidir ahora si respalda o revoca la decisión del juez instructor.
Archivo de la causa
A mediados del pasado mes de diciembre, el magistrado Santiago Pedraz archivó esta investigación después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitase, debido a la falta de pruebas.
El escrito del fiscal, avanzado por EL ESPAÑOL, señalaba que fueron "numerosas" las diligencias practicadas orientadas a "esclarecer y averiguar la posible relación entre los pagos anotados y los contratos adjudicados".
Sin embargo, no se detectaron "incumplimientos de la normativa aplicable", lo que "imposibilita establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados".
Asimismo, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, tampoco localizó ilegalidades en las adjudicaciones. Y, por ello, no pudo concluir si varias empresas —constructoras, fundamentalmente— pagaron mordidas al Ejecutivo del PP a cambio de estos contratos públicos.
En aquel documento, de 94 folios, la IGAE analizó los pliegos y los criterios de concesión de varios contratos licitados por los ministerios de Defensa, Interior, Fomento y Medio Ambiente cuando José María Aznar era presidente del Gobierno.
También, otros ofertados por organismos como la Entidad Pública de Suelo (SEPES), la compañía pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Confederación Hidrográfica del Tajo o el Instituto de Turismo de España (Turespaña). Y Hacienda en ningún caso vio vínculos entre las presuntas mordidas anotadas en la libreta de Luis Bárcenas, y las adjudicaciones que las compañías consiguieron.