El Tribunal de Cuentas investiga qué cargos de Móstoles favorecieron a la ITV al perdonar su deuda
El Ayuntamiento de la localidad rebajó el canon que pagaba una empresa concesionaria y redujo parte de su deuda.
24 noviembre, 2022 03:14El Tribunal de Cuentas (TdC) avanza en su investigación y ya ha solicitado al Ayuntamiento de Móstoles que informe de "quiénes fueron los responsables" que acordaron la reducción del canon municipal que pagaba una empresa a las arcas públicas y de las cantidades que adeudaba.
Todo ello, a fin de determinar las "presuntas irregularidades contables" de esta decisión del consistorio de la segunda ciudad más grande de Madrid, que también suprimió 615.000 euros de la deuda de esta compañía.
Así consta en un requerimiento firmado por la Delegada Instructora del TdC, fechado a mediados de noviembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Dicho documento concede de plazo hasta el 15 de diciembre de 2022 al Ayuntamiento que encabeza la socialista Noelia Posse.
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El consistorio tendrá que indicar "quiénes fueron las personas que intervinieron en las actuaciones de ejecución y control presupuestario de los hechos denunciados, debiendo comunicarse (...) el nombre, apellidos, DNI, domicilio actual y dirección de correo electrónico de aquellas personas que tuvieron responsabilidad en el ámbito de la gestión económica-administrativa".
Asimismo, deberá especificar "los responsables que acordaron la reducción del canon anual de los 147.653,99 euros originales a 60.000 euros por año, la quita de 615.000 euros de la deuda de los cánones impagados y del fraccionamiento de la misma hasta el año 2040 sin intereses de demora ni garantías de pago".
El TdC investiga, desde inicios de 2021, la reducción de este canon y la quita de gran parte de la deuda que acumulaba la mercantil ITV Móstoles S. L. Esta empresa, dedicada a la inspección técnica de vehículos, gozaba de una concesión municipal y ocupaba un pabellón de titularidad pública.
'Caso ITV'
Estos hechos llegaron, incluso, a investigarse judicialmente en el llamado caso ITV, por el que estuvo imputada, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la regidora socialista y, posteriormente, los miembros de su Gobierno.
Finalmente, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles archivó provisionalmente esta investigación. No obstante, la marca local de Más Madrid recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, que no tardará en pronunciarse sobre el sobreseimiento.
Fueron los concejales de Más Madrid Gabriel Ortega y Susana García los que presentaron una querella en la que acusaban al Gobierno local de haber perdonado, fraudulentamente, casi dos millones y medio de euros a una empresa y del "fraccionamiento, sin ningún tipo de intereses ni garantía, a nada menos que 30 años" de la cantidad que aún adeudaba. Y cifraron el supuesto perjuicio en casi dos millones de euros públicos.
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Por su parte, el Tribunal de Cuentas abrió una investigación sobre estos hechos, tras una denuncia del interventor del Ayuntamiento. Este último fue destituido poco después, el 5 de mayo de 2021, un día después de las últimas elecciones autonómicas de Madrid, por "pérdida de confianza", en un gesto que la oposición municipal tachó de "purga".
Ahora, para proseguir en su investigación, el TdC reclama al Ayuntamiento varios informes sobre esta concesión. Entre ellos, solicita uno a la Asesoría Jurídica del consistorio, que aconseja a la Junta de Gobierno Local, en el que se "relate cronológicamente los hechos acontecidos en la gestión de los cánones de los ejercicios 2012-2020 de la empresa concesionaria ITV Móstoles S. L.".
Cuentas también requiere a la Asesoría un dosier que detalle "si es ajustada a Derecho" la reducción del canon aprobado por el Ejecutivo mostoleño. El 20 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó la propuesta de resolución de preconcurso de acreedores solicitado por esta compañía.
A lo largo de la investigación judicial de caso ITV, fuentes del Ayuntamiento siempre han argumentado a este periódico que la reducción del canon y la quita de deuda fue el "mal menor" para el consistorio, una decisión tomada para "salvar" los empleos y a la propia empresa.