El PSOE aceptó por escrito que el PP elija al sucesor del magistrado del TC que ha renunciado al cargo

El exsecretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños -hoy ministro de la Presidencia- y el exsecretario general del PP Teodoro García Egea firmaron el 21 de octubre de 2021 un documento de "acuerdos" en el que, entre otras cláusulas, se incluía una por la que, en caso de que un magistrado del TC dimitiese antes de terminar su mandato, la fuerza política que lo hubiese propuesto mantendría la facultad de elegir a quien hubiera de cubrir la vacante.

En ese momento hacía dos meses que Alfredo Montoya había sufrido un ictus. Su sustitución estaba ya sobre la mesa cuando Bolaños y García Egea suscribieron ese escrito, cuya publicación parcial en El País ha generado un nuevo enfrentamiento público entre Moncloa y el partido de Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado carta de naturaleza al documento y ha exigido al PP que "cumpla con lo firmado, con la ley y con la Constitución" y renueve el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace "más de 1.350 días", subrayó.

“No hay precedente en Europa de un bloqueo como el que se está sometiendo" al órgano de gobierno del Poder Judicial, reprochó al PP este martes.

En lo que se conoce, los acuerdos firmados por Bolaños y García Egea no se centraban en la renovación del CGPJ -que en aquel momento se seguía negociando y se consideraba factible por ambos-, sino en el TC.

El documento fue rubricado cuando PP y PSOE acababan de lograr un pacto para renovar el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y a los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación correspondía al Congreso.

Pero estaba pendiente en un horizonte próximo -junio de 2022- otra renovación del TC decisiva para el Gobierno PSOE-UP, ya que con ella conseguirá el vuelco de la mayoría en el tribunal de garantías, hasta ahora en manos conservadoras y que pasará a estar controlado por el sector progresista.

El TC, prioridad

Con el fin de asegurarse de que el Tribunal Constitucional sería renovado en plazo, el pacto firmado por Bolaños y García Egea incluyó una salvaguardia favorable al Gobierno: los grupos parlamentarios del PSOE y del PP presentarían "conjuntamente" en el primer cupo de iniciativas parlamentarias (se preveía que en noviembre de 2021) una proposición de ley para volver a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La reforma consistiría en devolver al CGPJ la facultad de nombrar a dos de los cuatro magistrados del TC que le corresponde designar en la renovación pendiente. Los otros dos son propuestos directamente por el Gobierno.

Ésta es la reforma que el Grupo Socialista acabó presentando en solitario el pasado 24 de junio.

El hecho de que ahora haya trascendido que el PP -de Núñez Feijóo- rechaza vehementemente una reforma legal que ese mismo partido aceptó y rubricó por escrito -con Pablo Casado- es utilizado ahora por el Gobierno para fustigar a la nueva dirección popular.

"¿Cómo quedan ahora quienes decían que esa reforma estaba pactada con ERC y Bildu?", señalan fuentes de Moncloa en directa alusión al vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, que exigió la retirada de la proposición de ley.

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Para colmo, en una entrevista concedida a El País el propio Núñez Feijóo aseguró que "no tengo" el acuerdo firmado por García Egea con el PSOE para modificar las facultades del CGPJ con el fin de hacer posible la renovación del Constitucional. "Miente", aseguran fuentes de Moncloa, que creen haber pillado en falta al nuevo líder del PP. 

La respuesta de Génova la ha dado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, que atribuyó al Gobierno la "filtración intencionada" de la postura "de la anterior dirección" del PP, lo que calificó de "ejercicio de trilerismo político" por parte de Moncloa.

Rollán dijo que, después de que Alberto Núñez Feijóo asumiera la presidencia del partido el pasado marzo, "ningún miembro del Gobierno, ni el propio presidente, hizo referencia a ningún tipo un documento suscrito con anterioridad" porque el Ejecutivo "entendía" que había una nueva dirección y "no ponía en valor ese documento".

“El único que lo ha podido filtrar es el Gobierno", ha añadido. "Lo que negamos es que el Gobierno considerase que ese documento fuese vinculante, habida cuenta de que empezamos con un folio en blanco en el PP deseando tener unos jueces con mayor independencia, con menor injerencia de la clase política".

Vacante crucial

Pero, de no ser el documento "vinculante" para la nueva dirección de Génova, tampoco lo sería el acuerdo relativo a la facultad de proponer al sustituto de Alfredo Montoya.

El PP no ignora que se trata de una vacante crucial. Si no se cubre, los magistrados propuestos por el Partido Popular quedarán reducidos a cuatro tras la próxima renovación (incluyendo en ellos al juez que propondrá, previsiblemente en septiembre, el sector mayoritario del CGPJ). Cuatro votos de 11 son prácticamente irrelevantes.

Pero si el PP logra designar al magistrado que reemplazará a Montoya, serían cinco los magistrados de procedencia conservadora y bastaría atraer un solo voto del sector progresista para forzar empates.

El trasvase de votos no es inusual en el TC. Permanentemente escrutados en cuanto a su grado de dependencia o independencia política, los magistrados se descuelgan en ocasiones del sector al que se les adscribe en función del partido que les propuso. Y ello puede ocurrir en cualquiera de los controvertidos asuntos a los que se enfrentará el TC en los próximos meses, desde la ley del aborto a la ley Celaá o la limitación de las competencias del CGPJ.

En la Moncloa no hay duda sobre la vinculación de lo firmado en octubre de 2021. "No lo rubricaron Egea y Bolaños, sino PP y PSOE", argumentan.

En todo caso, fuentes del Gobierno aseguran que están dispuestos a respetar la cláusula sobre la sustitución de Alfredo Montoya con el nombre del jurista que elija el PP. Eso sí, "siempre que el PP de Núñez Feijóo levante el bloqueo y acepte renovar al mismo tiempo el CGPJ".