Los policías del ariete piden expulsar de la causa al inquilino por pagar su fianza "fuera de plazo"

La defensa de dos de los policías de la patada en la puerta; entre ellos, del subinspector jefe del grupo, ha solicitado al juez que expulse de la causa al inquilino del piso en el que los agentes entraron utilizando un ariete.

¿El motivo? Sus abogados alega que ha incumplido el plazo para pagar la fianza de 1.000 euros que el Juzgado le solicitó. El pasado 3 de mayo, el juez Jaime Serret otorgó diez días para que T. J. G. depositase esta cantidad, dado que es un ciudadano británico y Reino Unido es un país sin convenio de reciprocidad.

Este martes, 7 de junio, Serret ha dictado una providencia, en la que recuerda al querellante "no consta" su ingreso de la fianza de mil euros fijada el 3 de mayo.

"Debe indicarse que aunque está recurrida en reforma y apelación dicha providencia  (tanto por la querellante como por la querellada) los recursos NO SON SUSPENSIVOS", subraya el juez, indicando la exigencia de fianza no quedó paralizada al ser recurrida. Y le concede, de nuevo, otro plazo para depositar esta cantidad. En este caso, de dos días, tras advertir al ciudadano británico de que si no lo hace, perderá su condición de querellante.

Se trata, además, de la única acusación que solicita penas de cárcel para los seis policías que el 21 de marzo de 2021 reventaron la puerta de su domicilio con un ariete, con el objetivo de poner fin a una fiesta ilegal, prohibida por las restricciones contra la Covid entonces vigentes.

En respuesta, la defensa de dos de los policías se opone a esta nueva decisión del juez. En un recurso, presentado este martes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, cuestionan lo que consideran una "gracia absolutamente ilegal" concedida por el magistrado. 

Y concluye solicitando a Serret que expulse de la causa a la acusación particular, "al no haber prestado la fianza dentro del término fijado y haber transcurrido más de un mes de la resolución fechada el 3 de mayo de 2022", la primera de ellas.

Asimismo, tras recurrir en reforma —es decir, ante el propio juez que dictó la resolución—, si no obtienen su propósito, impugnarán esta decisión ante la instancia superior, la Audiencia Provincial de Madrid. Si la defensa de T. J. G. queda expulsado de la causa, esto podría dar la puntilla a la causa, ya que no hay ninguna otra parte que solicite ninguna pena para los policías.

Concretamente, solicita dos años y medio de cárcel para cada agente por allanamiento de morada. La Fiscalía, a pesar de reconocer la existencia de este delito, pidió la absolución de todos ellos. Si finalmente se sientan en el banquillo de los acusados, los policías de la patada en la puerta serán juzgados por un jurado popular.

'Patada en la puerta'

Alertados por los vecinos, que se quejaban de los ruidos, en la madrugada del 21 de marzo de 2021, los seis agentes penetraron en la vivienda que T. J. G. tenía alquilada, ubicada en la madrileña calle Lagasca.

Lo hicieron derribando la puerta con un ariete, lo que causó una profunda polémica cuando un vídeo, grabado desde el interior de la vivienda, se difundió masivamente en las redes sociales. Hasta el punto de que esta actuación sirvió de arma política para atacar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsable último de la Policía.

Delante del juez, los agentes declararon que sus actos "se ajustaron a Derecho", ante la "reiterada negativa" de varias de las personas del interior del piso a identificarse.

Dentro del inmueble, en torno a una quincena de jóvenes celebraba una fiesta, algo prohibido por las restricciones contra la Covid-19 derivadas de la declaración del estado de alarma en toda España. Entre ellos, se encontraba la bisnieta de un ministro franquista, que se encaró con los agentes.

Ante lo que los agentes consideraron "un posible delito" —la oposición continuada, durante una media hora, a salir al rellano y mostrar sus DNI, comportamiento que creyeron que ya excedía la falta administrativa—, el mando a cargo de la patrulla dio la orden de reventar la puerta, tras haber probado otras dos técnicas para acceder al domicilio.

En su escrito de defensa, el letrado del subinspector jefe del grupo y de otro de los policías también aseguró que, tras acceder al piso, hallaron "indicios racionales suficientes de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales", y llegaron a pensar que en el interior del domicilio se ofrecía prostitución de lujo a extranjeros.