La Cámara de Comercio Internacional (ICC) ha confirmado al juez del caso Mascarillas que los avales que presentaban a los imputados Alberto Luceño y Luis Medina como "agentes exclusivos" de la compañía malaya Leno son falsos.
Esta empresa asiática fue la proveedora del material sanitario que ambos investigados hicieron llegar al consistorio de Madrid en los peores meses de la pandemia de la Covid-19, a cambio de unas comisiones millonarias. La Administración municipal pagó, en total, unos once millones de euros públicos por guantes, test y mascarillas.
El juez Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de la capital, investiga ahora la posible estafa cometida por ambos, tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción.
Tal y como informó EL ESPAÑOL, la ICC ya alertó de la posible falsedad de estos documentos. Lo hizo en un comunicado público, por lo que Carretero solicitó un informe al respecto. La Cámara también avisó —y ahora se reitera, a petición del magistrado— de que no existen unas pautas internacionales que fijen el porcentaje recomendable que deben embolsarse los intermediarios en contratos de compraventa.
No obstante, así lo aseguró el empresario Alberto Luceño cuando fue interrogado por el fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol el 14 de abril de 2021. "La comisión la asigna el vendedor y yo soy agente del vendedor [la empresa malasia Leno]. Seguimos las recomendaciones de la Cámara de Comercio de París, que es la ICC", indicó, señalando el encabezamiento de un documento ubicado sobre la mesa del fiscal.
En el informe, ya enviado al Juzgado y fechado el 11 de mayo, al que ha tenido acceso este periódico, la Cámara de Comercio Internacional certifica que estos documentos, obrantes en el sumario del caso Mascarillas, han sido "falsamente atribuidos" a esta organización. En otros, aparece un logotipo de la ICC antiguo, ya sin validez.
"El membrete de estos contratos falsamente atribuidos a la Cámara de Comercio Internacional se utilizó entre enero de 1997 y diciembre de 2013. El nuevo diseño se introdujo en enero del 2014 y sigue actualmente en uso", expone el informe.
"La Cámara de Comercio Internacional no es autora ni ha participado en su elaboración o redacción de sus estipulaciones ni autorizado el uso del membrete antiguo", añade, tras reiterar que sufren falsificaciones desde hace 17 años, por lo que la ICC debió modernizar el formato de estos documentos.
Asimismo, la Cámara de Comercio, a petición del Juzgado, reitera que ni Alberto Luceño ni Luis Medina son ni han sido socios de la misma. "Ello supone un impedimento para utilizar los modelos de contrato de la ICC, destinados a la facilitación del comercio internacional en todo el mundo", concluye el informe, firmado en Barcelona por el Comité Español de la organización.
Y estos documentos no son los únicos obrantes en el sumario del caso Mascarillas cuya veracidad ha sido desmentida por la entidad a la que se atribuyen. Tal y como reveló EL ESPAÑOL en exclusiva, la certificadora italiana Ente Certificazione Macchine (ECM) indicó, a preguntas de este medio, que un documento —un certificate of compliance— aportado por la empresa malasia Leno también es falso. Tanto es así que la propia ECM ya lo ha añadido a su base de datos de fakes.
'Caso Mascarillas'
A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados, entre ellos, los atribuidos a ICC, para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.
El empresario Alberto Luceño, en una imagen reciente.
Y con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.