Alberto Luceño, imputado en el caso Mascarillas, ha comunicado al juez Adolfo Carretero que, actualmente, no puede abonar los más de 4 millones de euros que el Juzgado le ha impuesto como fianza.
Así consta en un escrito, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que su defensa indica al magistrado "la imposibilidad del señor Luceño de atender a la fianza impuesta, sin perjuicio de los bienes y saldos en cuentas corrientes ya embargados; si bien, tan pronto se disponga de patrimonio se atenderá a la solicitud del Ilustrísimo Juzgado".
Tal y como informó este periódico, el magistrado Carretero ha otorgado un plazo de 48 horas a Alberto Luceño para satisfacer los 4.023.966,94 euros que le reclama como fianza en el caso Mascarillas, en el que se investiga la supuesta estafa cometida por el empresario y su socio, el aristócrata Luis Medina, a la empresa funeraria de Madrid en la venta de productos sanitarios.
En dicho auto, conocido este martes, el juez ya advertía a Luceño: "En caso de no pagar la fianza en cuarenta y ocho horas, embárguense los bienes que se encuentren a nombre del mencionado, así como de la mercantil [Takakama S. L.]", una de las empresas de su propiedad y de la que figura como su administrador único.
Para ello, el juez acordó ordenar al Punto Neutro Judicial y a la Agencia Tributaria que informen "de los bienes muebles de valor e inmuebles" que posea Luceño o que figuren a nombre de esta compañía, tanto en España como en el extranjero.
Hasta el momento, sólo ha podido serle embargado un piso en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, valorado en 1.107.400 euros. También, diversos vehículos por valor de 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un importe de 129.140,70 euros. Todo ello, insuficiente para suplir los 6.206.644 euros de fianza total que le reclama el Juzgado de Instrucción número 47 de la capital. La diferencia entre lo embargado y la solicitud total son estos 4.023.966,94 de euros que aún debe pagar y que ahora asegura que no puede.
En un escrito previo, Luceño comunicó al Juzgado que pretendía aportar el millón de euros que esperaba obtener con una venta futura de aceite y otros negocios.
'Caso Mascarillas'
A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y su socio en esta operación comercial, el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra la Covid-19.
Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado, en los peores meses de la pandemia de coronavirus. La empresa municipal pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público.
Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Así lo reconoció este lunes ante el juez y, anteriormente, al fiscal del caso. Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
En el auto conocido este martes, el juez Carretero advertía a Luceño de que la fianza que le exige para satisfacer las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso es "susceptible de ser ampliada si no se encuentran bienes del otro investigado [Luis Medina]".
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, el piso en Pozuelo, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Ambos querellados están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el aristócrata ofreció al Juzgado los derechos que pudieran corresponderle sobre la herencia de su abuela, la duquesa de Medinacelli, para satisfacer su fianza.