El juez da 48 horas a Alberto Luceño para aportar 4 millones de euros de fianza

El juez Adolfo Carretero, encargado de investigar el caso Mascarillas, ha dado 48 horas de plazo a Alberto Luceño para aportar una fianza de 4.023.966,94 euros.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que el magistrado también descarta imputarle por los delitos de alzamiento de bienes y fraude fiscal. De este último le acusaba el partido Podemos, personado en la causa como acusación popular.

"En caso de no pagar la fianza en cuarenta y ocho horas, embárguense los bienes que se encuentren a nombre del mencionado, así como de la mercantil [Takakama S. L.]", una de las empresas propiedad de Luceño, quien figura como su administrador único.

Para ello, el juez acuerda ordenar al Punto Neutro Judicial y a la Agencia Tributaria que informen "de los bienes muebles de valor e inmuebles" que posea el empresario o que figuren a nombre de esta compañía, tanto en España como en el extranjero. 

Tal y como recuerda el magistrado en su auto, hasta el momento, sólo ha podido ser embargado un inmueble en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, valorado en 1.107.400 euros. También, "diversos vehículos valorados en 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un importe de 129.140,70 euros".

No obstante, Carretero indica que los cargos efectuados en las cuentas personales de Luceño y en las de su empresa corresponden a "gastos necesarios para su vida personal" y la de su mercantil, como él mismo justificó en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, en el que negaba haber cometido alzamiento de bienes.

"Como ha acreditado documentalmente su representación procesal —admite el juez—, el dinero de las ventas de tres vehículos fue ingresado en las cuentas de la sociedad Takamaka Invest S. L.", que ya estaban embargadas.

'Caso Mascarillas'

A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y su socio en esta operación, el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra la Covid-19.

Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado, en los peores meses de la pandemia de coronavirus. La empresa municipal pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público.

Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Así lo reconoció este lunes ante el juez y, anteriormente, al fiscal del caso. Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.

En su auto, el juez Carretero advierte que la fianza que exige a este último para satisfacer las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso es "susceptible de ser ampliada si no se encuentran bienes del otro investigado".

Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, el piso en Pozuelo, un velero o coches deportivos—, habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.

Ambos querellados están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.

Los logos del ICC

Asimismo, en una providencia fechada el pasado 29 de abril, el juez Carretero ha ordenado enviar a la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) varios documentos obrantes en el sumario del caso Mascarillas.

Se trata de los avales, con membrete del ICC, con los que Alberto Luceño se presentó ante la funeraria municipal de Madrid como "agente exclusivo" de la empresa suministradora del material, la malasia Leno. Y con los que también justificó el porcentaje cobrado como comisión por intermediar en los contratos.

Interrogado por el fiscal en abril de 2021, el empresario garantizó que "la Cámara de Comercio de París, que es la ICC, recomienda que nunca una persona cobre más del 50% de una operación". Sin embargo, en un comunicado, publicado por este periódico, la institución negó que esas pautas existan.

Por ello, el juez Carretero ordena ahora que la Cámara de Comercio Internacional indique si ha elaborado los documentos obrantes en el sumario que llevan su membrete, si Luceño y Medina son o han sido socios de la institución y si existen o no dichas recomendaciones para los intermediarios en operaciones mercantiles.