El partido Podemos, personado en el caso Mascarillas como acusación popular, ha pedido al juez instructor Adolfo Carretero que impute a Alberto Luceño por fraude fiscal.
En un escrito enviado este lunes al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la formación izquierdista solicita que "se amplíe el objeto de la investigación a un presunto delito fiscal del investigado don Alberto Luceño y a la imputación de la sociedad Takamaka Invest S. L.", una de las compañías de su propiedad, a cuya cuenta bancaria fue a parar la abultada comisión que el empresario habría cobrado por intermediar en tres contratos sanitarios de la funeraria municipal de Madrid.
Según refiere el partido, en el último escrito presentado al juez por la defensa de Luceño se admite que este último tributó los más de cuatro millones de euros que habría cobrado como comisión mediante el Impuesto de Sociedades y no como IRPF, que grava un 43,5%. En efecto, en dicho documento, del que informó este diario, su abogado indica que "Takamaka declaró la totalidad de los beneficios que obtuvo de los contratos investigados en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020".
"Como consta acreditado, esa sociedad [Takakama] ni siquiera existía al momento de realizarse las operaciones investigadas, ya que se constituyó en fecha 20 de mayo de 2020, prácticamente dos meses después de abonarse las citadas comisiones", que, en el caso de Luceño, superaron los cuatro millones de euros.
"Es por ello evidente que los servicios prestados, y por los que obtuvo una desmesurada retribución, eran de naturaleza personalísima y no fueron desarrollados por una sociedad que no existía al momento de prestarse dicho servicio. Por tanto, el investigado era el verdadero sujeto pasivo del impuesto a satisfacer, y no la recién constituida sociedad", añade Podemos, que también pide que se investigue a Luceño por alzamiento de bienes, dados los gastos efectuados en las cuentas en las que ingresó su comisión, que la defensa del empresario tildó de "empresariales y familiares".
"Lo que parece indiciariamente acreditado es que el investigado, sabiendo, como debía saber, que la tributación de sus comisiones iba a resultar especialmente gravosa en términos fiscales, eludió declararlas en su Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y las traspasó a una sociedad de nueva creación emitiendo facturas presuntamente falsas (porque ningún servicio habría prestado Takamaka en esa operación), una vez fue constituida, reduciendo artificialmente de esta forma su carga fiscal en casi 30 puntos porcentuales", incide el partido.
'Caso Mascarillas'
A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de varios contratos sanitarios —para guantes, test contra la Covid y mascarillas— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico".
Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado, en los peores meses de la pandemia de coronavirus.
Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada al consistorio. Su socio, en total, más de cinco millones de euros por los tres contratos. E, incluso, este último habría ocultado a Medina que su comisión era varias veces superior, haciéndole creer que ambos recibirían cantidades idénticas.
Además, ambos usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo, un velero o varios coches deportivos— habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.