El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha advertido hoy del riesgo que implica meter a partidos como Bildu que buscan "fracturar al Estado español" en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, en la que se informará sobre el presunto espionaje a líderes independentistas con el software Pegasus.

La Comisión de Secretos Oficiales (o de Gastos Reservados, según su denominación oficial) no se ha constituido desde 2019, porque para aprobar su composición es necesaria una mayoría cualificada de 210 escaños. 

Desde el inicio de la actual legislatura, el PP no ha facilitado el acuerdo porque se resiste a meter a representantes de partidos como Bildu o ERC (actuales socios parlamentarios del Gobierno) en la comisión en la que se fiscaliza la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El actual mecanismo de mayoría cualificada para constituir esta comisión se aprobó en 2004, cuando presidía el Congreso el socialista Manuel Marín. Juan Bravo ha recordado este lunes que la actual presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, tiene la potestad de modificar dicho acuerdo y "no necesita al PP" para ello. 

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, Juan Bravo ha dejado entrever que el Partido Popular respaldará la actuación del Gobierno, si el presunto espionaje a los líderes independentistas se hizo dentro del cauce previsto por la Ley: es decir, si las escuchas fueron autorizadas por el juez encargado de tutelar la actuación del CNI.

Bajar IVA e IRPF

Juan Bravo ha lamentado que el presidente Pedro Sánchez aún no haya dado ninguna respuesta a la propuesta económica que le remitió el viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que prevé bajadas del IRPF para todas las rentas inferiores a los 40.000 euros (una medida que también beneficiaría, por tanto, los pensionistas).

En cambio, ha destacado Juan Bravo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se apresuró a viajar el domingo a Barcelona para informar a la consellera de la Generalitat Laura Vilagrà (ERC) sobre el presunto escándalo de espionaje del caso Pegasus.

A juicio del PP, el Gobierno de Sánchez demuestra así sus prioridades: apremia para renovar los cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y viaja en pleno domingo para resolver sus enfrentamientos internos con sus socios de ERC... pero no se digna a responder a las propuestas económicas de Feijóo para aliviar la situación de las familias más golpeadas por la crisis económica.

Juan Bravo ha desvelado que el equipo de Núñez Feijóo esperó en vano durante todo el fin de semana una llamada de Pedro Sánchez, por si debía acudir a la Moncloa a exponer los detalles de su propuesta económica.

La invasión de Ucrania

Además de una bajada del IVA de la luz y el gas (que Pedro Sánchez prometió ante los presidentes autonómicos en La Palma) y del IRPF, el documento remitido el viernes por Núñez Feijóo a la Moncloa prevé un mecanismo para facilitar la gestión de 5.000 millones de los fondos europeos (en forma de incentivos fiscales a la eficiencia energética), así como la simplificación de trabas burocráticas y una auditoría para recortar el gasto público superfluo.

El presidente Pedro Sánchez "no se puede sentar a negociar con principal partido de la oposición una propuesta que favorece a los que lo están pasando peor, pero sí ha tenido tiempo de disculparse con ERC por el espionaje a sus cargos", argumenta desde el PP Juan Bravo.

El Pleno del Congreso de los Diputados votará el próximo jueves el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, con medidas para paliar los efectos económicos de la invasión de Ucrania. 

El PP aún no ha decidido si votará en contra del decreto o si se abstendrá, a la espera de que el Gobierno le aclare si está dispuesto a incorporar al texto algunas de las medidas incluidas en el plan económico de Feijóo.

Un "plan de país"

Un documento que fue remitido a la Moncloa sin el logotipo del PP, como un "plan de país, para que el Gobierno lo haya suyo", recalca el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.

En cuanto al escándalo del caso Pegasus, el PP no se cierra por completo a que Bildu o ERC entren en la Comisión de Secretos Oficiales, pero advierte del riesgo que supone sentar a partidos que quieren destruir la "integridad nacional" en la mesa en la que se airean los secretos del CNI.

Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo tiene previsto comunicar esta tarde al presidente Pedro Sánchez el nombre de los interlocutores del PP (es probable que uno de ellos sea el nuevo vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons) para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Aunque los populares recalcan que no consideran en absoluto prioritaria esta negociación, ni se plantean un plazo inminente para cerrarla (el presidente Pedro Sánchez pretende hacerlo el próximo mes de junio), porque es más urgente resolver la situación económica de los ciudadanos que más están sufriendo las consecuencias de la crisis.

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