El partido Más Madrid, personado en el caso Mascarillas como acusación popular, ha solicitado al juez Adolfo Carretero la imputación del gerente de la funeraria municipal de la capital, Fernando Sánchez González, por los presuntos delitos de falsedad en documento público y obstrucción a la Justicia.
Según consta en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, encargado de la investigación de esta supuesta estafa cometida por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, la acusación popular relata que la funeraria municipal entregó a la Fiscalía, el 21 de diciembre de 2020, las cartas de encargo de los tres contratos sanitarios que se analizan en el caso Mascarillas.
Se trata de documentos en los que la compañía pública indica que se encargará de estas compras, de forma centralizada, en virtud de un acuerdo con el Ayuntamiento. Todas las cartas están fechadas el 25 de marzo de 2020. Junto a ellas, como anexos, la funeraria pública aportó los propios contratos.
Más adelante, el 5 de abril de 2021, el gabinete jurídico municipal —la funeraria está participada al 100% por el consistorio— remite al Ministerio Público las mismas tres cartas. Una, del encargo de mascarillas; otra, por el de guantes, y una tercera, de los test contra la Covid. En esta segunda ocasión, destaca Más Madrid, ya no se aportan los contratos.
El gabinete jurídico entrega las tres cartas para complementar la declaración como testigo ante la Fiscalía Anticorrupción de Elena Collado, la consejera de la funeraria municipal encargada de negociar los contratos con Alberto Luceño, quien acabaría imputado por esta supuesta estafa al Ayuntamiento.
Cartas que no coinciden
Según argumenta Más Madrid, los primeros documentos entregados al Ministerio Fiscal no coinciden con la segunda tanda. "La carta de encargo remitida por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid [el 5 de abril de 2021] difiere de la presentada por la funeraria municipal meses antes", advierte el partido en su escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
"Así, desaparece [como anexo] el contrato firmado por la concejala [y presidenta del consejo de administración de la funeraria, Inmaculada Sanz Otero] en el que se recogía la cantidad e importe de éste y se reconstruye la carta de encargo original", sustituyéndose, según expone Más Madrid, el contrato original por un apunte en la carta de encargo que refleja la cantidad y el precio de los productos comprados.
Carta aportada por la empresa funeraria.
Segunda carta aportada a Fiscalía.
"Se elimina, igualmente, la firma electrónica [de Elena Collado y de Fernando Sánchez] de la carta de encargo y se sustituye por otra manuscrita [de ambos]". Lo mismo sucede, argumenta Más Madrid, en los tres casos: por el encargo de un millón de mascarillas KN95, en el de 2.500.000 guantes de nitrilo y con el de 250.000 test contra la Covid-19.
"Cartas con contenido diferente"
Por todo ello, el partido concluye en su escrito que la asesoría jurídica del consistorio "remitió el 5 de abril de 2021 a la Fiscalía unas cartas de encargo con un contenido diferente a las aportadas por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSFM) el 26 de noviembre de 2020, cuando deberían ser exactamente iguales".
Al partido le "llama la atención" que a ninguna de las cartas de la segunda tanda, la aportada por el gabinete jurídico, "acompañen los contratos firmados por la concejala Inmaculada Sanz Otero".
Unas supuestas modificaciones que esta acusación tacha de intentos "a posteriori" de "hacer desaparecer u ocultar cualquier vinculación del cargo político con los actos administrativos dictados (...), rehaciendo las cartas de encargo originales, ya que en ellas —salvo en el caso de los test— no aparecía cantidad ni importe, toda vez que se incluían [estos datos] en los contratos adjuntados".
Más Madrid sostiene que en los documentos entregados por la asesoría jurídica, sin los contratos anexos, éstos últimos se habrían sustituido por dicho apunte incluido en la carta y que reseña la cantidad y el precio.
"Y, presumiblemente, y al objeto de que todas ellas aparecieran firmadas el día 25 de marzo, [los documentos entregados en abril de 2021] se suscribieron con firma manuscrita, exclusivamente obviando la firma electrónica, dado que ésta no puede antedatarse", concluye.
"Sea como fuere, lo que es indudable es que la Asesoría Jurídica (probablemente, sin saber que las cartas ya habían sido remitidas por la EMSFM) remite a la Fiscalía unas cartas de encargo reconstruidas, que divergen de las presentadas por la funeraria meses antes, lo que puede constituir un delito de falsedad en documento público", remata el escrito.
Fuentes de Más Madrid indican a EL ESPAÑOL que su intención a la hora de solicitar que se cite como investigado a Fernando Sánchez González es que explique "cómo y por qué se fraguan estos cambios". "Los documentos deberían ser idénticos y no lo son. Los primeros están firmados digitalmente y los segundos, a mano", inciden.
Y sostienen que, indiciariamente, se pudo tratar de evitar que el nombre de la concejala firmante de los contratos fuese aportado a la Fiscalía. El Ayuntamiento de Madrid está personado en esta causa como acusación popular.
'Caso Mascarillas'
Hace unas dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción presentó, finalmente, una querella contra Alberto Luceño y Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de varios contratos sanitarios —para guantes, test contra la Covid y mascarillas— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
En total, por todo el encargo, la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A. —participada al 100% por el Ayuntamiento de la capital— pagó, en la peor etapa de la pandemia de la Covid-19, unos 11 millones de euros de dinero público.
Luis Medina habría cobrado 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada al consistorio. Su socio, en total, más de cinco millones de euros por los tres contratos. E, incluso, este último habría ocultado a Medina que su comisión era varias veces superior, haciéndole creer que ambos recibirían cantidades idénticas.
Además, ambos usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un velero y varios coches deportivos— habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal. Medina y Luceño deberán acudir a declarar ante el juez el próximo día 25 en la madrileña Plaza de Castilla.
El Ayuntamiento de Madrid está personado en este caso como acusación particular. El juez le reconoció la condición de "perjudicado" por esta supuesta estafa. Más Madrid, Podemos y el PSOE figuran como acciones populares.