El juez Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha aceptado la personación del Ayuntamiento de la capital en el caso de la supuesta estafa cometida por los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño en varios contratos sanitarios en marzo de 2020.
En un auto, fechado este martes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, destaca que el consistorio es, aparentemente, el "perjudicado" en este asunto, tal y como han defendido estos últimos días desde el equipo del alcalde Martínez-Almeida. El magistrado también subraya la gravedad de los hechos, que se habrían producido en lo peor de la pandemia de la Covid-19, "con miles de fallecimientos diarios".
Por tanto, Carretero admite la personación del Ayuntamiento de Madrid como acusación particular y del PSOE y de Podemos, como acción popular. Y pide a Rita Maestre y Más Madrid que cumplimenten un trámite incompleto —deben "aportar el poder general para pleitos preceptivo"— para ser también parte en esta causa, como habían solicitado.
Luis Medina y su madre, Naty Abascal, en una imagen de archivo.
"Los delitos investigados no sólo afectan a los fondos públicos, sino que tienen un interés general y una enorme repercusión pública, al investigarse el manejo de los citados fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de la Covid-19, con miles de fallecimientos diarios, y determinar si esos fondos beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos", expone el auto.
Tras admitir a trámite la querella de Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid imputó a los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón por las supuestas comisiones que cobraron por su intermediación en tres contratos sanitarios del Ayuntamiento de la capital al inicio de la pandemia del coronavirus.
El empresario Alberto Luceño Cerón.
El Ministerio Público les acusa de los delitos de blanqueo, estafa agravada y falsedad documental. El próximo día 25, el juez tomará declaración a los dos querellados en la madrileña Plaza de Castilla y citará próximamente a varios testigos.
En su querella, Anticorrupción relató que ambos "inflaron" el precio de varios contratos sanitarios (para guantes, test contra la Covid y mascarillas) "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico" y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
En total, por todo el encargo, la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A. —participada al 100% por el Ayuntamiento de Madrid— pagó, en la peor etapa de la pandemia, más de 11 millones de euros de dinero público.
El aristócrata Luis Medina, marqués de Villalba e hijo de la exmodelo y socialité Naty Abascal, habría cobrado más de 900.000 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada al consistorio. Su socio, en total, unos cuatro millones de euros por los tres contratos. E, incluso, este último habría ocultado a Medina que su comisión era varias veces superior, haciéndole creer que ambos recibirían cantidades idénticas.
Luis Medina, de rojo, junto a su velero 'Feria', adquirido con su comisión.
Ambos habrían gastado después estas cantidades en productos de lujo. Luceño pagó, presuntamente, una estancia de seis noches en un exclusivo hotel de Marbella (60.000 euros), tres relojes de lujo de la marca Rolex (45.000 euros) y una docena de vehículos de alta gama, entre los que hay un Ferrari de 355.000 euros, un Lamborghini de 299.999 euros o un Aston Martin DBS Superleggera por valor de 293.000.
También adquirió un piso con tres plazas de garaje en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios de España de mayor renta per cápita. El inmueble costó más de un millón de euros.
Por su parte, Luis Medina gastó casi toda su comisión en la compra de varios bonos bancarios y de un elegante velero Eagle 44, de 13 metros de eslora, al que bautizó como Feria, en honor al ducado de su padre y que hoy ostenta su hermano mayor, con quien también comparte la sociedad gibraltareña que registró el navío. La embarcación costó 325.515 euros. Todos estos bienes están, actualmente, embargados por el Juzgado.
"Los querellados lo inflaron [el precio] artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación [sólo en el contrato de mascarillas] cuatro millones de dólares; el 148% del precio real del producto", indicó Anticorrupción en su querella.
"Los precios [de venta] los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora", una empresa malaya. "Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir", expuso el Ministerio Público.