Un exconsejero catalán que, según la Guardia Civil, alertó de registros será profesor de los jueces

Jordi Jané fue diputado por CiU en el Congreso entre 1999 y 2015 y de ahí pasó a ser consejero de Interior, cargo del que salió un mes y medio antes del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017.

En el juicio del 'procés', en el que compareció como testigo el 23 de abril de 2019, dijo que se marchó del Gobierno catalán porque "yo había defendido y defiendo la necesidad del diálogo y del acuerdo para encontrar soluciones. En un contexto en el que sale Jordi Baiget [exconsejero de empresa, cesado el 3 de julio de 2017 por Puigdemont por cuestionar el referéndum], entiendo que se abre una cierta posibilidad de cambio en el Gobierno y ante la eventualidad de que en un futuro pudiera no darse un contexto de acuerdo y al considerar que ha finalizado una etapa como consejero, comunico mi intención de no continuar en el Gobierno".

El nombre de Jané había aparecido antes en la causa del 'procés'. En enero de 2018 el magistrado del Tribunal Supremo instructor de las diligencias, Pablo Llarena, pidió al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que le remitiera el informe de la Guardia Civil en el que que se hacía referencia a una conversación entre Carles Viver y la esposa de Jané.

Ese Juzgado ha sido el instructor de la operación Anubis, la principal investigación realizada sobre el proceso soberanista catalán. El teléfono de Viver, investigado en esa causa por ser considerado el principal cerebro jurídico del 'procés', estaba intervenido y se captó una conversación con la esposa de Jané en la que Viver le comentó el registro judicial del que fue objeto el 20 de septiembre de 2017.

La Guardia Civil transcribió la conversación, que tuvo lugar tres días después del registro, en estos términos: "Marga le pregunta si le han confiscado el teléfono. Él dice que sí, y el ordenador. El teléfono en busca de whatsapp y esas cosas, pero él lo había limpiado porque le avisó su marido ya hace tiempo para que fueran con cuidado, y le hice caso, así que no encontraron grandes cosas".

El informe de la Guardia Civil no tuvo ninguna consecuencia para Jané, cuya relación procesal con la causa del Tribunal Supremo ha sido la de testigo en la vista oral a propuesta de Vox.

Transcripción de la Guardia Civil sobre la conversación entre la esposa de Jané y Carles Viver./ E.E.

Aunque ha obtenido un gran número de votos (14 de 21), la elección de Jané como profesor no ha sido pacífica en la reunión del pleno del CGPJ. La vocal ponente, Nuria Díaz Abad, ha explicado que uno de los requisitos para el puesto, de acuerdo con las bases del concurso de méritos, es tener un "nivel acreditado" de B2 de inglés. Ello se exige porque una de las funciones a desarrollar es la "preparación y exposición de ponencias en materia constitucional y europea para las distintas delegaciones extranjeras que disfruten de estancias, cursos e intercambios en la Escuela Judicial, dentro de un marco de cooperación internacional".

En la entrevista celebrada con la Comisión Permanente  durante el proceso selectivo, Jané manifestó que "aunque ha estudiado inglés, su nivel no es óptimo y se compromete a estudiarlo de ser nombrado para esta plaza".

Aun así, Jané recibió votos de los dos sectores del CGPJ, incluido el del presidente, Carlos Lesmes.

Fuentes del CGPJ señalaron que uno de los factores que ha influido en el nombramiento es el hecho de que Jané era prácticamente el único candidato. A la plaza concurrieron otros dos aspirantes, pero uno de ellos, Ignacio Ulloa, ha preferido quedarse como letrado en el Tribunal Constitucional y la otra, la magistrada Rocío Ortega, ha sido considerada una excelente candidata para la plaza de profesor de Derecho Civil.

Además de su experiencia en el Congreso, donde fue portavoz de CiU en las comisiones constitucional, de justicia e interior, Jané ha sido profesor asociado del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra y desde el curso 2019/209, en la Universidad Rovira i Virgili.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (junio 1986) y máster en Derecho Comparado por la Universidad Autónoma de Barcelona (1991). También es funcionario de carrera del cuerpo Superior de la Administración de la Generalitat, en excedencia voluntaria.

A partir de ahora su trabajo será impartir enseñanzas jurídicas teórico-prácticas relativas al área de Derecho Constitucional y Derecho de la Unión Europea, tanto para jueces en prácticas como para magistrados y otros actores jurídicos dentro del programa de formación especializada para operadores jurídicos iberoamericanos.