El juez Pedraz da por terminada la investigación de los papeles de Bárcenas y rechaza prorrogarla

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha puesto punto final a la investigación de los llamados papeles de Bárcenas, la contabilidad paralela del PP entre 1990 y 2008, presuntamente nutrida de donaciones de empresarios y que representa uno de los mayores quebraderos de cabeza procedentes de los tribunales para la formación que ahora dirige Pablo Casado.

En una resolución dictada este jueves, el último juez que ha investigado las anotaciones del extesorero el PP Luis Bárcenas ha decidido "no acordar la prórroga de la instrucción, sin perjuicio de la práctica y recepción de las diligencias ya acordadas", por lo que no ordenará nuevas diligencias. El plazo de investigación termina así, definitivamente, el próximo 29 de julio.

La decisión cuenta con el apoyo el teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Romeral, y se ha tomado en contra del criterio de Izquierda Unida y la asociación Adade, que intervienen como acusaciones populares y habían pedido una prórroga de seis meses más.

Para Pedraz, sin embargo, "una vez celebrada el pasado 16 de julio la declaración de Luis Bárcenas", esa prórroga es improcedente "visto el actual estado de la causa".

Primer archivo en 2015

La investigación de los papeles de Bárcenas comenzó el 7 de marzo de 2013 a cargo del juez Pablo Ruz, que la cerró el 23 de marzo de 2015 sin ver otras presuntas responsabilidades penales que las derivadas de la financiación de la reforma de la sede del partido en la calle Génova con fondos de la caja B.

Este asunto, que ha llevado al banquillo a Bárcenas, al exgerente del partido Cristóbal Páez y a tres arquitectos de la empresa que hizo la obra, está en estos momentos pendiente de la sentencia de la Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional.

Pero Ruz archivó el caso para los 22 empresarios que aparecían como donantes del PP en las anotaciones de Luis Bárcenas, entre ellos el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el fundador del Grupo Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir; el constructor Alfonso García-Pozuelo; el exdirectivo de FCC José Mayor Oreja; o Manuel Contreras Caro, expresidente del Grupo Azvi.

El primer instructor del caso concluyó que no había indicios para relacionar esas presuntas donaciones y las adjudicaciones de contratos públicos, por lo que no había elementos para llevarles a juicio por un delito de cohecho.

Reapertura

Así permanecieron las cosas hasta que el segundo instructor de los papeles de Bárcenas, José de la Mata, reabrió las diligencias el 28 de febrero de 2017.

El juez atendió una propuesta de IU y Adade, que esgrimieron como hechos nuevos las declaraciones prestadas por Francisco Correa y García-Pozuelo en el juicio de la pieza principal del caso Gürtel.

Correa afirmó que, a propuesta de Bárcenas, intermedió con grandes empresas contratistas de la Administración para lograr adjudicaciones a favor de las mismas a cambio de comisiones que repartió con el extesorero y de donaciones que fueron para el PP.

El constructor García-Pozuelo, por su parte, admitió haber entregado donaciones destinadas a “organismos centrales”, en aparente referencia a los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente y al PP.

Tras la marcha de De la Mata, Pedraz ha profundizado en esa línea de investigación, solicitando los expedientes de contratación de 23 obras adjudicadas entre 2002 y 2004 -época del Gobierno de Aznar- al empresario Alfonso García Pozuelo.

También ha incorporado datos procedentes de la investigación del caso Kitchen que lleva el juez Manuel García-Castellón. Bárcenas no ha proporcionado a Pedraz información relevante escudándose en la operación parapolicial Kitchen, que presuntamente tuvo por objeto robarle documentación relacionada con la financiación ilegal del PP.

"A cambio de contactos"

El instructor ha señalado en varias resoluciones dictadas en las diligencias a las que ahora pone fin que "indiciariamente, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta [extesorero del PP ya fallecido], junto con Francisco Correa y otros, definieron e implementaron un sistema para obtener fondos ilícitamente para el Partido Popular y para ellos mismos, a cambio de movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos".

Según el juez, Bárcenas, Lapuerta y Correa "se pusieron de acuerdo con distintos empresarios para que realizaran estas entregas de fondos en efectivo en la sede del Partido Popular, en calidad de aparentes donaciones".

Los fondos se habrían entregado a cambio de que se les facilitaran contactos con los responsables políticos de los departamentos encargados de las adjudicaciones, "consiguiendo en ocasiones direccionar la adjudicación de los contratos, revistiendo el proceso de apariencia de legalidad pero vulnerando los principios generales de la contratación de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".

Pedraz cree haber llegado a determinar una "indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones desplegadas para entablar los contactos y las relaciones establecidas", según ha expuesto en sus resoluciones.