"Quieren amedrentar al juez": vocales del CGPJ salen en apoyo de García-Castellón frente a Podemos

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández consideran que hay una auténtica "campaña" contra el juez Manuel García-Castellón, orquestada tras elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada contra Pablo Iglesias, y sostienen que el CGPJ no debe esperar al resultado de la investigación policial en marcha sino condenar ya "enérgicamente" los ataques al instructor del caso Tándem.

Los tres vocales han formulado un voto discrepante del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ de "estar a resultas de la marcha de las investigaciones policiales abiertas" debido a la denuncia interpuesta por el propio García-Castellón, asi como aguardar al resultado de las diligencias abiertas por la Fiscalía de Criminalidad Informática.

García-Castellón puso en conocimiento del órgano de gobierno de los jueces el pasado 9 de octubre que se ha desencadenado una campaña en medios de comunicación y redes sociales, "amplificada" por los dirigentes de Podemos, "exclusivamente encaminada a desprestigiarme personal y profesionalmente".

Añadía que esa "premeditada" campaña se ha materializado en "amenazas directas contra mi integridad física e intromisiones ilegítimas contra el honor y la dignidad personal vertidas en redes sociales y dirigidas a constreñir de una forma grave e intolerable en un Estado de Derecho el ejercicio de la actividad profesional, y como ejemplo vivo de lo que puede suceder a quien tome decisiones no alineadas en un determinado sentido".

Fuentes el Consejo explicaron que, puesto que el propio magistrado afirma en su escrito que ha denunciado los hechos a las Fuerzas de Seguridad, lo procedente es esperar a conocer el resultado de la investigación policial.

Indicaron que es preciso saber si se trata de un ataque a un juez en redes sociales "como los que se han producido y se producen contra muchos otros miembros del Poder Judicial a propósito de determinadas decisiones que generan controversia" o de una "campaña orquestada" porque, en este segundo caso, la reacción debería ser contundente.

Para ello, añaden, hay que aguardar al resultado de las pesquisas policiales y que se determine si detrás de los mensajes contra García-Castellón hay una organización -política o de otro ámbito- o simplemente se deben a individuos particulares más o menos exaltados.

Los tres vocales discrepantes no ven necesario esperar al resultado de las pesquisas policiales y de la Fiscalía. Consideran que los hechos denunciados "no persiguen contribuir al debate público sobre una decisión judicial, sino amedrentar al juez y desprestigiar en su conjunto al Poder Judicial".

Creen, por ello que compete al CGPJ "hacer lo necesario en una sociedad democrática para proteger la reputación y mantener la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial".

Los políticos

"A quienes ejercen responsabilidades públicas y, especialmente a los representantes de los partidos políticos, siendo libres de expresar sus opiniones críticas sobre las resoluciones judiciales o sobre el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces, incumbe un deber de respeto hacia el Poder Judicial, por lo que no deben promover su deslegitimación y desprestigio, socavando la confianza de los ciudadanos en sus jueces", afirman.

El párrafo alude de forma implícita a las críticas de los dirigentes de Podemos al juez García-Castellón. Pablo Echenique recopiló comentarios contra el juez instructor recogidos de varios articulistas que le implican en una "maniobra orquestada para acabar con Pablo Iglesias y así con Podemos, hundir al Gobierno de coalición y tapar las cloacas mayores con el invento de una cloaca menor”. 

Rafael Mayoral escribió que "el juez quiere imputar a Pablo Iglesias por ser el responsable de un espionaje parapolicial a Pablo Iglesias para beneficiar electoralmente a Pablo Iglesias. De locos”. "Pasamos del escándalo al esperpento", dijo

Para los consejeros discrepantes, la Comisión Permanente "debió acordar comunicar el escrito del magistrado al Ministerio Fiscal, por si hubiera indicios de delito, y condenar enéricamente la campaña denunciada en tanto que constituye un ataque a la independencia judicial y cuestiona su autoridad".